En la fosa clandestina del predio de San Juan en Salvatierra, familias del colectivo Mariposas han encontrado ya a siete de sus desaparecidos, entre ellos, Ulises y Lupita, quienes desaparecieron el mismo día, el 29 de febrero de 2020.
Un reportaje de POPLab, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLabMx)
En calles de Salvatierra, la maestra Lupita Barajas Piña y Ulises Blanco desaparecieron el mismo día. Dos familias sufrieron por 11 meses y 20 días estas ausencias, y los buscaron con ayuda de activistas de la sociedad civil y colectivos organizados en el estado.
Hoy el sufrimiento es otro, el de haberlos encontrado sin vida y sepultados en las fosas clandestinas del predio de San Juan en Salvatierra que fueron abiertas en octubre de 2020, donde fueron inhumados tras ser asesinados.
Hasta el viernes, siete de las 79 osamentas y cuerpos encontrados han sido identificados como familiares de integrantes del colectivo “Mariposas destellando corazones buscando justicia” -el grupo que promovió la exploración de ese predio salvaterrense-. Los más recientes en ser identificados son los de la maestra Lupita y Ulises, que desaparecieron el 29 de febrero de 2020.
En tanto, de la tierra fértil de Guanajuato surgen y se conocen nuevos sitios de hallazgos y de inhumaciones clandestinas (fosas) como son la de la comunidad Purísima de Temascatío de Arriba en Irapuato y la del Cerro de la Crucita en Guanajuato capital, sólo en las últimas dos semanas.
Esta necesidad urgente para las familias de agilizar la identificación y la entrega de los cuerpos llevó a 12 Colectivos de familiares de personas desaparecidas a solicitar formalmente al todavía Secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres que autorice la asistencia técnica de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y/o el Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación masiva, mediante el uso de la tecnología y técnicas especializadas.
A esta se suman un cúmulo de peticiones que autoridades continúan aplazando, como ocurre con la visita al Centro de Identificación Forense que desde diciembre autorizó y prometió el fiscal general Carlos Zamarripa, a petición de los colectivos.
Héctor Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, no ha informado por escrito la agenda de planeación de búsquedas para este año, el resultado de los hallazgos y qué acciones realiza para buscar a los desaparecidos en vida.
Incluso el Congreso del Estado les ha quedado a deber, pues no ha emitido la convocatoria para que se integre el Consejo Estatal Ciudadano, por lo que también se le está enviando un exhorto, en el que además se le pide que previo a ello, consulten a las familias, colectivos y sus acompañantes.
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En las oficinas de la Fiscalía regional C en Celaya, la mamá de Guadalupe Barajas Piña, la maestra Lupita -como era conocida- esperó siete horas a que liberaran el cuerpo de su hija y se lo pudiera llevar, después de haber sido informada por el grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado de que su hija había sido encontrada en la mega fosa en Salvatierra.
La mujer recordó que desde muy pequeña Lupita decidió que estudiaría para maestra porque le gustaban los niños. Comenzó sus estudios en Salvatierra, de donde era originaria y donde viven sus padres; en Acámbaro hizo su maestría, y el curso de titulación como maestra en Pedagogía lo realizó en Yuriria en un mes.
Comenzó a dar clases en Pénjamo cuando le dieron su base; de ahí la cambiaron a Irapuato, donde luego que su esposo entró a trabajar a una armadora internacional pudieron comprar una casa. Tuvieron una hija.
Tras recordar a su hija como “ejemplar y una hermana maravillosa” -el dolor en la voz y en las lágrimas- su madre recordó que el 29 de febrero fue la última vez que habló con Lupita por teléfono, cuando ella le avisó que “iría al centro para llevarnos de almorzar” para convivir como cada fin de semana.
Fueron las últimas palabras que intercambiaron Lupita y su madre, quien agradeció el apoyo de la ciudadanía para buscar a su hija, a quien describió como una joven “carismática, alegre, activa, no escatimaba en ayudar a quien lo necesitara”.
Y es que, tras la desaparición de la maestra, además de buscarla la familia realizó marchas con apoyo de amistades y activistas. Al enterarse de la búsqueda en el predio de San Juan se unieron y les tomaron las muestras de ADN con las que hicieron la confronta genética.
El cuerpo de Lupita fue recuperado junto con otros 78 de las fosas del predio del barrio de San Juan en Salvatierra, a partir del 28 de octubre de 2020, y entregado a sus familiares este viernes 19 de febrero, a diez días de que cumpliera un año de desaparecida.
