por Arturo Cervantes
México, al igual que otros países del mundo “principalmente de ingresos bajos y medios”, enfrenta una crisis de salud pública como consecuencia de las lesiones generadas por la inseguridad vial; de hecho, conforme al Primer informe de la situación mundial de la seguridad vial, nuestro país se encuentra entre los 10 países que concentran el 62% de las muertes por lesiones de tránsito (OMS, 2009)
Las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte y la primera entre jóvenes de 15 a 29 años. Cada año mueren en todo el mundo aproximadamente 1.24 millones de personas. Las tendencias actuales indican que, si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán, en 2030, en la quinta causa de muerte (OMS, 2013).
Las víctimas de accidentes de tránsito son en su mayoría personas en plenitud de la vida. Ellos mueren cuando son económicamente más productivos o bien cuando están iniciando la formación de sus familias, lo que evidentemente representa un devastador impacto en la estabilidad económica y emocional de las familias y de la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, en nuestro país los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte con 16,615 defunciones y una tasa de 14.4 por 100 mil habitantes, siendo los jóvenes de entre 15 y 29 años la población más afectada. No obstante lo anterior, se sabe que la principal causa de muerte en niños entre 5 y 14 años sigue siendo la de accidentes de tránsito, ya sea por atropellamiento o porque los niños no viajan seguros en una silla portainfante (Cifras 2011. STCONAPRA, 2012 ) (Ver cuadro “Principales causas de muerte en México por grupo de edad”).
Las lesiones de tránsito son también la segunda causa de orfandad infantil en el país. El 80% de los muertos son jefes de familia de entre 15 y 64 años de edad. Los datos señalan que, de cada 10 víctimas, ocho son hombres y se estima que el 30% del peso de la enfermedad en hombres, en México, es producido por este tipo de lesiones.
Tan sólo en 2011 se registraron más de 162 mil heridos por accidentes y 412,087 accidentes. Algunos estudios indican que en México por cada muerte ocurrida en accidentes de tráfico, hay otras 45 personas que requieren de hospitalización por lesiones diversas de gravedad, muchas veces con secuelas de discapacidad temporal o permanente. Además, por cada muerto en accidente de tránsito, se estima que puede haber entre 1,000 y 1,500 lesionados con algún tipo de heridos que requieren de atención médica.
Actualmente, seis entidades federativas concentran el 51% de la totalidad de los siniestros: Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México y Distrito Federal.
Si bien las cifras oficiales que se han señalado son alarmantes, es importante reconocer que muchos de los sistemas de recolección de información que se utilizan en el país presentan problemas de oportunidad, cobertura y consistencia, por lo que el mejoramiento de los datos sobre seguridad vial representa un reto a resolver en el corto plazo.
Son muchos los riesgos que debe asumir día a día la población mexicana para trasladarse: ya sea para ir y venir de la escuela, como parte de un trabajo o con fines recreativos, es decir, para cualquier actividad que requiera movilizarse como conductor, pasajero o peatón, y las consecuencias, en caso de sufrir lesiones en un accidente, son muy variables, pero siempre muy dolorosas. Las secuelas resultado de la muerte o la discapacidad de los accidentes de tránsito requieren del apoyo psicológico para los sobrevivientes y para sus familiares, situación que no siempre se logra debido a la falta de programas para este tipo de atención o, en su caso, debido al alto costo que dichas atenciones pudieran generar.
Los costos generados por los accidentes de tránsito impactan a la economía de las familias e inhiben el crecimiento económico del país. Recientes estimaciones reflejan que México pierde cada año alrededor del 1.7% del PIB, equivalente a 150 mil millones de pesos, por pérdida de productividad, daños materiales y costos de atención médica y hospitalaria.
Causas que dificultan la reducción de los accidentes
La epidemia de lesiones de tránsito en México tiene un origen multifactorial y su atención requiere de una política pública que incluya intervenciones sobre los determinantes sociales, económicos, culturales y políticos relacionados con su ocurrencia. Considerando lo anterior, es importante señalar algunos de los principales aspectos que deben tomarse en cuenta al analizar la situación y retos del país para el mejoramiento de la seguridad vial.
