De acuerdo con el INEGI, hay millones de hogares en los cuales se tienen dificultades para comer debido a la falta de recursos para adquirir alimentos; y en la inmensa mayoría de ellos, se tiene miedo de que se termine el dinero en sus hogares, y tener dificultades para poder comer lo mínimo para sobrevivir
En contraste, cada año se incrementa el número de defunciones anuales por “obesidad y otras formas de hiperalimentación”; es decir, se consumen tantos alimentos, que literalmente el organismo colapsa debido a la híper ingesta de alimentos que contienen altas cantidades de grasas y azúcares imposibles de ser procesados por el organismo.
En el 2016, se superaron los mil cien casos; y de continuar la tendencia, en el año 2030 estaríamos superando los dos mil casos anuales de defunciones por obesidad. A ellos, deben agregarse las otras defunciones asociadas al factor de riesgo del sobre peso: diabetes, por la cual fallecieron más de 100 mil personas en 2016; y las enfermedades hipertensivas e isquemias del corazón, por las cuales fallecieron más de 130 mil personas, también el año pasado.
La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT, resultados a medio camino, 2016), muestra que la incidencia y la prevalencia de obesidad y sobrepeso, en todos los grupos de edad, se sigue incrementando; y que el número de personas con diabetes en el país supera los 6.5 millones, a las cuales deben sumársele los casos que no han sido diagnosticados, y que podrían ser al menos uno, por cada uno de los casos confirmados.
No ningún sistema de salud en el mundo que pueda sobrevivir con tales indicadores en torno a la carga de la morbilidad y mortalidad. Y es que de lo que se habla sí es un problema de salud pública; pero sobre todo, depende de los llamados “determinantes sociales de la salud”; es decir, condiciones estructurales de pobreza, marginación, desigualdad, hábitos y estilos de vida, inaccesibilidad de alimentos, desestructuración de los mercados alimentarios, y un largo etcétera que hace de estos problemas verdaderos galimatías caracterizados por la complejidad y la multidimensionalidad.
De ahí que la malnutrición es un problema social y económico que, en el fondo, como lo mostraría Amartya Sen en la India, se vincula con las inequitativas relaciones de poder, económicas y sociales que prevalecen en la sociedad y que llevan a miles a padecer hambre y carencias.
Desde esta perspectiva, es importante señalar que, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud, el número de casos anuales de desnutrición leve han disminuido en los últimos cinco años, logrando que este padecimiento haya salido de las 20 primeras causas de morbilidad del país.
Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el número de casos atendidos por el sector salud por desnutrición severa, causa por la cual han llegado a atención médica más de 5 mil personas en los últimos cinco años; es decir, un promedio de alrededor de 14 casos al día de personas que enferman debido a la carencia de nutrientes suficientes en el organismo para garantizar su adecuado funcionamiento.
En el Congreso de la Unión se encuentra durmiendo “el sueño de los justos” una iniciativa de Ley General para regular el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, ya plasmados en el Artículo 4º Constitucional. Sin embargo, la cuestión no es parte de las prioridades legislativas; no al menos hasta ahora.
Aprobar esta iniciativa sería apenas un primer paso para avanzar en esta materia; y una vez más, estaríamos ante el reto de construir las políticas y programas adecuados para dar apropiado cumplimiento al mandato jurídico. Por ello urge contar con este marco jurídico; porque el hambre de las niñas y los niños no puede ser asumido como un asunto que pueda dejarse para pasado mañana.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 19 de octubre de 2017