La tarde del mismo viernes, el Colectivo Mariposas informó que entre esos 79 cuerpos estaba también el de Ulises Blanco Ledesma, de 29 años y quien desapareció igualmente el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra, cuando conducía una camioneta extranjera de color negro Ford Pick-Up.
Había comprado unas tortas en la colonia Capuchinas y se dirigía a convivir con su hijo.
El cuerpo de Ulises se convirtió en el séptimo identificado de los 79 recuperados de las fosas de San Juan que era buscado por el colectivo Mariposas, que representa a 55 personas desaparecidas: 10 mujeres, un menor y 44 hombres originarios de Celaya, Apaseo, Irapuato y Salvatierra.
De este último municipio son la mitad de los desaparecidos. Lupita y Ulises se suman a un tío y un sobrino de la familia Lara, así como dos jóvenes que el 29 de agosto llegaron al barrio de San Juan en un automóvil BMW y fueron víctimas de desaparición, así como el del ciudadano estadunidense Donovan Oscar Saavedra, de 35 años.
“En Salvatierra son osamentas, todos eran osamentas, a excepción de dos (jóvenes) que desaparecieron el 29 de agosto y los encontramos a finales de octubre los reconocí y les dije a la fiscalía quienes eran y la confronta fue directa… pero hay muchos cuerpos que nada más está la osamenta, no tienen fracturas, no tiene piel, no tienen tejidos, y como les quitaban la ropa es una aguja en un pajar identificar a quién pertenecen”, explicó Angélica, representante del Colectivo.
Es un hombre mayor de 70 años el que trae un palo que utiliza de bordón para caminar entre los surcos en Purísima de Temascatío de Arriba. Del sol se cubre con su sombrero arrugado y lleno de tierra que refleja el esfuerzo y trabajo arduo de día a día. A lo lejos ve a un grupo de mujeres que entre los arbustos, ramas, huizache y nopales se hacen camino, traen una varilla en forma de “T” puntiaguda que encajan entre el suelo; la huelen y siguen su camino.
Debajo de la sombra de un árbol observa todo el movimiento; luego camina entre los surcos, pisa las hojas de maíz secas que yacen en la tierra, no se queda con la duda y se acerca para preguntar a las mujeres “¿Qué buscan?”.
En la plática, le preguntan si hay desaparecidos en la comunidad y él responde “en mi comunidad no falta nadie”. Pero recordó que en la comunidad Temascatío que pertenece a Salamanca y se ubica cruzando el río hace dos meses “desaparecieron” una mujer y un hombre, solo uno regresó, pero no sabe quién.
Un día antes (8 de febrero), en esa zona le extrañó ver varias camionetas. Ahí estaba el delegado, llegaron patrullas, pero no preguntó. Personal de Fiscalía cargó lo que parecieron ser cinco cuerpos en camillas, uno a uno, lo que se pudo ver a pesar de que los ministeriales colocaban automóviles obstruir las miradas. Un joven de la comunidad entraba y salía de la zona; la primera vez arrimó dos palas, luego una soga que entregó al personal de la Fiscalía.
Hasta pasadas las siete de la noche de ese lunes 8 del presente, en una camioneta blanca sin logotipo se llevaron los restos, algunas bolsas que encontraron, escoltados por policías locales de Irapuato y Guardia Nacional. En la zona solo quedaron cuatro fosas abiertas y vacías y algunas bolsas negras con ropa, presuntamente de víctimas.
Integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarte” llegaron al lugar, pero no las dejaron acercarse, por lo que solicitaron a la Comisión Estatal de Búsqueda las acompaña el día siguiente al sitio.
El martes 9, en ese paraje de la comunidad de Purísima de Temascatío de Arriba en Irapuato ubicado a más de 150 metros de las fosas encontradas, el anciano platica que no ha visto gente extraña, aunque algunas noches pasaban unidades “zumbando sin luces, pero es gente que conoce esos caminos o viene más temprano” a dar una vuelta, dice.
A un costado donde encontraron las fosas, hay un camino que cruza el río que hoy tiene poca agua, si bien esta zona es utilizada por habitantes para pasear en familia o convivir en grupos con carne asada. Hoy huele a carne putrefacta.
Las integrantes de los colectivos “Una Luz en Mi Camino” y “Hasta Encontrarte” llegaron a la zona de las fosas, lugar que acordonaron con la Comisión Estatal de Búsqueda. En el lugar no había seguridad.
