El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer la evolución de los indicadores de las carencias sociales que ha tenido el país entre 1990 y 2020. El conjunto de datos sistematizados por este Consejo, permite sostener, en primer lugar, que los avances que se han logrado son lentos y sumamente desiguales entre las entidades de la República. Y lo más preocupante: hay retrocesos sociales inaceptables.
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Preocupa, y de manera seria, que de las nueve carencias a las que se da seguimiento, como parte de la evaluación de la política de desarrollo social, pero también como uno de los componentes fundamentales de la medición multidimensional de la pobreza, la relativa al acceso a servicios de salud haya registrado un inaceptable retroceso de cobertura entre 2015 y 2019.
Carencia en servicios de salud
En efecto, en el primero de esos años, alrededor del 16.7% de la población nacional enfrentaba la carencia por acceso a servicios de salud, mientras que en el 2020 el porcentaje registrado para el país fue de 21.5%. En ese sentido destaca que la preocupación es doble, pues el incremento no solo se da en términos relativos, sino que la magnitud absoluta, pensando sólo en 2020, implica que poco más de 27 millones de personas no tendrían acceso a ningún tipo de servicio de salud.
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El retroceso cobra un doble significado si se considera en el contexto de la pandemia, pues como se ha mostrado en diferentes análisis, no sólo ha provocado un exceso de mortalidad inédito en la historia dela salud pública en México, a causa del virus del SARS-COV-2, sino también por la cancelación de los servicios de consulta, seguimiento, cirugías y otros tratamientos, en medio de la reconversión hospitalaria que llevó a que millones de personas vieran retrasadas sus citas de especialidad, el surtimiento de sus recetas o el monitoreo puntual de sus tratamientos.
Exceso de mortalidad
De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, hasta la semana 18 de este año (alrededor del 15 de mayo), había al menos 167,129 defunciones en exceso, concepto que designa un aumento temporal en la tasa de mortalidad en una población determinada, debido a causas emergentes, como es el caso de la pandemia.
Debe destacarse que, según la propia Secretaría de Salud, de ese exceso de mortalidad en el 2021, alrededor de 136,223 defunciones están asociadas directamente a la COVID19, cifra que representa el 81.5% del total; y lo que significa al mismo tiempo que habría cerca de 31 mil decesos en exceso que deben explicarse en relación con sus causas determinantes.
Por otro lado, es importante destacar que, en los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, (Continua, 2020), el 18.6% de quienes integran los hogares, tuvieron alguna necesidad de salud, pero sólo el 34% de quienes tuvieron atención médica, lo hicieron a través de alguno de los servicios públicos de salud. Y en ese sentido, es importante subrayar que los consultorios adyacentes a farmacias privadas, dieron servicio a 13% de derechohabientes del IMSS, 10% del ISSSTE y 7% de otros servicios públicos.
Más retrocesos sociales
Otro de los temas asociados directamente a la pandemia es el educativo; y en esa lógica es muy relevante subrayar que es una de las carencias en las que menos se ha avanzado en los últimos 10 años, pues según los datos del CONEVAL, sólo se redujo en dos puntos porcentuales, al haber pasado de 19.3% de la población mayor de 15 años en rezago educativo en el año 2010, a un 17.3% en el año 2020. Sin duda, el impacto que tendrá la pandemia afectará a este indicador, no sólo por el nivel de abandono escolar, sino también por la no reinscripción identificada ya por el INEGI.
Por otra parte, la propia ENSANUT muestra que el 59.1% de los hogares reportaron algún grado de inseguridad alimentaria: 20.6% se encontraban en inseguridad alimentaria moderada y severa, lo que significa que en los últimos tres meses tuvieron que reducir la cantidad de alimentos que consumen.
Y a su vez, lo anterior se vincula con el hecho de que el 10.6% de la población nacional mayor de 12 años padece diabetes mellitus tipo II; 13.4% padece hipertensión arterial, 1.7% padece enfermedad cardiovascular; y un 2.1% enfermedad pulmonar obstructivo crónica.
El olvido de los derechos humanos
Todo lo anterior muestra la relevancia de abordar la cuestión de la política social en México desde una perspectiva que auténticamente se apegue al mandato constitucional en materia de derechos humanos; pues sin los criterios de la integralidad y la progresividad, será sumamente complicado avanzar en la resolución estructural de los principales problemas que se enfrentan en el país.
Sin duda alguna, tanto el reporte del CONEVAL, los datos del Censo y la información contenida en encuestas como la ENSANUT, permiten anticipar la magnitud del drama social que enfrentamos como país, en términos de las cifras que habremos de conocer sobre la pobreza en las próximas semanas.
Lo que debería ocurrir, desde ya y rumbo a la instalación de la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, y el obligado debate sobre la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, es la construcción de un amplio diálogo nacional sobre cómo resolver estas dramáticas y también trágicas condiciones, que se traduce, como se ve, en un negro conteo de muertes sobre muertes, y llanto sobre llanto en miles decenas de miles de familias que han perdido y continúan perdiendo a seres queridos.
No hay sentido de urgencia ante lo retrocesos sociales
De manera preocupante, no se percibe en la discusión política nacional el sentido de urgencia ante el cual deberían habernos ubicado ya estos alarmantes datos. No se percibe tampoco un ejercicio autocrítico, ni del gobierno federal ni de ninguno de los estados de la República, respecto de si las prioridades presupuestales y programáticas que han asumido son las adecuadas y si tienen pertinencia en el contexto de muerte, violencia e injusticias que se reproducen por todas partes.
En un contexto en el que apenas se ha logrado la vacunación con esquema completo contra la COVID, de alrededor de 16 millones de personas, de una economía que no crece lo necesario y una recuperación que se percibe lenta; y de una violencia que no cede, es urgente que todas y todos reconozcamos que es urgente la transformación del curso de desarrollo; que no podemos seguir pensando en “nuevas normalidades”, cuando lo que privaba antes de la pandemia era la anomalía económica generalizada, y cuando lo que ha caracterizado a nuestra realidad inmediata ha sido la tristeza y la amenaza cotidiana de la muerte.
Debemos reconocer que urge cambiar de rumbo; que el desarrollo se debe replantear y repensar; y que, en esa medida, la superación de la marginación, de las carencias y de la pobreza, deben tomar un rumbo distinto, por ejemplo, a partir de una economía capaz de crecer igualando a todas y todos.
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