Ningún país podría haber estado preparado para enfrentar la magnitud de la muerte que tenemos en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2018 se registraron en el país 35,964 homicidios intencionales: un promedio de 4.1 casos por hora.
Por disposición de Ley, cada asesinato obliga a que la autoridad “recoja” a los cuerpos y practique la autopsia a fin de determinar cuál fue la causa de la muerte, y con ello recabar elementos que permitan sancionar al o a los responsables del homicidio de la víctima.
La crisis de inseguridad y violencia que lastima a diario al país ha generado que en algunos estados de la República los servicios médicos forenses (SEMEFO) se hayan visto desbordados, tanto en su infraestructura, como en recursos humanos pues se estima que el número de médicos forenses que trabajan en los centros de los estados no rebasa la cifra de 450; mientras que el número de peritos especializados en identificación de cadáveres llega apenas a cerca de 650 expertos.
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Por ejemplo, de acuerdo con varias notas periodísticas, el número de cadáveres sin identificar en los centros de los SEMEFO oscila entre 6 mil y 20 mil; una cifra monstruosa pues implica que haya cuerpos que permanecen sin identificar hasta por cinco años en estos centros.
El filósofo Miguel de Unamuno decía que los seres humanos somos “animales guarda muertos”, y añadía que antes de construir templos y palacios, lo primero que hicimos fue edificar tumbas para guardar a quienes han partido. Eso está roto en nuestro país, y significa no solo una crisis institucional, sino también una crisis social inédita.
La idea de la muerte y la forma en cómo los mexicanos la enfrentábamos, fue magistralmente descrita y comprendida por Octavio Paz; sin embargo, esa forma de ver la muerte se ha modificado radicalmente en nuestros días, pues morir en México ya no es lo mismo, hay algo más que el hecho de perecer en miles de homicidios en los cuales las víctimas son desmembradas, incineradas o monstruosamente disueltas en todo tipo de ácidos.
Morir con dignidad implica que, al morir, los restos de quien fallece pueden ser llorados, despedidos, guardados por sus familiares o amigos. Pero acá es urgente preguntarnos críticamente ¿cómo se llora ante una cabeza desprendida del cuerpo; cómo se llora ante sólo pedazos de cuerpos tirados en la vía pública; cómo se despide a trozos de carne encontrados en las fosas del terror que se siguen encontrando por todas partes?
Lo anterior no es tremendismo, y las preguntas debemos hacérnoslas con toda seriedad, porque en ello nos va la forma en cómo nos definimos ante la muerte, pues necesariamente, lleva implícito el valor y la dignidad que intentamos otorgarle a la vida.
Atravesamos por un periodo auténticamente macabro, en el cual casi todo se ha frivolizado; casi toda idea de felicidad termina en una tienda, advierte el sociólogo Baumann, y con todo ello, incluso el mal y su práctica se han banalizado. El resultado es siniestro, muertos sin nombre, que son vistos como “meros cadáveres”, condenándolos al olvido perpetuo al despojarlos del aliento, pero también de su nombre y su memoria.
El presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno busca generar condiciones para la realización de la felicidad del pueblo; pero ésta no puede darse en medio de tanta violencia y de tanta maldad, al grado de tener miles de cadáveres olvidados, literalmente en proceso de desaparición total, porque de ellas y ellos no tenemos ni el nombre; sólo la carne trémula a la que le fue arrancada la vida de manera violenta.
Urge en consecuencia una respuesta institucional mayor; porque en ella debe cifrarse una respuesta contundente del Estado mexicano, que permita restituir la dignidad de la vida, y también el derecho de toda persona a un trato digno después de la muerte. Desde esta perspectiva, debe decirse: la transformación de la República no se concretará, sin lograr antes la reconciliación, la paz y la vida y muerte digna para todas y todos.
Sigue al autor en Twitter: @MarioLFuentes1
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