El presidente Andrés Manuel López Obrador ostenta un poder democrático sin precedentes en la historia reciente del país, y lo usa sin límites, con todo derecho, como base de sus principales decisiones, tanto políticas como presupuestales y administrativas.
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Este estilo personal de gobernar tiene enormes ventajas para el actual titular del Ejecutivo: le permite conducir la agenda política del país; mantener altos niveles de aceptación y popularidad, y con ello, también garantizar condiciones de gobernabilidad de las que no disponía ninguno de sus antecesores más recientes.
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Sin embargo, este modelo también tiene límites e implica riesgos importantes. Así se observó en el bloqueo de las y los maestros de la CNTE en el estado de Chiapas, mediante el cual se le impidió, durante aproximadamente dos horas, avanzar al vehículo donde viajaba el presidente de la República.
Debe reconocerse que la actitud de López Obrador fue de templanza y mesura. Que cabía totalmente el llamado a respetar a la investidura presidencial, y, sobre todo, a serenar los ánimos para evitar caer, en lo que él mismo denominó, en el intento de chantaje de las y los manifestantes del magisterio.
Lo ocurrido en Chiapas es también resultado del propio estilo de gobernar desplegado en estos tres primeros años de gobierno, pues al haber concentrado todos los temas y todas las agendas en el Palacio Nacional, las y los secretarios del Gabinete son vistos por diferentes grupos sociales y políticos como meros apéndices del Ejecutivo, pero no como actores políticos con capacidad de decisión, y con la legitimidad y representatividad suficientes para entablar el diálogo y buscar acuerdos y compromisos de gobierno.
En lo político, la estrategia gubernamental tiene, como ya se dijo, muchas ventajas; pero en lo técnico y administrativo comienza a mostrar su agotamiento y límites pues, al parecer, la capacidad de decisión de las y los secretarios es sumamente limitada; y dada la intensidad de la agenda presidencial, lleva a la definición de prioridades que conducen a la incapacidad de atender integralmente los problemas que, en lo cotidiano, deben atenderse y resolverse en el ejercicio del gobierno.
Asociado a lo anterior, otro de los límites que comienzan a ser evidentes respecto de este estilo de presidencialismo -de verdad inédito en el país por su fundamento democrático-, es la propia magnitud territorial y demográfica de México. Es decir, en una nación de más de 127 millones de habitantes, de dos millones de kilómetros cuadrados; y con la magnitud de los problemas históricos y recientes que enfrentamos, es imposible que una sola persona concentre todas las decisiones -las prioritarias y que no lo son-, y que disponga de la información y conocimiento necesario para diagnosticar, evaluar opciones y decidir.
Desde esta perspectiva, la estructura y mandato constitucional en todo lo relativo a la estructura y funciones del gobierno, establecen la corresponsabilidad de las y los secretarios del Gabinete en la toma de decisiones; y cabe decir que este esquema es para aligerar el peso de la responsabilidad del Ejecutivo, pero no al revés.
Lo anterior significa que los equipos de trabajo en las Secretarías de Estado tienen la más alta responsabilidad en el acompañamiento de la reflexión y toma de decisiones presidenciales. Sin embargo, lo que se percibe públicamente es una semi parálisis del aparato público que ha llevado a que sólo se operen los programas prioritarios del Presidente, pero ello no alcanza para sustentar con hechos la pretendida cuarta transformación del país.
No se ha conseguido una adecuada transición del sistema de salud basado en el Seguro Popular al nuevo esquema del INSABI; y por lo que se documentó en el Censo y en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2020, hoy los hogares mexicanos tienen menor cobertura de salud que en 2018.
En materia de seguridad pública, la creación de la Guardia Nacional y la modificación de la estrategia de seguridad pública no se han traducido en la reducción significativa del número de homicidios dolosos, pero tampoco en las otras violencias, sobre todo la intrafamiliar y sexual.
En materia económica, a pesar de los signos de recuperación, al cerrar el 2021 el país estará aún lejos de los niveles económicos registrados en 2018, respecto de a cual, en 2019 se tuvo un crecimiento negativo y en 2020 la más grande caída del producto interno registrada en la historia.
La medición de la pobreza indica que el otro gran objetivo del gobierno, cifrado en el tema de, “por el bien de México, primero los pobres”, debe significar no sólo dar prioridad a su atención, sino sobre todo modificar sus condiciones de vida, y reducir la vulnerabilidad para que evitar en futuras y eventuales nuevas crisis, las personas no caigan de nuevo en los niveles de mera supervivencia que hoy se encuentran con el apoyo, en el mejor de los casos, de los programas públicos.
Lo que se observa es un gabinete que no trabaja de forma coordinada; lo esperable de esta administración era que todo el gobierno estuviese presente en las zonas de mayor pobreza, marginación y carencias, interviniendo de forma articulada, y generando lógicas virtuosas en los efectos de los programas y acciones sociales.
Como pocas veces en la historia reciente del país, se observa una cada vez mayor distancia entre la dinámica y lógica estrictamente político-electoral, y la acción gubernamental y administrativa; lo cual se refleja igualmente en una muy frágil coordinación con entidades y municipios, lo cual fragmenta las acciones y pulveriza los efectos de la intervención pública.
Por otro lado, el estilo personal del presidente López Obrador, relativo a la entrega directa de apoyos, también ha erosionado a la participación y organización social; pues si bien existían organizaciones que eran poco transparentes en sus acciones, las había, por miles, que realizaban un trabajo de suma relevancia en la generación de capital social, integración comunitaria y producción y comercialización de productos que dinamizaban o generaban al menos niveles de subsistencia básicos para las localidades donde trabajaban.
A la mitad de su mandato, el presidente, debería llevar a cabo una reflexión crítica de la forma en cómo opera su gobierno, y llevar a cabo los ajustes para que el gobierno opere de una manera mucho más eficiente y eficaz.
Hay quienes sostienen que al presidente le quedan ya solo tres años de gobierno; pero antes bien, habría que pensar subrayadamente que todavía tiene 36 meses para impulsar una nueva lógica de gobierno, que corrija las evidentes deficiencias de su administración; y que apuntalen a una estructura del Estado capaz de garantizar que, aún después de este gobierno, la prioridad nacional siga siendo erradicar la pobreza, atemperar las desigualdades, erradicar la corrupción, y pacificar y reconciliar al país.
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