Los últimos resultados oficiales de la pobreza multidimensional, dados a conocer por el CONEVAL en 2023, registraron una fuerte caída en la prevalencia de la pobreza multidimensional en 2022. Si se hace caso omiso de la cifra de pobreza en 2020, año de pandemia, y se compara con la prevalencia de la pobreza en 2018, la caída fue de 5.6 puntos porcentuales (p.p.); se redujo de 41.9 por ciento en 2018 a 36.3 por ciento en 2022, este abatimiento en el porcentaje de población en condiciones de pobreza significó una reducción de 5.6 millones de personas. Sin embargo, la pobreza extrema prácticamente no se movió. Esto quiere decir que la reducción de la pobreza se originó en la caída de la pobreza moderada, en efecto, ésta se redujo de 34.9 por ciento en 2018 a 29.3 en 2022, es decir, 5.6 p.p. que equivalen a 5.5 millones de personas fuera de la pobreza moderada, por el contrario, entre ambos años el volumen de personas en pobreza extrema aumentó en 400,000.
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La intensidad de la reducción de la pobreza atrajo la atención de los analistas. Muy pronto aparecieron artículos en los periódicos, así como en espacios dedicados a la pobreza en los medios masivos de comunicación, en la gran mayoría de los casos la preocupación principal se concentró en explicar las “razones” a que obedecían dichos resultados. En general, se argumentó que la caída en la pobreza multidimensional en el año 2022 con respecto a 2018 ó 2020, se debió al alza en los salarios mínimos, a las transferencias de ingreso vehiculizadas por los programas sociales y a las remesas provenientes del exterior.
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Si se toma en cuenta que el concepto de pobreza multidimensional es la resultante de la consideración simultánea del ámbito del bienestar, en que la carencia de ingreso ya sea para adquirir la canasta alimentaria (pobreza extrema por ingreso) o la canasta completa (pobreza por ingreso)[1] y del ámbito de los derechos sociales, medido por el rezago educativo, la carencia de acceso a la salud, la carencia de acceso a la seguridad social, espacio y calidad de la vivienda, servicios de la vivienda y acceso a la alimentación; llama la atención que las explicaciones que dan cuenta de la reducción observada en la medición de la pobreza se limiten únicamente a la dimensión económica y hagan caso omiso del dominio de los derechos sociales.
Las explicaciones a la caída de la pobreza multidimensional se enfocan en la reducción de la pobreza por ingresos, que en las publicaciones de CONEVAL se identifican con las etiquetas “población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos” y “población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso”.
Ahora bien, la pobreza por ingreso resulta de comparar el ingreso corriente total per cápita de cada hogar[2] con las líneas de pobreza alimentaria y de pobreza total. El ingreso corriente total de los hogares en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) no es una “variable” simple. Da cuenta de las percepciones de los miembros de los hogares durante los últimos seis meses previos a la fecha de la entrevista. Un mismo hogar puede formar su presupuesto con entradas provenientes de distintas fuentes, algunas personas pueden percibir remuneraciones por desempeñar un trabajo dependiente (para un patrón), pero otros pueden generar ingresos por trabajo autónomo como, por ejemplo, por la práctica de una profesión liberal (abogados, médicos, etc.), un oficio (plomero, electricista, etc.) o la explotación de un negocio propio (microempresario); también habrá miembros de los hogares que perciban rentas de la propiedad ya sea por arrendamiento de algún inmueble o bien porque poseen inversiones financieras. Pero no son éstas las únicas fuentes que proporcionan recursos económicos a los grupos domésticos, pues algunas personas del hogar pueden recibir jubilaciones o pensiones del variado sistema de seguridad social existente en el país (IMSS, IISSTE, PEMEX, EJÉRCITO, etc.), y también el hogar se puede nutrir de los recursos de algunos de los múltiples programas sociales que forman parte de la política social, o bien de las remesas que envían los familiares del exterior. A todo lo anterior hay que agregar las imputaciones que provienen de los denominados ingresos no monetarios como, por ejemplo, la valoración de la renta imputada por habitar una vivienda propia, o de las remuneraciones pagadas en especie, de los regalos no monetarios o del autoconsumo, es decir, una imputación a valor de mercado de la producción doméstica dedicada al consumo del hogar.
