En una economía precaria, la contingencia ambiental merma los ingresos de quienes trabajan en la informalidad.
Las crisis ambientales generan enfermedades y muertes. Y eso no puede ser dejado en segundo plano. La prioridad número uno de los gobiernos se encuentra en garantizar la vida y el bienestar de sus ciudadanos; y en eso, se ha fallado históricamente.
En esa lógica, no es aceptable que eventos críticos, como la contingencia ambiental que vivimos estos días en la Ciudad de México, sean tratados como “pasajeros”. Debemos reconocer que en materia de contaminación todos somos responsables, pero aún más los gobiernos, pues son responsables de las políticas para su prevención y mitigación.
Debe reconocerse, además, que en una contingencia así, en una economía precaria, las personas que trabajan en la informalidad ven severamente menguados sus ingresos; y que los 200 o 300 pesos que dejan de percibir, son la diferencia entre satisfacer una o varias necesidades elementales, suyas o de sus hijos.
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Que en las condiciones de hacinamiento que hay en las viviendas muy probablemente se agudizan los eventos de violencia intrafamiliar; y que al mismo tiempo recrudecen, durante días, las condiciones de encierro y dificultades de movilidad para personas con discapacidad y adultos mayores.
Así, de acuerdo con los datos del VI Informe del Ejecutivo Federal 2012-2018, en ese periodo, la tasa de mortalidad infantil por enfermedades respiratorias en menores de 5 años, registró un promedio nacional de 17.6 defunciones por cada 100 mil niñas y niños en ese grupo de edad.
En contraste, en la Ciudad de México el promedio fue de 25.1 por cada 100 mil: considerando que en 2015 había 542,977 niñas y niños menores de 4 años en la Ciudad de México, anualmente estarían falleciendo, por la causa señalada, 136 niñas y niños.
Esto evidencia que las condiciones ambientales –los llamados determinantes sociales de la salud– están llevando a miles de niñas y niños a padecer enfermedades respiratorias agudas, y en no pocos casos, a fallecer por esta causa, la cual es, a todas luces, prevenible y evitable.
Este ejemplo debe llevarnos a repensar conceptos como el de la resiliencia de las ciudades; pues éste se ha entendido como la capacidad de anticipación y prevención ante eventos catastróficos con efectos masivos en un corto plazo; pero la evidencia muestra que hay desastres que se construyen de “manera silenciosa” y que igualmente provocan no sólo la pérdida de la vida de personas –en este caso de las niñas y niños más pequeños–, sino también la pérdida de condiciones de productividad y competitividad.
Por ejemplo, hay que plantear de manera seria, cuál es el costo económico para las familias que no tienen con quién dejar a sus hijos los días en que se suspenden las clases.
Hay casos –seguramente entre las personas de más bajos ingresos–, que tuvieron que faltar a trabajar; hay otros casos –entre clases medias y altas– en que se tuvo que pagar horas para la contratación de niñeras; y otros más, en los que la opción es llevar a las hijas o hijos al trabajo, con lo que eso implica en términos de transporte, alimentación y los riesgos de moverse en la vía pública.
Por eso es imprescindible discutir no sólo los mecanismos de financiamiento de las estancias y guarderías públicas, sino la inexistencia de un sistema integral de cuidados y promoción del sano y adecuado de niñas y niños, en el marco de un auténtico sistema integral para la garantía de los derechos de la niñez, del cual carecemos aún de manera consolidada y eficaz a nivel nacional, pero sobre todo en las entidades de la República.
Una contingencia como la que vivimos lleva inevitablemente a la cuestión de fondo: cómo construir un nuevo curso de desarrollo para la ciudad, en cuya estructuración integral estén considerados lo que expertas y expertos han denominado como los servicios ambientales: ¿cómo generarlos y promoverlos en espacios urbanos y densamente poblados como la Ciudad de México?
Es una cuestión sobre la que hay numerosos estudios, pero que no han sido traducidos en prácticas, no sólo ejemplares, sino generalizadas, para la transformación ecológica de nuestras ciudades.
Mario Luis Fuentes es investigador del PUED-UNAM. Síguelo en: @MarioLFuentes1
