por Carlos Welti Chanes
La elevada incidencia del embarazo adolescente en México es una muestra de las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y hace evidente la necesidad de actuar desde diversos ámbitos para lograr que la población, y en especial las y los jóvenes, puedan ejercerlos
Para las y los adolescentes que residen en áreas urbanas es inconcebible pensar que existió hasta hace pocos años un mundo en que no había instrumentos electrónicos portátiles que permiten la comunicación entre los individuos en tiempo real a través de imágenes y sonidos. No les es fácil aceptar que en este país hasta los años cincuenta del siglo XX las mujeres no podían votar en los procesos electorales que se realizaban en México para elegir las autoridades políticas.
Mucho menos pueden pensar las y los jóvenes en que no existieran los métodos anticonceptivos modernos a los que en la actualidad todos deberíamos tener acceso y que, por lo tanto, una relación sexual entre una mujer y un hombre tenía una elevada probabilidad de producir un embarazo en una época en la cual sólo existían métodos que con muy escasa efectividad evitaban la fecundación del óvulo, o bien, que aquellos más efectivos, como el condón, casi no se usaban, por su poca disponibilidad, los prejuicios alrededor de su utilización y la mala calidad de los productos con los que se elaboraban, que hacían incómodo su uso.
En el pasado reciente los padres de las jóvenes que establecían una relación de noviazgo decían que: “el camino a la cama debía pasar por el Registro Civil”, ante el riesgo de un embarazo producto de una relación sexual entre los novios que había que evitar que sucediera antes del matrimonio para no enfrentar la sanción social que conlleva, o el abandono de la novia por parte de su pareja, lo que la convertiría en madre soltera.
Afortunadamente, las transformaciones que se han producido en la sociedad y a las que la tecnología ha contribuido, han modificado radicalmente algunas de las conductas a través de las cuales nos relacionamos con otras personas, permitiendo que en el caso concreto de las relaciones sexuales, éstas no sean un acto con fines estrictamente reproductivos y el ejercicio de la sexualidad no concluya en un embarazo no deseado.
Sin embargo, aunque la tecnología haga posible separar la sexualidad de la reproducción, el acceso a los anticonceptivos es claramente diferencial entre grupos sociales de la población y, por tanto, su existencia no garantiza su uso si no existe un entorno institucional que lo posibilite y que incida sobre su conocimiento y su uso y modifique actitudes y prácticas que lo limitan. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos¿ representa este entorno institucional y constituye un avance sustantivo en la definición integral de la naturaleza de los seres humanos.
La modificación del estatus social de las mujeres, a través del incremento en su nivel de escolaridad, su incorporación a la actividad económica más allá del ámbito doméstico y su participación política ha constituido a su vez el motor del cambio social; sin embargo, entre amplios sectores de la población se sigue considerando que el rol central de la mujer es la maternidad y cualquier otro papel es secundario.
Esta idea de la maternidad como rol central en la vida de las mujeres se fomenta a través de los medios de comunicación y la educación en la escuela y la familia, porque garantiza condiciones de subordinación de las mujeres que a determinados grupos de la sociedad les interesa mantener.
Según los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en 2010, la mayoría de las jóvenes de 12 a 19 años, con niveles de escolaridad que no superan la educación secundaria, están de acuerdo con que “la función más importante de la mujer es ser madre”; pero, además, cuatro de cada diez jóvenes que llegaron al bachillerato o la universidad también comparten esta idea.
Por otra parte, a diferencia de lo que sucede en países de Europa, en donde porcentajes crecientes de las mujeres deciden no tener hijos, lo que en el caso de Alemania llega al 30%(I), en México, según datos de los censos de población, esta cifra a través del tiempo no supera el 8%. Es decir, mayores niveles educativos y mayor desarrollo profesional de la mujer no parecen competir significativamente con la maternidad y en todo caso, su efecto sólo puede hacerse sentir en una postergación en la edad al tener el primer embarazo entre las mujeres más escolarizadas, ya que, por ejemplo, entre aquellas que alcanzaron al menos el bachillerato y que forman parte de sucesivas generaciones que nacieron entre los años sesenta y los años ochenta (II), alrededor del 12% tuvieron a su primer embarazo antes de cumplir 20 años; mientras que entre quienes no alcanzaron a completar la educación primaria, el ¡57%! ya tuvo su primer embarazo antes de esa edad (III).
La carrera reproductiva de las adolescentes en los sectores con menor escolaridad, y probablemente en condiciones de mayor pobreza, se inicia tempranamente y los derechos sexuales y reproductivos son simplemente retórica, en un contexto social en el cual la maternidad es lo más importante y la sexualidad se concibe como una práctica ligada exclusivamente a la reproducción.
Con los datos disponibles en la fecha de redacción de este artículo, a partir del registro de nacimientos que procesa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2011 ocurrieron en México al menos 2.2 millones de nacimientos, de los cuales casi 400 mil fueron hijos de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, cifra que supera lo observado en años anteriores y en poco más de 7 mil nacimientos, la madre tenía menos de 15 años (IV).
