El sistema actual permite a los gobiernos excusarse por la “falta de recursos” para mitigar la pobreza, mientras las corporaciones evaden el pago de impuestos.
En 1992, cuando se veía poco probable que Bill Clinton le ganara las elecciones a George Bush (padre), su estratega de campaña acuñó una frase -que se convirtió en el eslogan de la campaña- y se popularizó como “es la economía, estúpido”. El objetivo era que la campaña se enfocara en cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos.
Hoy la frase forma parte de la cultura política. Y creo que se aplica muy bien a muchos contextos, incluidos los impuestos. Del año 2008 al 2014, tuve el privilegio de servir como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. En esta capacidad visité comunidades aisladas y empobrecidas de todas las regiones del mundo y me reuní con movimientos de base, representantes de personas que viven en situación de pobreza, organizaciones de la sociedad civil, académicos, así como los responsables nacionales e internacionales de políticas públicas.
Asimismo, durante el transcurso de estos años se hizo evidente para mí que uno de los mayores obstáculos para la realización de los derechos humanos, tanto los derechos económicos, sociales y culturales como también los derechos civiles y políticos es el sistema fiscal global.
De esta manera, el sistema actual permite a los gobiernos excusarse en una supuesta “falta de recursos” para no tomar ninguna acción transformadora que busque mitigar las pésimas condiciones de vida en que sobreviven quienes están en situación de pobreza. También permite a las corporaciones multinacionales aplicar toda su creatividad y recursos para buscar formas cada vez más complejas para evitar pagar lo que les corresponde de impuestos.
La agresiva manipulación fiscal de las multinacionales les permite eludir y evadir impuestos, facilitando que los mismos mecanismos se utilicen para el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales.
Estos abusos tributarios se presentan porque las reglas actuales permiten que las empresas, en vez de declarar sus beneficios en el país donde se generan, lo hagan en otro país que tiene una tasa impositiva más baja (o a veces nula).
El costo de estos abusos tributarios puede ser hasta de 240,000 millones de dólares anuales, según la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), pero algunos analistas estiman que la sola pérdida de los países en desarrollo ronda en torno a esa cifra.
Permitir estos abusos tributarios por parte de las corporaciones multinacionales se traduce en recortes a los servicios públicos esenciales y disminución del gasto en infraestructuras. Además, la carga de la recaudación fiscal recae sobre la ciudadanía, normalmente en forma de impuestos regresivos al consumo, como el IVA.
El aumento progresivo de los ingresos fiscales, cuando se hace de una manera compatible con las obligaciones de no discriminación e igualdad, permite a los países invertir en bienes y servicios públicos como la educación, la asistencia jurídica, los servicios de salud, las guarderías y los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros. Todos servicios que son fundamentales para el disfrute de los derechos humanos.
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Mientras, algunos expertos fiscales, abogados corporativos y responsables políticos buscan mantener las discusiones fiscales a puerta cerrada. Sabemos que estas discusiones tienen un impacto enorme en la vida del ciudadano común.
De esta forma, el sistema actual está alimentando los niveles históricos de la desigualdad, que afecta el disfrute de los derechos humanos, la cohesión social y las perspectivas futuras de crecimiento económico.
Por otra parte, la buena noticia es que cada día incrementa más el interés de la sociedad civil organizada en temas fiscales. Un ejemplo es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), donde desde el 2015 se ha promovido un debate público amplio sobre el actual sistema tributario internacional.
Así, es responsabilidad de todos continuar la presión para lograr un diálogo público inclusivo donde colectivamente se puedan buscar soluciones y comunicar los imperativos de un sistema fiscal más justo.
Hoy más que nunca los países deben hacer frente a los compromisos legales, sociales y éticos que han asumido. Esto les obliga a tomar todas las medidas a su alcance para asegurar que todos los habitantes puedan disfrutar de una vida digna, sin la opresión del hambre, la inseguridad económica y la falta de dinero para pagar por el acceso a la salud o por enviar a sus hijas e hijos a la escuela.
Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, estamos acá para recordarles a los gobernantes que sin impuestos justos no hay desarrollo.
Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).
Síguela en Twitter: @Magda_Sepul
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