La diversidad de fuentes de ingreso suele agruparse en remuneraciones del trabajo, ingresos por la explotación de negocios propios, rentas de la propiedad, transferencias, otros ingresos e ingresos no monetario. La suma de las remuneraciones del trabajo y de las entradas percibidas por la explotación de los negocios propios suelen denominarse ingreso laboral. Además, en el rubro transferencias se pueden separar los ingresos recibidos de los programas sociales y las remesas del exterior, quedando únicamente las jubilaciones y pensiones y las becas que no pertenecen a los programas sociales.
La información disponible bienalmente sobre los ingresos entre 2016 y 2022 muestra que las remuneraciones del trabajo y el ingreso por la explotación de los negocios propios (ingresos laborales) varían entre el 75 y el 80 por ciento del ingreso corriente total de los hogares mexicanos. Las transferencias (excluidas la de programas sociales y las remesas) y el ingreso no monetario suman alrededor de 15 al 18 por ciento. De modo que los ingresos laborales y las transferencias (excluidas las de programas sociales y remesas) forman más del 90 por ciento de los ingresos corriente de los hogares. Las remesas del exterior pesan alrededor del 1 por ciento y los programas sociales entre 2 y 3 por ciento. De acuerdo con la composición del ingreso corriente total, las explicaciones de las fluctuaciones en la pobreza deben buscarse más bien en el comportamiento de los ingresos laborales, sin desconocer que tanto los programas sociales como las remesas han tenido avances importantes en los últimos años.
El aumento en el ingreso laboral, principal factor en el abatimiento de la pobreza entre 2018 y 2022, descansaría en el hecho de que los salarios mínimos empezaron a crecer a partir de 2016 fecha en que inició su recuperación después de años en que estuvieron contraídos, incremento que se aceleró a partir de 2018. Lo interesante es que a pesar de que el salario mínimo es una disposición legal, aplicable al trabajo formal, también se observaron incrementos en los pagos al trabajo registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que incluye a ocupados formales e informales, así como el propio crecimiento de las retribuciones al trabajo en la ENIGH que no distingue si provienen de trabajos formales o informales. Pero, los ingresos laborales también son la principal fuente que ha motivado la caída en la desigualdad en la distribución del ingreso. En consecuencia, el aumento de los pagos al trabajo, observado en la pre y post pandemia, tiene un doble efecto sobre la pobreza: la reduce porque los hogares ven aumentados sus recursos económicos y porque dicho aumento tiende a favorecer más a los hogares con economías más débiles.
Esta explicación referida a la caída de la pobreza post pandemia originada en aumentos y una distribución más equitativa de los ingresos laborales, deja en el campo de la investigación identificar los mecanismos que hacen que el aumento en los salarios mínimos, categoría estrictamente legal, traspase las fronteras sociales y conlleve a aumentos en los ingresos laborales en el sector informal y de los trabajadores del sector formal cuyo pago no está atado a los cambios en el salario mínimo.
Una explicación frecuentemente usada para dar cuenta de cómo el alza en los salarios mínimos permea a la sociedad es el denominado “efecto faro”, que se basa en la interconexión de los mercados de modo que los aumentos salariales del sector formal se trasladan a las actividades desarrolladas en el sector informal. Pero también existe la hipótesis de que los aumentos de los ingresos de los trabajadores del sector formal ejercen mayor demanda sobre los bienes y servicios producidos por el sector informal, que al ser un sector donde prevalece la competencia, tiende a producir aumentos de precios en los bienes y servicios ofrecidos y en las ganancias de los pequeños productores informales.
Ambas hipótesis proporcionan explicaciones coherentes acerca de la transmisión del efecto de los aumentos de los salarios mínimos a todos los agentes, aunque no sean parte del sector formal, sin embargo, por ahora, no dejan de ser hipótesis que delinean un tema de investigación que debe ser sometido a evaluación empírica.
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[1] La canasta completa incluye, además de los alimentos, el gasto en transporte, vivienda, educación, salud, en síntesis, el valor de los recursos que son necesarios para desplegar la vida cotidiana, cuya insatisfacción conduce a la pobreza por ingreso.
[2] Ajustado por economías de escala y adultos equivalente.
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