La garantía plena del derecho a la salud, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, relativos a que todo ser humano debe tener acceso al máximo nivel de disfrute de la salud, sigue siendo uno de los grandes retos, no solo de esta administración, sino del país en general, pensando desde la urgencia de construir un proyecto de cohesión social de largo plazo.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
A lo largo del siglo XX, comenzó a plantearse en distintos países la tesis de que uno de los factores que en mayor medida pueden cohesionar a sociedades masivas, es la seguridad de que se está protegido contra las amenazas prevenibles en el medio en que uno crece y se desarrolla; y por ello se consideró que poderosos sistemas de salud y seguridad social debían ser la base de la cohesión y la identidad en varios países.
En esos planteamientos, destaca sobre todas las cosas que el enfoque predominante de atención a la salud debía sustentarse en la prevención de las enfermedades y a partir de ello, garantizar la detección temprana de males que pueden ser curados a controlados a partir del tratamiento oportuno. Y ese es precisamente uno de los factores que no se han materializado en los diferentes modelos de salud, desde la creación de la Ley General de Salud, promulgada hace ya casi 40 años.
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Un enfoque preventivo de la salud implica, en primer término, que haya personal médico y auxiliar, así como consultorios y camas de hospital disponibles en cantidad suficiente y con la capacidad de atención digna de forma universal y oportuna. Y en ello tenemos indicadores más que preocupantes.
En el número de médicos por cada mil habitantes, el IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, presentado el 1 de septiembre, indica que no ha tenido ninguna variación entre 2018 y 2022. En efecto, para el primer año reporta 2.6 médicos por cada mil personas, lo mismo para 2019; un descenso a 2.5 en 2020; y de nuevo 2.6 para el 2021, con una proyección de 2.7 para el 2022. Es decir, a pesar de la propaganda gubernamental, sus propios datos indican que no se ha tenido ningún avance real en la disponibilidad de personal médico en el país.
Por otra parte, en el número de camas de hospital disponibles hay una sensible caída, considerando que ya antes de esta administración eran evidentemente insuficientes. Así, se ha pasado de un indicador de 2.9 camas disponibles por cada mil habitantes en 2018, a 2.8 en 2019; nuevamente a 2.96 en el 2020, pero a sólo 1 por cada mil personas en el 2021, y con una proyección de 1 para el 2021.
Recientemente hubo una crítica, iniciada desde el gobierno de la República, para destacar el enorme porcentaje de personas que se atienden en consultorios privados y en consultorios adyacentes a farmacias. Pero el indicador oficial en esta materia explica en buena medida por qué ocurre así: del 2018 al 2020 se reporta la disponibilidad de un consultorio por cada mil habitantes; pero para el 2021 se da una caída a sólo 0.7 y se tiene una proyección de 0.8 para el cierre del 2022.
Esto tiene como consecuencia una caída severa en el número de consultas externas. Pues mientras que en 2018 y 2019 el número fue de 2,312 y 2,237 consultas por cada mil habitantes, en 2021 cayeron a 1,618 y a 1,291, respectivamente. Todos datos contenidos en el Informe oficial del Gobierno de la República.
Los retrocesos en lo social son inadmisibles, porque violan el principio de progresividad contenido en el Artículo 1º de nuestra Carta Magna. Y por ello el Congreso de la Unión deberá ser sumamente responsable en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2023; porque más austeridad en este rubro, implicará más enfermedad y más muerte evitable. Y eso debe terminar ya.
Investigador del PUED-UNAM
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