Comenzaron la búsqueda en las inmediaciones de las fosas, pero en menos de una hora el personal de la comisión se retiró y las dejó en el lugar. “Llegan como si nos estuvieran haciendo un favor (pero) es un derecho; (vino) el licenciado Mario Villarreal de la Comisión Estatal a hacer un acompañamiento para una prospección y nos dejó abandonadas, que porque le hablaron de la Fiscalía ¡que el lugar estaba judicializado! (señalado dentro de una causa penal ante un juzgado). Es una mentira, no dieron cuenta de detenidos”, denunció Patricia Barrón del colectivo “Una Luz en Mi Camino”.
“Da coraje, tristeza que la comisión no aproveche los recursos, nosotros pedimos vehículos prestados, indignante que nos hayan dejado a nuestra suerte, sabían que iban a una prospección, ese fue el acuerdo. Ellos vieron que no había resguardo” dijo.
A las buscadoras eso no las detiene; un camino las llevó a una de las cuatro fosas. “Encontramos bolsas que todavía tenían tejido humano. No puede decir la Fiscalía que es un solo cuerpo, ahí se ve para mínimo unos cuatro cuerpos; no nos dejan estar en el lugar para no darnos cuenta, para no señalar los errores. Nos muestran lo que ellos quieren, no nos enseñan los cuerpos completos. En esta fosa encontraron cuatro cuerpos y nos enseñan uno”, asegura.
La Fiscalía General informó hasta 10 días después que fueron seis los cuerpos encontrados, cuatro son de hombres y dos mujeres. Una de ellas es Teresita J. M.G, quien desapareció el 25 de enero pasado en Irapuato, madre de dos hijos menores de edad.
Este entorno y condiciones decidió a los colectivos y sociedad civil que los acompaña a solicitar al Secretario de Gobierno y a la Fiscalía que autoricen “Asistencia Técnica”, para que organismos internacionales colaboren con software y técnicas específicas para la identificación masiva de personas desaparecidas.
En reuniones celebradas el 14 y el 22 de diciembre de 2020, varios colectivos –entre ellos Mariposas Destellando, Servicios y Asesorías para La Paz, De Pie Hasta Encontrarte, Una Luz en Mi Camino, y Luz, Justicia y Esperanza– entregaron por escrito esta petición al secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres “para que él en su calidad de presidente del Sistema Estatal de Búsqueda autorice asistencia técnica, que implica identificación masiva, utilización de software, técnicas de identificación, que haya una modificación en todo el proceso de búsqueda e identificación”.
El documento se entregó con copia a la Fiscalía General de Guanajuato, instancia que “ha dicho que sí, pero no se ha avanzado a nivel de política pública de identificación forense que cumpla con las características establecidas.
En esta asistencia participaría la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ya hay diálogos bilaterales con equipos internacionales y peritajes acreditados, pero todavía no hay un acuerdo político para que los equipos puedan ofrecer asistencia técnica masiva de alto nivel sobre la metodología a la Fiscalía General”, explicó el activista e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Raymundo Sandoval.
Dicha asistencia técnica implicaría “un acuerdo con la Fiscalía de utilizar software específico para identificación masiva de personas desaparecidas”. Actualmente la Fiscalía utiliza el sistema de cotejo de ADN “Codis”, que originalmente es para presuntos responsables de delitos; es decir, “no es específico para identificación de personas desaparecidas, explicó Sandoval.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala trabaja en la actualidad con autoridades y familias en Coahuila utilizando los recursos científicos y tecnológicos para la identificación masiva.
“Eso es una buena práctica que queremos replicar en Guanajuato, pero no hemos llegado porque la Secretaría de Gobierno no nos ha contestado los oficios. La Fiscalía ha dicho que sí a las acreditaciones individuales”, dijo.
También buscan que el Centro de Identificación Humana sea independiente de la Fiscalía, como opera en Coahuila. “Es muy difícil que suceda, al menos en las condiciones actuales en Guanajuato, pero lo vamos a plantear a Naciones Unidas”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, quien colaboró en la investigación por la desaparición de los 45 normalistas en Ayotzinapa, hoy apoya en algunos casos individuales del Colectivo Mariposas, con peritajes que se han integrado a las carpetas de investigación. El lunes 15, el fiscal Carlos Zamarripa se reunió con ellos para revisar dichos casos.
El jueves 18, en una reunión virtual con el titular de la Comisión Estatal de Víctimas Jaime Rochín, los colectivos le solicitaron “hiciera suya la petición de las familias de que hubiera Asistencia Técnica; va más allá de acreditar peritajes independientes, implicaría dialogar con Secretaría de Gobierno y Fiscalía”.
