Los impactos de un voto

Votar es, esencialmente, elegir entre candidaturas, entre personas y en segundo lugar, entre partidos. Esta es la percepción social predominante sobre lo que supone dar el voto en las democracias actuales. La atención mayoritaria a las y los candidatos en una elección, por encima de partidos, ideas o argumentos, proviene, por un lado, del agudizado proceso de personalización de la política, que lleva ya décadas, y por otro, de la percepción de la competencia electoral como una “carrera de caballos”, como un espectáculo público, casi un performance.

Puedes seguir al autor Roberto Castellanos[1] en Twitter: @robcastellanos

Una consecuencia de estos procesos sociales y políticos es que la atención en el voto ciudadano tiende a agotarse en los linderos de la opción política individual que cada ciudadano elige frente a una boleta: el o la candidata de su elección. Pero el voto tiene muchos más impactos que este. Cuando la ciudadanía vota por una opción electoral está tomando no una, sino varias decisiones de forma simultánea. ¿Cuáles son estas decisiones? Va una lista mínima.

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1. Se decide un o una representante (de mayoría relativa).

Una de las primeras decisiones que supone votar es elegir a la persona que queremos que nos represente en una posición de poder público, y que este 6 de junio serán 500 diputaciones federales y 19,915 cargos a nivel local en todo el país. Esta es la decisión más visible y evidente cuando ejercemos nuestro voto. Decidimos sobre la base de la persona y su trayectoria, su vinculación con el partido que la postula, a menos que sea apartidista, y cuando es posible (pocas veces), tomamos en cuenta sus ideas y posiciones ideológicas o políticas.

Sobre esta decisión conviene revisar dos portales para saber sobre las y los candidatos algo más que la propaganda en medios y redes sociales: el del INE sobre candidaturas a diputaciones federales y el de la iniciativa #3de3, sobre las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de las y los aspirantes (que la fecha de publicación de este texto, por cierto, solo registra, penosamente, las declaraciones de dos aspirantes, ambas mujeres, del PRD).

2. Elegimos un partido.

De la mano de la decisión sobre la persona que queremos que sea nuestro representante, también decidimos sobre el partido o partidos que la postulan, a menos que sea candidatura sin partido. La decisión no es menor porque cuando varios partidos, en coalición, postulan a una persona, la ciudadanía pude elegir por qué partido o partidos decantar su voto, lo que tendrá efectos en el cómputo de la votación por partidos.

Para esta decisión, lo idóneo sería tener al menos una idea de qué propone cada uno, cuál es su ideología política, su programa y agenda legislativa. Han quedado casi en el abandono y la insignificancia, pero las plataformas electorales de los partidos son para eso, para conocer la ideología y posturas políticas de los partidos. Y si no son del todo útiles para decidir al momento de votar, las plataformas pueden ser herramientas para la rendición de cuentas: para exigir el cumplimiento de una política pública o de una postura ideológica, una vez que el partido y su candidato alcancen el cargo para el que fueron electos. Las plataformas electorales de los partidos se pueden consultar aquí.

3. Elegimos otras diputaciones, de representación proporcional.

Cuando se vota por una candidatura y partido, ese voto se suma al de otros ciudadanos para distribuir 200 diputaciones entre todos los partidos contendientes que hayan alcanzado 3% o más de la votación, en función de la proporción de votos obtenidos en la elección, de ahí su denominación de “representación proporcional” (RP). Esta es una decisión fundamental de la que todo ciudadano debería estar más consciente, porque en muchos sentidos en ella radica el corazón de una democracia representativa. El INE aprobó un mecanismo para asignar curules por el principio de RP, para que ningún partido tenga una “sobre-representación” que supere el límite de 8% que establece la Constitución. Las candidaturas de RP se pueden consultar en el portal del INE sobre candidaturas.

4. Decidimos sobre el financiamiento público a los partidos.

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el financiamiento público de los partidos, que constituye la proporción mayoritaria de los recursos de que disponen, se distribuye con dos criterios, el 30% de forma igualitaria entre todos los partidos y el 70% en función del porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior. En otras palabras, cuando voto por una candidatura y partido, también estoy decidiendo que a ese partido se le garanticen recursos para el siguiente año y la siguiente elección. ¿Cuánto dinero? Eso dependerá del porcentaje de personas que hayan votado por cada partido. Sobre el financiamiento, ingresos y gastos de campaña en esta elección (y en anteriores), vale la pena visitar el sitio de fiscalización del INE.

5. Decidimos sobre los tiempos de propaganda en radio y televisión destinados a los partidos.

El artículo 41 de la Constitución también señala que los partidos y candidaturas independientes tienen derecho al uso de los medios de comunicación social para transmitir su mensaje y propaganda política. La clave, como votante, es que esos tiempos se distribuyen entre partidos con dos criterios: 30% de forma igualitaria entre todos y 70% a partir del porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior. Votar por un partido es entonces una decisión para permitirle que en los años subsecuentes siga gozando de acceso a tiempos en radio y televisión para transmitir sus mensajes y propaganda.

En suma, la idea de que el voto supone, básicamente, elegir a una persona como representante es correcta pero muy incompleta. Votar es decidir en muchos frentes y sobre varios temas. El voto es multidimensional en sus implicaciones como decisión política. Por eso, más nos conviene elegir con cuidado y darle el sentido correcto a nuestro voto.

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[1] Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y asesor de la Presidencia del Consejo General del INE.