El uso de la tecnología biométrica en programas sociales a menudo se recomienda para garantizar la eficiencia, ahorrar costos y combatir posibles fraudes.
Por Magdalena Sepúlveda
Los programas de asistencia social que incluyen las transferencias en efectivo, transferencias en especie, pensiones sociales y programas de alimentación escolar, contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad.
En las últimas décadas, la cobertura de estos programas de asistencia social, también llamados redes de seguridad social, se ha ampliado considerablemente en todo el mundo. Según el Banco Mundial , más de 2,500 millones de personas a nivel mundial se benefician de estos programas. Esta es ciertamente una buena noticia.
Su expansión ha ido de la mano con una fuerte presión por parte de las empresas privadas, donantes e instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, para que los gobiernos utilicen tecnología biométrica (como dispositivos de escaneo de iris y huellas dactilares, así como sistemas de reconocimiento facial y de voz), para identificar y verificar la identidad de los beneficiarios.
Sin embargo, existe un escaso debate público sobre los riesgos que el uso de esta tecnología supone para la privacidad y la protección de datos de los beneficiarios. La falta de atención a estos temas es un vacío que no debe pasar desapercibido; los programas de asistencia social procesan volúmenes significativos de datos, incluida información sensible como activos del hogar, estado de salud y discapacidades de los beneficiarios.
En México, los 55.6 millones de beneficiarios del Seguro Popular deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades. En Sudáfrica, los 17.2 millones de beneficiarios de programas sociales de transferencias en efectivo también.
La base de datos biométrica más grande del mundo, Aadhaar, en la India, cubre al 95% de los 1.25 mil millones de habitantes, y es obligatoria para acceder a varios programas de asistencia social. También se requiere proporcionar los datos biométricos para recibir asistencia social en otros países, entre ellos, Pakistán, Kenia, Botsuana, Namibia, Gabón, Paraguay y Perú.
Los datos biométricos almacenados en las bases de datos de los programas de asistencia social se pueden vincular fácilmente a otros sistemas, incluso con aquellos que no están relacionados con la protección social, como sistemas de marketing, o incluso con los sistemas informáticos de agencias de policías, migración e inteligencia.
La integración de sistemas de información, y la posibilidad de vincular esos registros a través de un identificador común (biométrico), es particularmente problemática en países sin marcos legales o institucionales de protección de datos personales. En aquellos países donde a pesar de la existencia de una ley y una agencia, su implementación es débil. Desgraciadamente, esta es la situación de la mayoría de los países donde los programas de asistencia social se han expandido en años recientes.
En Europa, para proteger la privacidad y protección de datos, la mayoría de los países no permite la integración de diferentes bases de datos. En cambio, en los países en desarrollo, donde se ha ampliado la cobertura de programas de asistencia social en años recientes, los gobiernos han cedido a la presión de establecer sistemas biométricos y de integrar ampliamente las bases de datos.
Nigeria, por ejemplo, busca emitir 100 millones de documentos de identificación electrónica biométricos; la base de datos de estos documentos se ha conectado a otras bases, incluidas las de las fuerzas del orden.
En un momento en que los gobiernos se enfrentan a una creciente presión para compartir información como parte de medidas antiterroristas y de control de la migración, la vinculación de datos confidenciales de protección social con bases de datos policiales de inteligencia (nacionales y extranjeros) constituye una amenaza a la privacidad y protección de datos de los beneficiarios, y también es un riesgo para su seguridad e integridad física.
Otro riesgo que presenta la falta de protección a la privacidad de los beneficiarios de programas sociales es la potencial divulgación de datos a terceros, lo que los expone a estigmatización, extorsión o chantaje.
En muchos casos, se les da a empresas privadas un acceso privilegiado a la información sobre protección social, incluyendo datos biométricos. Las autoridades de protección social y empresas privadas, como MasterCard, Visa o bancos privados, con frecuencia entran en acuerdos comerciales para lanzar las tarjetas inteligentes para los programas de asistencia social, o para aceptar el uso de estas tarjetas inteligentes en los comercios o en los cajeros automáticos.
Por ejemplo, en Sudáfrica los beneficiarios de programas sociales reciben una tarjeta de débito MasterCard. A menudo, tales acuerdos son confidenciales y el público no tiene acceso a sus términos.
Los riesgos de la falta de supervisión y protección en materia de bases de datos de programas sociales no son abstractos. Información reciente en medios de comunicación sugiere que estos riesgos están muy extendidos. En Chile, por ejemplo, los registros médicos de millones de pacientes, incluidos los de pacientes con VIH y mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, fueron expuestos públicamente durante casi un año.
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En los Estados Unidos , los políticos estigmatizaron a los beneficiarios de asistencia social basados en registros digitales conectados a las tarjetas de cajeros automáticos (ATM) que se utilizan para cobrar los beneficios.
En Sudáfrica, las empresas privadas utilizaron la información recabada a través de tecnología biométrica en programas sociales para incrementar las ganancias corporativas.
En la India, un periódico afirmó que sus reporteros pudieron acceder a la información privada de los ciudadanos indios luego de obtener acceso sin restricciones a la base de datos de Aadhaar.
Otro informe ha documentado cómo los números de Aadhaar con información financiera confidencial eran públicos en los sitios web de los gobiernos.
La rápida expansión de la tecnología biométrica en programas sociales está dando lugar a una gama de nuevas amenazas, incluida la vigilancia encubierta de los beneficiarios de estos programas. Avances en la tecnología de reconocimiento facial puede permitir la identificación de los manifestantes a través de la fotografía digital que se ha proporcionado a un programa de protección social.
Malta, por ejemplo, está considerando usar cámaras CCTTV con software de reconocimiento facial para frenar el comportamiento antisocial. La recopilación masiva de información a través de tecnología biométrica también alienta a los ciberdelincuentes y hackers a realizar estafas sofisticadas.
La falta de atención a la privacidad y protección de datos en los programas de asistencia social no debería ser una sorpresa. Estos programas tienen como objetivo beneficiar a los miembros más vulnerables de la sociedad, precisamente aquellas personas que se encuentran en desventaja a la hora de realizar reclamos relacionados con sus derechos.
El estigma arraigado y los prejuicios contra los pobres a menudo impiden que otros miembros más privilegiados de la sociedad comprendan los riesgos. Una percepción común es que los beneficiarios de programas sociales no merecen tener una protección de su privacidad y de sus datos.
Recibir beneficios sociales no constituye una renuncia a los derechos de la persona a la privacidad personal y la protección de datos.
Aunque a los ciudadanos que no se benefician de los programas sociales puede no preocuparles la forma en que estos procesan los datos personales de los beneficiarios, lo cierto es que es un problema que no se debe descuidar.
Es nuestro deber de plantear preocupaciones sobre los riesgos potenciales y la necesidad de que existan marcos legales adecuados para el uso de tecnología biométrica en programas sociales, así como autoridades de protección de datos con competencias y recursos y, como última línea de defensa, un poder judicial y medios de comunicación independientes.
Por último, si la situación de los más pobres no es de su incumbencia, lo cierto es que los riesgos que enfrentan los más vulnerables y desfavorecidos hoy pueden ser los riesgos que enfrenta una sección más amplia de la sociedad en el futuro.
Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).
Síguela en Twitter: @Magda_Sepul
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