Desde 2006, el número de mexicanos ha aumentado en 6.7%, pasando de 108 millones a 115.6 millones de personas (CONAPO, 2012), y si a ello sumamos que el 75% de toda la población se concentra en zonas urbanas (INEGI, 2012), tenemos como resultado una alta interacción entre personas y vehículos, lo que se refleja en el hecho de que el 94% de todos los accidentes de tránsito se concentran en las zonas urbanas del país.
Por otra parte, el número de vehículos que circulan legalmente en el país ha aumentado 33.5% en los últimos seis años, esto significa que aumentó de 24.9 millones a 33.2 millones, sin considerar los vehículos que transitan de manera ilegal, los cuales representan verdaderos ataúdes rodantes, dadas las pésimas condiciones en que se encuentran circulando. En términos porcentuales, entre los diferentes tipos de vehículos, el mayor aumento ocurrió en motocicletas pasando de 722,309 a 1,310,397 en el mismo periodo de tiempo.
La vigilancia y monitoreo de la seguridad vial es imprescindible para contar con los datos necesarios y suficientes para el diseño de intervenciones y toma de decisiones; sin embargo, persisten situaciones como la centralización de la información por los organismos que la generan; una clasificación y registro de datos deficientes (ya que se estima que alrededor del 17% de las lesiones no se codifica adecuadamente); y el uso de la información de carácter cuantitativo como mero registro administrativo, sin explotar los aspectos cualitativos que puede generar; entre otros.
La existencia de un marco jurídico estandarizado y su correcta aplicación es una condición indispensable para abatir la inseguridad vial. Sólo 28 países, que cubren el 7% de la población mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en los cinco principales factores de riesgo: alcohol; exceso de velocidad; no usar cascos de motocicleta; cinturones de seguridad; y sistemas de retención infantil. En México, la legislación vigente es limitada y carece de procedimientos estandarizados a nivel federal, estatal y municipal que garanticen su vigilancia y correcta aplicación, por lo que en muchas ocasiones queda como “letra muerta”.
No obstante la magnitud e impacto que generan las lesiones como consecuencia de la inseguridad vial, de manera paradójica aún no ha permeado entre autoridades —tanto tomadoras de decisiones como operativas— de los tres niveles de gobierno la necesidad de implementar programas integrales y multisectoriales, en donde el aseguramiento de una política de movilidad y el mejoramiento de la seguridad vial contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Al respecto, sería injusto no reconocer el esfuerzo y compromiso de diversas autoridades que han apoyado e impulsado la creación de una política pública en materia de seguridad vial, como queda asentado en los documentos que se señalan en el cuadro “Documentos clave de la política pública de seguridad vial en México”.
De la misma manera en que muchas autoridades aún no han reconocido la importancia de su involucramiento o no han asumido un papel activo en un tema que debiese ser prioritario por todas sus implicaciones, la sociedad mexicana continúa apática ante una realidad que diariamente cobra la vida de 45 personas, familiares, amigos, conocidos, quienes mueren de manera violenta, y cuya muerte pudo haber sido prevenida.
La participación ciudadana es clave para destruir el paradigma de que los accidentes, las lesiones y las muertes de tránsito suceden al azar, de manera fortuita o como resultado de un “castigo divino”, cuando la evidencia señala que nueve de cada 10 accidentes se pudieron haber prevenido. Es necesario que la sociedad asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia, de manera coordinada con autoridades y el resto de actores involucrados.
La experiencia internacional ha demostrado que el incremento de accidentes de tráfico está fuertemente asociado a condiciones estructurales y a los procesos de urbanización. Esto lo convierte en un problema complejo que no puede ser explicado a través de una relación causa-efecto. Es así que orientar los esfuerzos sobre un aspecto aislado del problema o varios de ellos en forma independiente ha arrojado resultados insuficientes y efímeros.
Tradicionalmente, las acciones que se realizan para el mejoramiento de la seguridad vial se llevan a cabo de manera fragmentada y desarticulada, por ello es fundamental que los actores estratégicos compartan la misma visión, y que cada uno de ellos, desde su propio ámbito de competencia, se sumen al compromiso hecho por México para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, relativo a disminuir en 50% las muertes y lesiones por accidentes de tránsito.