Las buscadoras y activistas sostuvieron también una reunión con la Cruz Roja y solicitaron entrevistarse con el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que “la ONU y Cruz Roja se sumen a la petición de las familias de que haya política pública de identificación forense de acuerdo a los más altos estándares internacionales y científicos para que la Fundación guatemalteca, los argentinos -cualquiera de los dos o los dos en diferentes niveles- puedan entrar en términos de política pública, masivamente en todos los casos y de todos los municipios”.
Por ahora, a partir de una iniciativa del Colectivo Buscadoras, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) participó en la preparación de la búsqueda en Acámbaro. El Centro Geo (un programa de la UNAM con expertos en geolocalización y política) ayudó a obtener información sobre Acámbaro, en algunos puntos que resultaron positivos.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también tuvo comunicación para los preparativos en Acámbaro. La Cruz Roja y Naciones Unidas colaboraron en diciembre en diversos momentos.
Aunque en diciembre el fiscal Carlos Zamarripa había aceptado abrir las puertas del Centro de identificación forense a los colectivos -con las medidas de salud previstas por la contingencia epidemiológica-, esto se ha ido aplazando ante el semáforo rojo en que permaneció el estado durante fines de diciembre hasta mediados de febrero.
En este centro laboran 36 genetistas, algunos capacitados en Estados Unidos, les dijo el fiscal.
“Varias veces el fiscal nos informó que en capacidad no tenía problema. No buscamos que tengan la capacidad inmensa, buscamos que tengan la capacidad para identificar y entregar, no para guardarlos”, explicó Angélica, del Colectivo Mariposas.
Carlos Zamarripa les informó entonces que no se podía establecer el tiempo de identificación, que hay cerca de 500 personas identificadas”, aunque no saben el número total de cuerpos o personas de quienes se tienen restos en la FGE, aunque sí les informó que el panteón forense de la Fiscalía tiene una capacidad para 5 mil personas.
En la reunión de diciembre, el fiscal les aseguró que a finales de ese mes les entregarían más de 118 dictámenes de identificación y reconoció: “estamos saturados de trabajo para identificar”.
Las buscadoras le pidieron ser acreditadas como observadoras en los hallazgos, que se abran una ventana de información en internet para dar respuestas a todos los familiares de desaparecidos y que sigan las búsquedas y les informen de los hallazgos en los lugares.
En otra iniciativa acordada en conjunto, el 12 de febrero doce colectivos y sociedad civil hicieron público un oficio en el que solicitaron a Héctor Díaz Ezquerra informe por escrito sobre las acciones que realiza la Comisión Estatal para buscar a los desaparecidos, los hallazgos en las prospecciones. E insistieron en su reclamo por no ser incluidos en estas tareas. Díaz Ezquerra no ha respondido.
Estos mismos colectivos solicitaron también al Congreso del Estado que emita cuanto antes la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano “porque ya van atrasados”.
“Se prevé su formación dentro de los 90 días a partir de la fecha de publicación, lo cual no ha sido respetado”, puesto que la ley fue promulgada a mediados del año pasado.
También recordaron que el Congreso hará estos nombramientos “previa consulta pública” con organizaciones de familiares y acompañantes.
Y como una reciente acción en el ámbito legal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) presentó un Amicus Curiae (una expresión formal de apoyo a una causa que se litiga en tribunales) ante el Juez Sexto de Distrito en Guanajuato, Luciano Valadez Pérez, para respaldar a una persona que ha solicitado la Declaración especial de ausencia por desaparición, en el caso de un familiar desaparecido, dentro del amparo 564/2020-II.
Previamente, en septiembre del año pasado, el Juez Octavo de Distrito en Celaya negó tener competencia legal para conocer y resolver la Declaración especial de ausencia, lo que ha dejado a la familia de la persona desaparecida sin posibilidad de hacer frente a deudas, manutención y a salvaguardar el patrimonio de la víctima de desaparición y de su familia.
El IMDHD recordó en sus alegatos ante el Juzgado Décimo de Distrito que la figura de Declaración especial de ausencia por desaparición surgió de una Convención internacional de los derechos humanos que fue ratificada por el Estado Mexicano.
“El 6 de febrero de 2007, México suscribió la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención) en París, Francia y el 18 de marzo de 2008 depositó el instrumento de ratificación de la Convención. Dicha Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010”, dice el Amicus.
Por esto, se ha solicitado al juez de distrito que atienda la solicitud de la familia y emita una resolución que le brinde certidumbre jurídica, “no sólo a la familia sino a otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar”.
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