Los datos son contundentes, en México, en pleno siglo XXI, se mantiene un ambiente social en el que se acepta como una situación absolutamente normal que en prácticamente uno de cada cinco nacimientos la madre sea una adolescente y que, además, en un número significativo de nacimientos que ocurren cada año en este país, la madre sea una niña que debería estar en la escuela en lugar de estar cuidando niños.
Un análisis más detallado de la información del Registro Civil que pone a nuestra disposición el INEGI para este grupo de madres-niñas, muestra que sólo el 40% de los padres del recién nacido son jóvenes menores de 20 años y en una proporción significativa de casos las diferencias de edad entre la madre y el padre son de tal magnitud, que es difícil imaginar que el embarazo no estuvo asociado a una situación de abuso sexual, perpetrada por adultos, que en el seno de la propia familia se oculta. En este contexto tiene poco sentido hacer referencia a derechos sexuales y reproductivos de las niñas, cuando lo que se vulnera son los derechos más elementales reconocidos en la Constitución y en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tenemos que estar de acuerdo con la idea de Campbell (V), quien considera que para una joven que a los 16 años ya ha tenido un hijo, probablemente el 90% del guión de su vida ha quedado escrito desde esa edad. En el caso de las niñas que ya han sido madres, sin duda su futuro quedará determinado por el inicio temprano de la maternidad, sin que cuente con los apoyos que le permitan superar esta situación que incrementa su vulnerabilidad.
Para el caso de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad, según los datos del Registro Civil, el 15% se declaró madre soltera y el 60% en unión libre, aunque es posible suponer que en este último grupo en realidad una proporción significativa es madre soltera, porque en el Registro Civil no existe ninguna información adicional sobre el supuesto cónyuge y, por lo tanto, tampoco estas mujeres en “unión libre” parece que puedan superar condiciones que van a limitar su desarrollo y el de sus hijos sin el apoyo del padre.
Mientras no existan proyectos de vida que tengan como objetivo el desarrollo individual para las mujeres que no tienen otras opciones que le den sentido a su vida, la maternidad seguirá siendo su rol principal y para una gran proporción de éstas, este rol se desempeñará desde edades tempranas.
No puede suponerse ingenuamente que la referencia que se hace en el Artículo 4º de la Constitución a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; este artículo significa un avance sustantivo en esta materia, pero es claramente insuficiente, especialmente en el caso de los jóvenes.
Puede afirmarse que sólo cuando se garantice el acceso a los anticonceptivos eficientes, el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos dejará de ser simple retórica. Al respecto, apenas se ha avanzado en crear los arreglos institucionales que tengan este objetivo y es el Distrito Federal quien va a la vanguardia en estos temas.
Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal representa el reconocimiento pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes, que no se observa ni en las leyes federales ni en la legislación de las entidades de la República; incluso puede decirse que en la mayoría de las entidades hay retrocesos en esta materia representados, por ejemplo, en la negación al derecho de interrumpir un embarazo no deseado.
Por lo tanto, en este contexto, es posible esperar que el embarazo infantil y adolescente mantenga o incluso incremente los niveles observados en años recientes con las consecuencias negativas para el desarrollo de las mujeres que son madres desde edades tempranas.
Debe reiterarse que las políticas y programas que desde el Estado impulsen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes constituirán acciones con un impacto significativo en la vida de las generaciones actuales y en generaciones futuras.•
Nota:
I. Hans-Peter Kohler, Francesco C. Billari y José A. Ortega (2006). “Low Fertility in Europe: Causes, Implications and Policy Options.” En F. R. Harris (Ed.), The Baby Bust: Who will do the Work? Who Will Pay the Taxes? Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 48-109.
II. Las generaciones analizadas, corresponden a mujeres nacidas en los quinquenios 1964-69, 1970-74, 1075-79 y 1980-84.
III. Cálculos propios con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009.
IV. Este número representa los nacimientos ocurridos en 2011 y registrados en ese mismo año y en 2012, por lo que el registro en años posteriores de los nacimientos de 2011, hará crecer el total.
V. Campbell, Arthur A., (1968), “The Role of Family Planning in the Reduction of Poverty”, Journal of Marriage and Family, Vol. 30, No. 2, pp. 236-245.
| Carlos Welti Chanes Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es economista, sociólogo y demógrafo egresado de la Universidad de Chicago. Es miembro del SNI desde su fundación. Fue Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Puebla y Director de Encuestas Epidemiológicas de la Secretaría de Salud. Ha sido Presidente de Mexfam; miembro de la Junta Mundial de Gobierno, con sede en Londres; y Vicepresidente para el Hemisferio Occidental de la International Planned Parenthood Federation (IPPF); Presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía; y ha dirigido la revista de Investigación Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. |
