El 30 de abril el titular del Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el texto con la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual deberá ser analizado, discutido y, en su caso, aprobado para su implementación en el periodo que habrá de tener la presente administración.
Se trata de un documento sui generis, comparado con los anteriores: en efecto, desde el Plan Global de Desarrollo de 1980, pasando por el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 1982, y hasta el que estuvo vigente del 2012 al 2018, habían sido documentos estrictamente técnicos.
Tales documentos, debe decirse, fueron pasando de ser instrumentos rectores de la acción de gobierno, a meros documentos que tenían, si acaso, un carácter orientador, y cuya construcción obedeció más a ejercicios artificiosos de participación social, que al mandato constitucional de generar auténticos procesos de participación y diálogo público para definir las prioridades nacionales.
En la propuesta que se ha dado a conocer públicamente, se tienen en realidad dos documentos: uno, que constituye una arenga a la transformación nacional, emitida de manera personal por el presidente de la República. El otro, un texto deficiente en su estructura y contenidos que además, obedece a una visión meramente inercial y gradualista, que de hecho fue presentado como “anexo” al texto cuya autoría ha sido atribuida al Ejecutivo.
La planeación del desarrollo es uno de los instrumentos de mayor potencia para un gobierno, cuando se utiliza con inteligencia. Es así, porque de acuerdo con el texto constitucional, se trata del proceso mediante el cual debe materializarse el proyecto de Nación que está contenido en nuestra propia Carta Magna.
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Desde esta perspectiva, el Plan Nacional de Desarrollo debería ser un instrumento para convocar al país a la acción consensada en torno a todo aquello capaz de darnos acceso al mayor nivel posible de cumplimiento de los derechos humanos. Debería ser también un texto producto del consenso político, y también una síntesis de la pluralidad de visiones y aspiraciones del país.
La pregunta que debe plantearse al respecto es hasta dónde este documento cumple con ese propósito. Por eso el Congreso tiene la responsabilidad ineludible de discutir de manera mesurada, crítica y de cara al país, a fin de determinar si lo que está en ese documento realmente responde al mandato y sentido de la Constitución en esta materia.
Por ejemplo, en el llamado “anexo” del Plan Nacional de Desarrollo, en el indicador “E2.A”, Número de personas que salen de la situación de pobreza, definido como aquel que “Mide el número de personas en situación de pobreza, de acuerdo con la metodología multidimensional”. Se dice ahí que no hay línea base, y que la meta a lograr en el 2024 es que haya 20 millones de personas menos en esa situación.
Como puede verse, la meta es muy reducida: 3.3 millones de personas en pobreza menos por año; pero frente al crecimiento de la población, se antoja sumamente baja: ¿por qué plantear un número absoluto y no un relativo?
¿Por qué no plantear que en el año 2024 haya sólo un 20% de la población en pobreza? Esta sería una meta congruente con el planteamiento reiterado del Ejecutivo, relativo a que vamos a crecer a un ritmo promedio de 4% anual del PIB.
Por otro lado, aun cuando el presidente se comprometió públicamente a erradicar la pobreza extrema en su mandato, en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea que la meta al 2024 es reducir en 5 millones de personas el número de quienes viven en esa situación.
Según el CONEVAL, en 2016 había 9.4 millones de personas en esa condición, por lo que con la meta establecida, quedarían 4.4 millones de personas en pobreza extrema. Muy lejos de la meta de la erradicación que planteó el presidente y que, de crecer realmente al 4% anual, sería completamente posible hacerlo; y eso y mucho más.
La discusión en el Congreso debe incluir además un debate serio sobre los umbrales del bienestar; porque lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo sigue en la misma lógica de considerar mínimos que no garantizan condiciones de vida digna a toda la población.
Mario Luis Fuentes es investigador del PUED-UNAM. Síguelo en: @MarioLFuentes1
