La discusión política que se desarrolla en un país está determinada, en una amplia proporción, por los temas que se abordan desde la tribuna pública. En el caso mexicano, esta discusión depende en buena medida de la cobertura que hacen los medios de comunicación respecto de la agenda presidencial y de quienes integran al Gabinete o tienen posiciones preponderantes en gobiernos locales como el Estado de México y la Ciudad de México, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.
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En un esquema presidencialista como en el que tenemos ahora, en el que la comunicación de la presidencia de la República tiene prácticamente como emisor exclusivo en el titular del Ejecutivo, el seguimiento de la agenda se hace aún más complicado porque, además, el modelo de comunicación a través de conferencias de prensa diarias complica la determinación de los asuntos prioritarios para el país no habiendo una sustancial discusión política.
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Lo anterior se debe, sobre todo, a que no hay criterios claros para establecer con claridad cuáles son las prioridades de mayor peso. En efecto, en las conferencias matutinas se habla con el mismo peso y relevancia desde canciones populares, del trabajo que llevan a cabo medios de comunicación y periodistas, de la construcción de obra pública de todas dimensiones, de posiciones ideológicas que al presidente le interesa defender, o de la posibilidad de impulsar o no determinadas reformas constitucionales o legislativas.
Todo en un mismo espacio, todo en un mismo nivel discursivo, todo en una misma línea de jerarquización que impide una discusión ordenada, y un diálogo fructífero entre los diferentes actores que son relevantes para la vida de la República; hoy reina lo que podría bien calificarse como el mar de las confusiones.
En este deliberado desorden informativo, particularmente los medios de comunicación tienen un espacio de oportunidad que no se ha aprovechado suficientemente para contribuir a una discusión política seria sobre los problemas estructurales de nuestro país, y cuya solución es de tal magnitud que su construcción debe plantearse en un horizonte de dos o tres décadas.
Los medios de información, debe recordarse, son entidades de interés público. Porque tienen la responsabilidad de contribuir al debate democrático y en torno al cumplimiento universal de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, hay una ventana de oportunidad para abordar, no sólo los temas que están planteándose desde la presidencia; no sólo en torno a lo que se está haciendo de manera errónea; sino, ante todo, visibilizar todo aquello que se está dejando de hacer y que tiene implicaciones presentes y futuras de enorme envergadura.
Frente a la vorágine de las redes sociales, la instantaneidad de la información y la ligereza en el tratamiento de los temas, los medios de comunicación, cuya tarea ofrece la garantía de la profesionalidad del ejercicio periodístico, pero también de la capacidad de análisis y la reflexión mesurada en torno al país que merecemos ser.
Frente a ello, es importante subrayar que no debemos caer en el error de pensar que de hecho no hay ya espacios desde los cuales se construyen ideas, propuestas y, de hecho, visiones de país; emblemáticamente, la UNAM y otras Universidades públicas e instituciones de educación superior presentan constantemente documentos que, por distintas razones, no han logrado ser eje de la discusión pública; y ello muestra la necesidad para el país, de intensificar el diálogo entre estos espacios, pero también los de la sociedad civil, con los medios de comunicación y las nuevas estructuras de debate público, como son las redes sociales.
Pensar a México, con la responsabilidad, mesura y prudencia que se requiere, es una tarea ineludible; y hoy tenemos el reto de reflexionar cómo hemos de construir la memoria, de lo vivido, pero también de lo pensado en nuestros días. Como pensaría Octavio Paz, estamos ante el desafío de construir las pequeñas crónicas de los grandes días y dar cuenta precisa de lo que somos y de lo que queremos ser.
Investigador del PUED-UNAM