Con el propósito de fomentar el desarrollo de una política multisectorial de largo plazo en seguridad vial, a partir de 2008 la Secretaría de Salud asumió un papel de liderazgo para reducir la elevada carga en salud que significan las muertes y lesiones por esta causa, a través de la implementación de la denominada Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI).
IMESEVI es un modelo de intervención basado en evidencia científica con un enfoque integral y un abordaje multisectorial, a través del desarrollo de acciones efectivas y probadas en los diversos factores de riesgo: no utilización de cinturón de seguridad, de sistema de retención infantil (SRI) y de cascos en motociclistas; así como la conducción bajo efectos del alcohol, conducción a exceso de velocidad, conductas de riesgo de peatones y uso de distractores mientras se conduce.
En este sentido, la implementación del modelo IMESEVI es uno de los logros más relevantes, ya que ha permitido desarrollar acciones como parte de las intervenciones en cada uno de los componentes que conforman la Iniciativa y, principalmente, establecer sinergias con los principales actores de los tres niveles de gobierno, lo que garantiza un mayor alcance de las acciones, así como la posibilidad de obtener mejores resultados en el corto y mediano plazo.
Resultados
Aun cuando hubo un incremento de 33.5% del parque vehicular y del 6.7% de población entre 2006 y 2011, los principales indicadores de resultados en seguridad vial muestran importantes resultados a la baja y reflejan una contención de la tendencia a la alza de muertes que se venía presentando en años anteriores.
Con base en los datos oficiales (SEED, 2011) los muertos por accidentes de tránsito han bajado 0.9% en los últimos seis años, lo cual representa 154 personas menos que en 2006. Entre la población joven (15 y 29 años de edad) se observa también un pico máximo en 2009 de 5,927 muertos por accidentes de tránsito, posteriormente la curva desciende y se estabiliza logrando una reducción de 8.3% en 2011, mientras que en niños de 5 a 14 años se ha logrado una reducción de 20.3% en el número de niños muertos.
En cuanto a los peatones, también hubo una reducción desde 2006 de 6.7%, esto representa la vida de 352 personas con respecto a 2011. En los usuarios de motocicleta es donde se han presentado datos negativos, debido a que, en comparación con 2006, hay 78.7% más muertos en este tipo de vehículos, 23.2% más accidentes y 17% más heridos.
La cifra de heridos por accidentes asciende a 162,029 en 2011; este número representa 11.2% menos que lo registrado en 2006.
En las vialidades urbanas del país se han reducido el número de personas con lesiones no fatales en 9.1%, lo cual representa 13,605 casos. En las carreteras federales también existe un decremento del 14%. Con base en las intervenciones a nivel nacional, se ha logrado reducir el número de accidentes en 17.6% desde 2006, esto representa 88,135 casos menos.
Principales retos
Si bien es cierto que México ha iniciado el camino hacia el mejoramiento de la seguridad vial, existen condiciones de diversa índole que se deben atender de manera inmediata para garantizar procesos y resultados de manera permanente como, por ejemplo, vincular intervenciones propias de la seguridad vial a la intervenciones de prevención de la violencia y el delito; contar con un organismo nacional de seguridad vial y con una ley de movilidad y seguridad vial; entre otros.
Los datos antes señalados reflejan el trabajo realizado por las autoridades, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y medios de comunicación, entre otros, a nivel federal, estatal y municipal, y demuestran que si existe la voluntad y se realizan acciones conjuntas es posible abatir las cifras que generan las lesiones de causa externa no intencionales.
Es cierto que aún falta un camino muy largo, pero México ha iniciado su marcha para mejorar la seguridad vial y, sin duda, lo ha hecho por el rumbo correcto. La imagen “8 acciones y una meta: la Seguridad Vial” muestra las principales acciones que deben ser fortalecidas en algunos estados, e iniciadas en otros, para garantizar el mejoramiento de la seguridad vial en nuestro país y alcanzar la meta de reducción de muertes en 50% para el año 2020.•
