Límites democráticos al poder

En esta semana que termina hemos visto el renacimiento simbólico de algunos de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) más importantes de nuestro país. Primero, después de muchas semanas de aparente vasallaje o al menos alienación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, éste nos sorprendió ­–agradablemente– con sendas resoluciones sobre los polémicos registros de las candidaturas de Morena a los gobiernos estatales de Guerrero y Michoacán, a causa de su negativa a rendir cuentas.

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Luego de un absurdo vaivén entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral (INE), al fin los magistrados superaron las evidentes presiones a las que se vieron expuestos por parte de los caudillos de la 4T por vía de su propio presidente, y en votaciones contundentes –más aún que las emitidas por los consejeros del INE– establecieron que la ley es superior a cualquier interpretación “justiciera” e interesada. Se sentó un precedente que obligará a los actores políticos a tomarse en serio la fiscalización que ellos mismos definieron en la reforma política de 2014.

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Segundo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información presentó una controversia constitucional contra la atolondrada intención del gobierno federal de revivir el adefesio del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, que nos obligaría a los más de cien millones de usuarios a poner en manos de las corporaciones federales de investigación criminal nuestros datos personales y los biométricos. No es difícil sospechar el destino de este tipo de ocurrencias: las bases de datos terminarán en manos de los capos y en repositorios en el extranjero, incluso en Tepito. Al INE ya le han robado el padrón electoral en tres ocasiones previas, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos datos si no se garantiza la probidad en su manejo.

Pocas semanas antes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había interpuesto una controversia constitucional contra varios artículos de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que buscan reconstruir el obsoleto monopolio estatal de la Comisión Nacional de Electricidad. El OCA aspira defender la competencia en beneficio de los consumidores de electricidad, que seguimos secuestrados por la ideología nacionalista revolucionaria de 1960.

Además de los casos anteriores, otros organismos autónomos han establecido límites legales a las ocurrencias de los caciques de la 4T: el Banco de México, el INEGI, el IFT y el Coneval. La CNDH está capturada por el oficialismo. Pero en general los OCA mantienen dignamente su papel de dique contra el abuso del poder autoritario.

Por ello es lamentable que, en lugar de aceptar con actitud republicana los límites al poder de la actual –y eventual– mayoría, el presidente de la república anuncie: “Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa […] para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó —bueno, ogro, sin la filantropía— que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto”.

Ganar una elección, por el margen que sea, no significa un cheque en blanco para imponer decisiones que contravienen el orden constitucional y legar vigente. La actual élite del poder quiere sustentar su legitimidad en su opción por una fantasmal “justicia”, que se sobrepone a la ley. Pero se olvida que el concepto “justicia” es relativo, y que debe ser definido a partir de procesos legislativos que generarán leyes en las que, de manera democrática, el cuerpo social establece los parámetros de la justicia.

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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. 

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