(181025) -- CHIAPAS, octubre 25, 2018 (Xinhua) -- Personas esperan para cruzar el puente fronterizo entre Guatemala y MÈxico que se encuentra cerrado, en Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, MÈxico, el 25 de octubre de 2018. Miles de migrantes centroamericanos, principalmente hondureÒos, mantuvieron el jueves su paso por territorio mexicano en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Los migrantes, se empeÒan en buscar mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. (Xinhua/Francisco CaÒedo) (fc) (da) (vf)
La dinámica migratoria de Centro y Norteamérica se ha modificado radicalmente en los últimos dos años. Hay que decirlo así, porque pensarlo solo como un problema de México y, específicamente, del sur-sureste mexicano, constituye un error que impide pensar con claridad cuáles son las decisiones de política pública que deben implementarse en el corto y el mediano plazo para atender con eficacia y pertinencia la compleja problemática que se ha gestado, pero que continuará profundizándose en los próximos años.
El primer tema que es urgente resolver se encuentra en el ámbito de lo político: ¿cómo lograr que haya garantía de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes? y, al mismo tiempo, ¿cómo resolver el problema estructural relativo a la “porosidad” de nuestra frontera sur?
En efecto, de acuerdo con la información oficial, hay ocho cruces fronterizos formales entre México y Guatemala, en los cuales la presencia institucional mexicana ha sido mínima durante décadas.
Lo anterior ha permitido una política migratoria flexible en lo que se refiere al libre tránsito de personas, pero sumamente riesgosa en lo que respecta a la configuración de múltiples tráficos ilícitos, que van desde mercancías de todo tipo, hasta los tráficos de estupefacientes, productos robados, trata de personas, tráfico de autopartes y coches robados.
A lo anterior se suma la existencia de hasta 56 cruces “informales” que han sido reconocidos en diferentes informes públicos, cuya dinámica y control es literalmente “tierra de nadie”.
Esta compleja realidad ocurre en territorios con muy baja capacidad para garantizar derechos mínimos a las personas, tanto a quienes ahí viven como a quienes por ahí transitan y se internan al país. Por ejemplo, basta decir que en los 21 municipios fronterizos con Guatemala, la pobreza supera al 50% de sus poblaciones, teniendo el indicador más bajo en 56% y el más alto en 97 por ciento.
En esa lógica, es importante subrayar la fractura del Sector Salud en la región: baja cobertura, insuficiencia de equipamiento y de personal; e insuficiencia de infraestructura; todo ello de cara a una inédita intensidad migratoria de poblaciones, cuyas características son de alta incidencia de enfermedades infecciosas, de enfermedades prevenibles por vacunación, así como altos niveles de malnutrición.
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Por ejemplo, hay una alerta de ambientalistas locales que señalan que los subsidios que se otorgarán a través del programa Sembrando Vida pueden resultar regresivos no sólo en lo económico sino, sobre todo, en el ámbito ambiental, pues se pueden alterar los ecosistemas y agravar los efectos del cambio climático y pérdida de biodiversidad en el país.
La nueva realidad que se vive en la frontera sur está poniendo en tensión a la también nueva oferta de programas sociales de la Federación.
A esta complejidad de la dinámica migratoria y el incumplimiento de derechos, debe añadirse la que generan las características sociodemográficas de la región.
Por ejemplo, según los datos del último Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tabasco es la entidad con mayor proporción de población no creyente en el país y Chiapas es la entidad con mayor diversidad religiosa formalmente reconocida de México.
En Chiapas, además de la dinámica migratoria, se registran numerosos conflictos territoriales y comunitarios que han generado desplazamientos de pueblos enteros.
Así, también se encuentra el conflicto aún no resuelto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el cual se encuentra suspendido oficialmente el diálogo con el gobierno federal, así como numerosas disputas por el control del agua y la selva entre varios ejidos indígenas.
Desde esta perspectiva, se debe tener conciencia de que el despliegue de los miles de elementos de la Guardia Nacional en la región, se llevará a cabo en la lógica de “territorios ocupados”, tanto por férreos e ilegítimos intereses en algunos casos; como habitados por pueblos originarios que han sido marginados y agredidos históricamente.
Intervenir en aquella zona no será sencillo y por ello se necesita que el gobierno federal actúe con suma prudencia, literalmente con sabiduría, para evitar que la difícil situación que hoy se vive allá, se convierta en una crisis humanitaria.
Mario Luis Fuentes es investigador del PUED-UNAM. Síguelo en: @MarioLFuentes1
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