Si bien la propuesta y los protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual podrían mejorarse, los docentes tienen la posibilidad de detectar casos de abuso sexual, consignarlos ante las autoridades correspondientes y seguir trabajando con alumnos que han sido víctimas de uno de los delitos que más afectan a su desarrollo.
Por Jonathan Rubio
Ser maestro en un país violento implica grandes retos: significa ejercer la labor docente en un país donde, desde hace varios años, los niveles de violencia se han incrementado de manera ininterrumpida en todo el territorio nacional.
Este ambiente violento, en el que han prevalecido todos los tipos de violencia, los niños, niñas y adolescentes en edad de asistir a los niveles básicos de educación también son víctimas. Específicamente, la violencia sexual es una realidad que forma parte de la cotidianidad de un gran número de menores.
Esta situación se vuelve relevante para quienes trabajan con los niños (entre ellos los maestros), ya que en el ejercicio de sus respectivas profesiones pueden identificar cuando un menor es o ha sido víctima de la violencia física y sexual.
Frente a ello, es relevante preguntarse qué establecen los protocolos de actuación cuando los maestros se percatan de que están trabajando con un niño ha sido víctima de violencia sexual, y al mismo tiempo, reconocer que la labor docente juega un papel que va más allá de ser un intermediario entre los contenidos del programa educativo y el alumno.
El Estado mexicano y las autoridades educativas de cada entidad federativa tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas de educación básica.
En cuanto a las obligaciones de atender, prevenir y en su caso sancionar la violencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en 2015 el documento “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica”.
Este documento fue un referente para que las autoridades educativas de cada entidad federativa elaboren protocolos sobre cómo prevenir o cómo actuar en estos casos, por lo que su contenido es una serie de recomendaciones para las autoridades educativas estatales. Cabe mencionar que este documento fue elaborado en el marco del Plan Nacional de Convivencia Escolar del sexenio 2018-2018.
De acuerdo con este documento, se reconoce que en el hogar, la integridad de los niños está a cargo de los padres o tutores, mientras que en las escuelas, esta responsabilidad recae en los adultos que integran la comunidad educativa.
La primera recomendación en el mencionado documento ante una sospecha o caso de abuso sexual infantil que sean detectados fuera de la escuela, es que sean reportados “inicialmente al Director(a) de la escuela para que posteriormente se informe a los padres o tutores y se realice la canalización correspondiente a las autoridades competentes”.
De acuerdo con ello, los responsables de notificar a las autoridades competentes son quienes integran la dirección de la escuela. Adicionalmente, esta guía de la SEP sugiere que se deberá de contar con evidencia documental como fotos o bitácoras.
Esta es básicamente la recomendación: que el docente reporte los casos de abuso sexual a la dirección de la escuela y avisar a los padres o tutores y a las autoridades
Adicionalmente, este documento publicado por la SEP establece una serie de responsabilidades de los docentes, por ejemplo, identificar riesgos dentro de la escuela, enseñar a los alumnos las conductas que les incomodan, así como informar por escrito a la autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en el aula.
De igual forma, se establecen responsabilidades similares para los padres y tutores, para los directores y supervisores, y para el personal que no es docente, pero que forma parte del plantel.
Destaca que, en el caso de los padres, la SEP recomienda estar atentos a los cambios de conducta repentinos y la comunicación constante con los docentes. En caso de una sospecha de abuso sexual infantil, se recomienda presentar por escrito las observaciones a la autoridad del plantel.
Para los directivos y supervisores, entre otras cosas, el documento recomienda mantener informados a los padres de familia sobre las acciones que las escuelas llevan a cabo en materia de prevención de abuso sexual, así como supervisión sobre la forma en que los docentes se relacionan con los alumnos.
El documento guía con el que las entidades federativas deberían de elaborar sus protocolos de actuación en casos de abuso sexual se limita a que se debe de notificar a las autoridades si existe un caso de abuso sexual.
De esta manera, no es claro lo que se debería de hacer cuando se detectó que el abuso sexual contra el menor ocurrió fuera de la escuela, y qué hacer cuando el hecho ocurrió al interior de la misma.
Si bien estas recomendaciones citan el artículo 12 de la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes donde se establece la obligación de todas las personas para hacer del conocimiento inmediato de las autoridades cuando se sepa sobre cualquier forma de violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las recomendaciones de la SEP priorizan la notificación a los directivos de la escuela, sugerencia que se da tanto a los padres de familia y tutores como a los docentes.
De acuerdo el procedimiento sugerido, la dirección de la escuela debe de establecer el canal de comunicación con las autoridades; sin embargo, si el abuso sexual ocurrió al interior del plantel educativo, este canal de comunicación podría verse afectado.
Por otro lado, esta serie de sugerencias para la elaboración de protocolos de las entidades federativas no hacen referencia a las líneas de trabajo que se deberían de seguir con los alumnos que fueron víctima de violencia sexual.
En este sentido, se establece que se deben de supervisar las actividades del menor involucrado cuando se encuentra en el plantel, así como la implementación de las “medidas recomendadas por el plantel que garanticen su integridad psicosexual y emocional”; sin embargo, no se menciona cómo ni bajo qué criterios se deben fijar estas medidas.
Los datos sobre la situación de la violencia sexual en los niños son escasos, ya que no se cuenta con estadísticas recientes que desvelen la magnitud de este problema.
Uno dato reciente que da una idea sobre la situación de violencia sexual es la información sobre lesiones y causas de violencia de la Secretaría de Salud, la cual permite conocer la atención que el sistema de salud brindó a los pacientes que han sido víctimas de violencia sexual.
De acuerdo con ello, del total de los pacientes que fueron víctimas de violencia sexual en 2018, el 36% eran menores de edad, es decir, cuatro de cada 10 casos de pacientes víctimas de violencia sexual tenían 17 años o menos.
Llama poderosamente la atención que durante el año pasado el sistema de salud atendió a 4 mil 84 pacientes menores de 17 años que fueron víctimas de violencia sexual; de este total, el 91% de las víctimas fueron niñas o adolescentes mujeres. En el 28% de las atenciones que se otorgaron, las víctimas refirieron que no era la primera vez que enfrentaban este tipo de violencia.
Otro dato relevante de los datos de la Secretaría de Salud es que en el 58% de los casos, el hecho fue calificado como violencia familiar, lo cual refiere que el agresor fue algún miembro de la familia de la víctima. En efecto, el lugar de ocurrencia del acto violento en el 68% de los casos fue la vivienda de la víctima.
Adicionalmente, la información de la Secretaría de Salud también refirió que en un 34% de los casos ocurridos en 2018, se tiene la certeza de que las víctimas no dieron aviso al Ministerio Público.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Salud, entre enero y febrero de 2019, se registraron 538 pacientes menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual: el 32% no dio aviso al Ministerio Público, y en el 27% de los casos no era la primera vez que los menores de edad se enfrentaban a la violencia sexual.
Estas cifras posiblemente se encuentren lejos de la realidad nacional, ya que es muy probable que en numerosos casos no se acuda a los servicios de salud ni se de aviso a las autoridades correspondientes.
Una prueba de ello, son los datos que publicó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en su sitio INFOSIPINNA, donde se reveló que, en 2012, un total de 39 mil 300 menores de entre 10 y 19 años fueron víctimas de abuso sexual, cifra que se encuentra muy por arriba de lo que en 2018 registró la Secretaría de Salud.
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