por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con los datos del CONEVAL, el ingreso laboral mensual per capita en 2009 (deflactado a la canasta básica de 2010), se ubicó en 1,506 pesos; para el primer trimestre de 2015 el indicador se situó en 1,194.54 pesos por persona ocupada. Por otra parte, el INEGI estima en 27.13% la tasa de ocupación en el sector informal, mientras que el 38.26% de las personas ocupadas carecen de prestaciones de Ley. Sólo 17.5 millones de personas están afiliadas al IMSS como producto de su trabajo, lo cual muestra la urgencia de retomar el sendero del desarrollo.
El mayor problema de la economía nacional sigue estando en su incapacidad de crecer de manera sostenida, así como en la ausencia de mecanismos eficaces para la distribución de la riqueza. En este contexto, y como consecuencia, no se han generado los empleos que se requieren para cubrir a la demanda que impone el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) ni los instrumentos de seguridad social para garantizar estándares de acceso universal a servicios sociales de calidad para la población.
Lo anterior se asocia con otra cuestión estructural relativa al deterioro progresivo del poder adquisitivo de los salarios, en contraposición de lo que marca el texto constitucional, respecto de que todo trabajo debe garantizar un salario digno y decoroso, es decir, un ingreso laboral que permita que las personas puedan tener garantizados sus derechos humanos.
Sobre el particular, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), ahora uno más de los órganos autónomos constitucionales en el país, mide trimestralmente el comportamiento de diferentes indicadores económicos, con base en los cuales genera el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, indicador que mide la capacidad del salario para adquirir los bienes que forman parte de la Canasta Básica y de la Canasta Básica Alimentaria.
Una caída permanente de los salarios
El efecto de la crisis de 2008, combinado con otros factores estructurales internos, como la insuficiencia de inversión productiva; la pérdida de competitividad en varios sectores; un escenario internacional de incertidumbre económica y financiera; y crisis recurrentes vinculadas al sector de los alimentos, se ha traducido en una de sus aristas en la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los ingresos laborales.
En efecto, los datos del CONEVAL muestran que año con año ha habido una caída en los montos de los ingresos de las personas como producto de su trabajo. Para el año 2008 el ingreso laboral per capita mensual (con precios deflactados respecto de la canasta alimentaria) se ubicó en $1,712.35 pesos mensuales.
Para el año 2009 el promedio per capita fue de $1,506.55 pesos por ingresos laborales mensuales; para el 2010 la cifra se ubicó en $1,464.16 pesos mensuales; en 2011 la cifra descendió a $1,410.97 pesos por persona al mes; en 2012 la caída continuó a $1,362.28 pesos al mes; en 2013 el promedio mensual fue de $1,287.84; en 2014 el indicador se ubicó en un promedio mensual de $1,197.85, mientras que en el primer trimestre de 2015 el indicador es de $1,194.54.
Desempleo a la baja, pero lentamente
De acuerdo con los datos del INEGI y del CONEVAL, la tasa de desocupación ha descendido en los últimos trimestres, aunque a un ritmo muy lento y a todas luces insuficiente para las urgencias y necesidades que tenemos como país. En efecto, entre 2010 y lo que va de 2015 la tasa de desocupación trimestral promedio ha sido de 5% respecto del total de la PEA.
En ese sentido, es pertinente destacar que en el mismo periodo el promedio trimestral de personas en condiciones de desocupación ha sido de 2.53 millones. Una cifra que disminuyó en el primer trimestre de 2015, al ubicarse en 2.2 millones de personas en condiciones de desocupación, dato frente al cual habrá que esperar los resultados del segundo trimestre para valorar si se trata de un efecto estacional o bien de una reducción real.
Un incremento constante
Como es lógico suponer, la caída en el poder adquisitivo de los salarios está vinculada por necesidad al incremento en los costos de la canasta básica, la cual permite determinar los niveles en que se sitúa la llamada línea del bienestar, es decir, el umbral por debajo del cual las personas se ubican en condiciones de pobreza.
En efecto, la línea del bienestar (la cual incluye la canasta alimentaria más la no alimentaria) pasó en el ámbito urbano de $2,543.82 pesos en el mes de enero de 2014 a $2,611.93 en enero de 2015; es decir, en un año presentó un incremento de 3.07% anualizado. Por otra parte, el costo en el ámbito rural pasó de $1,622.66 en enero de 2014 a $1,667.90 en el mismo mes, pero de 2015.
La seguridad social: un lujo
De acuerdo con los datos del CONEVAL tener seguridad social vinculada a la condición laboral es un verdadero lujo en el país. En efecto, al primer trimestre del 2015, se reporta que hay 17.5 millones de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El dato es relevante porque de acuerdo con los resultados de la ENOE, al primer trimestre de 2015 habría 49.8 millones de personas ocupadas, 76% de los cuales tienen entre 15 y 49 años, es decir, la edad clave para cotizar ante el sistema de pensiones y aspirar con ello a una jubilación laboral digna.
Lo anterior está vinculado también a las elevadas tasas de ocupación en el sector informal, indicador que en el primer trimestre de 2015 se ubicó en 27.13% de la población ocupada, es decir, poco más de 13.22 millones de personas cuya ocupación se lleva a cabo en actividades sin establecimiento fijo, sin remuneración fija, sin contrato y sin prestaciones de ningún tipo.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 30- Junio- 2015, p.20
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