Los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho Público

Para Miguel León Portilla seguía existiendo una deuda histórica con los Pueblos  Indígenas aún después de la Reforma Constitucional del 2001. El filósofo e historiador sabía de lo que estaba hablando porque, además de ser un estudioso del tema, también fue director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano (1955 -1963). Si bien es cierto, su libro más reconocido es la Visión de los vencidos, escribió muchos otros textos que nos aportan interesantes hallazgos sobre Los antiguos mexicanos y su historia a través de los siglos. Por ejemplo, a partir de sus investigaciones se hizo visible el hecho de que, al final de la Guerra de independencia y de la Revolución mexicana, la población indígena disminuyó al 50%.

Escrito por:  Ruth Zavaleta

Sin embargo, a pesar de la tragedia que significó este dato, nada se compara con la disminución de población indígena actual.  Según los datos del INEGI, en el año 2000, había 8 millones 381 mil  314 indígenas (pero, el Instituto Indigenista y el Consejo Nacional de Población, calculaban casi 13 millones). Con datos del censo del 2020, existen 7 millones 364 mil 645. La migración por falta de empleo y los desplazamientos masivos por la violencia de grupos criminales, son el preámbulo de esta disminución.

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Pero, no son los únicos factores que impactan negativamente a esta población, también es el hecho de que, las diferentes reformas constitucionales que se han promulgado desde la administración del presidente Lázaro Cárdenas hasta la fecha, no han logrado resolver el problema de fondo:  Garantizar  los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas.

Ya lo habíamos expresado en la colaboración pasada, una forma de lograrlo es reconociendo a los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho Público. Es un planteamiento que surgió de las mesas de Trabajo entre el Gobierno Federal y el EZLN en 1995 y se signó en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero no se cumplió porque, hacerlo, implicaba una transformación radical del sistema político mexicano.

Implicaría dejar de ver a los Pueblos Indígenas de forma paternalista y verdaderamente garantizar sus derechos jurídicos, sociales y políticos. Porque poner el piso parejo a los desiguales implica reconocer que hay fallas estructurales en el sistema social mexicano. Por ejemplo, ¿Cuál es el temor de reconocer un cuarto nivel de gobierno en aquellos lugares donde existen los Pueblos Indígenas?

Reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas en la ley y garantizarlos en los hechos, implicaría que las autoridades municipales, estatales y federales verdaderamente los tomen en cuenta para la planeación de políticas públicas, de programas y presupuestos para el desarrollo sustentable de sus comunidades porque serían parte de esa estructura  de gobierno en un cuarto nivel. Implicaría que verdaderamente se garantice el reconocimiento a su derecho ancestral a la propiedad colectiva de las tierras, por ejemplo, o incluso, su derecho a ser consultados cuando se construyen carreteras o rieles para trenes, o se otorguen concesiones para la explotación de minas o fuentes acuíferas (con pleno conocimiento de las consecuencias tanto positivas como negativas para su población).

Un breve recorrido por las páginas de La Historia General de México, publicada por el Colegio de México, nos aporta interesantes datos respecto a la organización de los pueblos originarios y el por qué la necesidad de preservar su identidad como sujetos colectivos. El conocimiento de los claroscuros del desarrollo de los pueblos originarios descubierto a lo largo de la historia de la civilización mexicana desde los Olmecas hasta la conformación del Estado moderno mexicano, debe servir para reconocer que, las demandas de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la actualidad no surgieron de un movimiento armado como el zapatista, sino, por el contrario, el movimiento fue producto de la discriminación que sigue padeciendo esa población.

En ese contexto, la Reforma a 14 artículos Constitucionales (1, 2, 26, 27, 35, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 102, 115 y 116), que ha dado a conocer el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en su página oficial, tiene su mérito. Trata de rescatar los acuerdos incumplidos de San Andrés Larráinzar, pero, también, trata de concretar en diversos artículos constitucionales lo que ya está mandatado en los apartados A, B y C del artículo 2°. 

Lamentablemente, sin dejar de reconocer el esfuerzo que ha realizado esa institución, la Reforma presentada se ve muy lejos de poder concretarse. En primer lugar, porque establece un cambio estructural de Forma de Gobierno. Al respecto, vale la pena recordar que, las características de nuestro Régimen Político se derivan de la voluntad del Poder Constituyente de 1916. Si bien es cierto, se han aprobado reformas denominadas “estructurales”, estás, sólo se producen mediante amplios acuerdos políticos de las fracciones parlamentarias que conforman el Poder Legislativo.

En segundo lugar, la mayoría de las propuestas de reformas podrían ser parte de la Ley o Leyes Reglamentarias que nunca se realizaron de los apartados A, B y C que conforman el Artículo 2°. Si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quisiera avanzar de forma inmediata en la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, bien lo podría hacer mediante la promulgación de esas Leyes secundarias. No se necesita mayoría calificada, por lo tanto, la fracción de Morena y sus aliados pueden hacerlo como hicieron con la Ley de la Industria Eléctrica (la que opinan 8 Ministros que es Inconstitucional).

En tercer lugar, muy a pesar de la presentación de esta iniciativa por Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, la prioridad del actual Gobierno no se ve que sean los derechos de los Pueblos Indígenas porque la iniciativa ya tiene algunos meses de haberse concluido y no ha sido enviada al Poder Legislativo. Además, en los tres años de esta administración, no se ha presentado ninguna política pública relevante o programas extraordinarios con recursos etiquetados para impulsar el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, por el contrario, se ha recortado el  presupuesto que recibía esa población (por ejemplo, se desapareció el apoyo a las mujeres para proyectos productivos).

Considerando que al presidente de la República no le gusta hacer acuerdos con las fuerzas políticas de oposición, el futuro de la Reforma del INPI, hasta el día de hoy, Domingo de Resurrección, es incierto.

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