Al momento de escribir este texto, el reporte en torno al proceso electoral podría asumirse sin mayores novedades en lo que respecta a la instalación de casillas y una importante participación ciudadana en las urnas. En ese sentido, es pertinente subrayar que son las y los ciudadanos los responsables de ser funcionarios de casillas, lo cual ha contribuido, desde hace muchos años, a darnos certidumbre a todas y todos, de que los votos cuentan y se cuentan.
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Lo anterior implica dos cuestiones relevantes: la primera, que la esencia de la democracia radica en la disposición de la ciudadanía a actuar mayoritariamente en el marco de la institucionalidad y la Ley; pues si algo permite que podamos salir a votar, es precisamente un marco de normalidad democrática -que sin duda debe mejorarse-, pero que garantiza la participación plural del electorado.
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La segunda, que la actitud cívica de la ciudadanía, independientemente del resultado de la elección, es un poderoso mensaje a los partidos políticos mediante el cual se les exige explícitamente que actúen en el mismo sentido que el electorado: de manera cívica, es decir, con la disposición a actuar con base en una racionalidad que permita conciliar y construir las mejores decisiones para todas y todos.
México está ante una elección que representa una enorme oportunidad para construir nuevas reglas y también nuevos puentes de diálogo. En efecto, el hecho de que habrán de elegirse toda la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 1,063 curules locales, 1,923 presidencias municipales, además de 321 presidencias mediante sistemas normativos de los pueblos originarios, debe ser leído como la gran oportunidad para que, con base en el reconocimiento de la enorme pluralidad política, iniciemos un proceso de reconciliación y acción compartida para conducir a México hacia un nuevo Estado de bienestar y derechos humanos.
La nueva Legislatura debe retomar el mandato constitucional para ejercer su vocación parlamentaria; y debe convertirse en un auténtico espacio de representación popular; pues la legitimidad que les enviste no se agota en el momento del fallo del tribunal Electoral sobre la legalidad de las elecciones, sino que es sólo el punto de partida para una nueva reflexión colectiva sobre cómo resolver los problemas estructurales que prevalecen en todo el territorio nacional.
No debe dejar de mencionarse que más de 90 personas que eran candidatas o candidatos fueron asesinadas durante el proceso electoral; que más de 100 resultaron heridas y que es incontable la cantidad de quienes recibieron amenazas, intentos de extorsión o agresiones; pero que esto no va a detenerse sólo porque ya se llevó a cabo la elección. La amenaza y la embestida de los criminales seguirá presente y por ello debe haber un diagnóstico preciso del Estado respecto de cuáles son los municipios y regiones con mayores debilidades y riesgos -de todo tipo y naturaleza-, y a partir de ello desarrollar una acción concertada y basada en el consenso sobre las prioridades más urgentes del país.
Las nuevas autoridades no llegan sólo a “nuevos cargos”; lo hacen en un contexto aún pandémico, que ha tenido severos y muy graves impactos que profundizaron la pobreza y las desigualdades. Así que lo primero es evitar el ánimo pretendidamente festivo, ante “la fiesta de la democracia” y otros logares comunes y vacíos; y, por el contrario, poner en marcha un proceso de conciliación que genere los consensos que se requieren para sacar a México de la pobreza, la marginación y las enormes brechas que nos dividen y confrontan.
México merece otra realidad; merece representantes comprometidos con lo derechos humanos; con el bienestar; con la justicia social y con la posibilidad de un futuro abierto de esperanza en que, de una vez por todas, llegaremos a ser el país que merecemos ser.
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Investigador del PUED-UNAM
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