Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2008-2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), permiten sostener que seguimos siendo un país inapropiado para la niñez y al mismo tiempo un país que ha dejado al margen de las oportunidades de bienestar a los pueblos y comunidades indígenas y de localidades rurales.
Sin lugar a dudas, la pobreza en este país tiene rostro indígena y de niñez; lo cual obliga a modificar el curso de desarrollo y a cambiar las prioridades, objetivos y metas de las políticas económicas y sociales que se han seguido desde hace treinta años, y hasta ahora.
De acuerdo con los datos del CONEVAL, la reducción del porcentaje de personas indígenas que se encuentran en condiciones de pobreza no es estadísticamente significativa. En efecto, en el año 2008 el porcentaje fue de 71.1%; llegó a su nivel máximo en 74.8% en el 2010; y se redujo a 69.5% en el 2018. En números absolutos, esto implica que en el 2018 la cifra se ubique en 8.4 millones, dato que es equivalente al promedio registrado para el periodo 2008-2018.
Asimismo, si se considera sólo a las personas hablantes de lenguas indígenas, la reducción, en términos porcentuales para el periodo es solo de 76% a 74.9%, es decir, un punto porcentual en una década. En números absolutos implica pasar de 5.5 millones a 5.3 millones, lo cual tampoco es estadísticamente significativo.
Cuando se trata de las niñas y niños, el cambio es de 53.3% de ellos en pobreza en el año 2008, a 49.6% en el 2018, es decir, una reducción de 3.7 puntos porcentuales en una década; por lo que, si continuamos con ese ritmo, tardaríamos más de 100 años en erradicar la pobreza infantil.
Las personas que habitan en el ámbito rural enfrentan también severas condiciones de pobreza; y aunque la reducción en los últimos 10 años sí es estadísticamente significativa, el avance también es sumamente lento. En efecto, mientras que en el 2008 el porcentaje de personas en localidades rurales que eran consideradas pobres multidimensionales ascendía al 62.5% del total, en el 2018 el porcentaje se ubicó en 55.3%; sin embargo eso implicó haber pasado, en números absolutos, de 16.2 millones de personas, a 16.5 millones; lo que evidencia al mismo tiempo que en la cuestión social, no debe olvidarse que cada número es una persona que sufre, que vive en condiciones límite y que es privada de la garantía de sus derechos humanos.
El caso de las personas con alguna discapacidad es en el que con mayor dramatismo se muestra el incremento en el número absoluto de quienes viven en la pobreza. A pesar de que el porcentaje se redujo de 50.2% en el 2008 a 48.6% en el 2018, la cifra absoluta pasó de 2.9 millones a 4.3 millones; lo cual se debe principalmente al acelerado incremento en el número de personas que viven con alguna discapacidad en el país; como producto de los accidentes, sí, pero también a consecuencia de padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes.
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