La organización Artículo 19 publicó las “Pautas sobre libertad de expresión e información en el nuevo gobierno” para pronunciarse, nuevamente y como desde su llegada hace once años al país, por el derecho de todas las personas a informarse, expresarse y participar en la vida pública.
Dichas pautas están basadas en los más altos estándares internacionales de derechos humanos y se dan a conocer con el objetivo de establecer un diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como con los gobiernos locales, los distintos poderes y los organismos autónomos, a fin de inicia un “estado de libertades donde todas y todos podamos participar”.
“A pesar de la intencionada violencia por parte del Estado y de otros poderes fácticos para acotar el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales, la participación se ha incrementado y las voces se han multiplicado”, informa la organización en su documento.
Afirma que la sociedad mexicana se ha unido, logrando amalgamar las exigencias contra la impunidad y la corrupción en los organismos del Estado.
Periodismo contra el miedo, la violencia y la represión
“El gremio periodístico ha sido resistente al miedo y sobreviviente a los embates de violencia y represión en su contra. Hemos documentado como diversas expresiones y perfiles periodísticos han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por buscar ejercer su libertad informativa”, apunta.
Artículo 19 lamenta que en el país el avance democrático se haya visto truncado por sistemas viciados en los que los medios de comunicación sigan dependendiendo en gran medida del presupuesto de publicidad oficial. Afirma que esto solo consolida las relaciones de control estatal del ejercicio periodístico.
Afirma también que no será posible lograr “un cambio ético-político radical sin medios de comunicación críticos e independientes, que se conciban como contrapoder, como una herramienta para el combate a la desigualdad y la pobreza”.
En este sentido, apunta que la actual administración tiene la obligación de atender las necesidades de libertad de todos los mexicanos, y garantizar las libertades de expresión, información, participación política, asociación y reunión como derechos que permiten ejercer otros derechos y que cierran las brechas sociales.
“Vemos con indignación cómo la verdad y la memoria sobre hechos atroces cometidos en los últimos 50 años, incluida la absurda ‘guerra contra el narcotráfico’, han sido ocultados, negados, o tergiversados. También observamos un bloqueo de información de interés público a través de un mal uso de la protección de datos personales en archivos históricos”.
El organismo apela a que en el país se instaure un nuevo sistema democrático que proteja la justicia, la verdad y la memoria. Sin embargo, reconoce que para que la sociedad participe activamente, “se requiere de instituciones de gobierno transparentes y organismos autónomos que garanticen el pleno acceso a la información pública; y espacios de deliberación, manifestación y movilización pública libres de miedo y represión”.
Prevenir la violencia contra la prensa
De acuerdo con datos de Artículo 19, durante el 1° semestre de 2020, se documentaron 406 agresiones contra periodistas y medios: 45% más que el año pasado.
Frente a ello, la organización llama a garantizar la prevención de la violencia contra la prensa, de acuerdo con los criterios internacionales de la Opinión Consultiva oc 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) y recuperada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del periodista Edwin Canché.
“Esto evita limitar innecesariamente el alcance de los compromisos del Estado en garantizar el ejercicio periodístico y, por lo tanto, otorgar protección. También es necesario asegurar que las leyes nacionales no interfieran con la independencia de las y los periodistas”, apunta.
Asimismo, reitera que es obligación de los Estados asegurar que las leyes cumplan con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, poniendo particular atención en las leyes sobre seguridad nacional, orden público y antiterrorismo.
“El mal uso y el abuso de las leyes para evitar que los periodistas hagan su trabajo de forma independiente y sin interferencias o injerencias directas o indirectas debe cesar”.
La CNDH llama a asegurar los recursos económicos del fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Ante la preocupación por la propuesta legislativa de reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, y la extinción del fideicomiso limitaría la operatividad y capacidad de respuesta para implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren dichos recursos.
“Autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”, afirmó en un comunicado emitido el 30 de septiembre.
En el documento, la CNDH externa su preocupación por las repercusiones que dicha decisión podría tener en la protección de defensores y periodistas, principalmente en un contexto de violencia como el que enfrentan en nuestro país:
“Subraya que México se caracteriza por sus altos índices de violencia en contra de las personas defensoras, periodistas y comunicadores, quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública, sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción, cuyas agresiones ocurren en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizado”.
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