por Thomas Wissing
Situación laboral en el mundo
Hace un mes, la Organización Internacional del Trabajo, junto con la OCDE, presentó a los Ministros de Trabajo de las 20 economías más importantes del mundo, reunidos en Melbourne, Australia, un informe sobre la situación del trabajo en el mundo. Bajo el título “Mercados laborales del G20: perspectivas, principales desafíos y respuestas políticas” (I), el informe pinta un escenario poco optimista. Constata que existe un grave déficit en el número y la calidad de los empleos creados en los países del G20 y que este déficit está afectando las perspectivas de revitalizar la recuperación económica.
Con más de 100 millones de personas aún desempleadas y 450 millones de “trabajadores pobres” que viven con menos de dos dólares al día, el débil rendimiento del mercado laboral amenaza la recuperación económica. Sin poder adquisitivo y consumo no hay incentivo para inversiones y los altos niveles de subempleo y de informalidad están afectando la producción actual y la productividad futura. Recientemente, el FMI expresó su preocupación por el impacto de la lenta recuperación del empleo para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico.
El informe de la OIT y OCDE también destaca que, en muchas economías, los salarios reales han quedado estancados o incluso disminuyeron. En todo caso, el crecimiento de salario ha sido significativamente inferior al crecimiento de la productividad. Esta desarticulación entre productividad y salarios explica en gran medida que la brecha de los ingresos laborales permanece alta o ha aumentado.
Retos laborales en México
Como país miembro del G-20, México enfrenta retos similares y su mercado laboral está caracterizado por marcadas desigualdades. Si bien las reformas estructurales aprobadas durante los últimos dos años tienen el potencial de incentivar la creación de empleo formal en el sector energético, de servicios logísticos, financieros e informáticos, de telecomunicaciones, del sector minero, automotriz y turístico, también es cierto que persisten rezagos estructurales del mercado laboral que dificultan una traducción automática de las reformas en empleo de calidad y que, por lo tanto, requieren de políticas específicas.
El país cuenta con una población económicamente activa de unas 52 millones de personas. De ellos, sólo un 5% está desempleado, pero casi un 60% no tiene un empleo formal, es decir, 30 millones de mexicanos y mexicanas trabajan en talleres y negocios familiares, en el comercio ambulante, en el trabajo doméstico o con contratos de servicios en empresas formales y gobiernos. Una parte de estas actividades incluso es de carácter ilegal (venta de mercancía robada, piratería, contrabando, crimen organizado, etcétera), mientras la mayor parte son actividades productivas que se realizan sin el debido registro fiscal, sin pleno pago y acceso a la seguridad social y sin garantías de prestaciones y derechos laborales.
México todavía cuenta con un “bono demográfico”, es decir, con un gran número de trabajadores jóvenes que entran al mercado laboral y generen aportaciones a los sistemas de seguridad social y pensiones. Sin embargo, es previsible que, en pocos años, esta relación se invertirá y que serán cada vez menos trabajadores activos los que deben asegurar las pensiones de cada vez más trabajadores ya egresados de la vida laboral activa. Preocupa, en particular, que la educación ya no genere movilidad social y mejores oportunidades de trabajo e ingreso a quienes hayan realizado estudios universitarios. El perfil profesional de los jóvenes en muchas ocasiones está ajeno a las expectativas concretas de las empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones sociales, además de no se les proporcione oportunidad idónea de adquirir experiencia práctica. Al mismo tiempo, todavía hay unos 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan; una tercera parte de ellos en edades prohibidas por la Ley Federal del Trabajo y casi otra tercera parte en edad legal, pero en trabajos calificados como peligrosos por el Art.176 de la misma Ley.
No es casualidad que 3 de cada 4 de los jóvenes que no estudian ni trabajan sean mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población ha documentado el impacto dramático del embarazo adolescente para las perspectivas de desarrollo educativo, profesional y salarial (II). En adición, muchas mujeres (y también hombres) jóvenes en edad reproductiva no encuentran oportunidades de combinar de manera satisfactoria sus responsabilidades familiares con el desarrollo profesional. El INEGI estima que el valor del trabajo no remunerado en la economía del cuidado –casi en su totalidad asumido por mujeres– equivale al 22% del PIB (III). Se pierde así un enorme potencial creativo y productivo de millones de personas (en su mayoría mujeres) que, bien aprovechado, podría contribuir a impulsar el desarrollo económico del país y la igualdad de oportunidades.
Durante los últimos 20 años, la productividad laboral ha crecido a un ritmo muy lento y los incrementos no se han reflejado en mejoras salariales sustantivas. En consecuencia, el Producto Interno Bruto ha crecido a una tasa promedio de 2.4% por año, lejos de ser suficiente para recuperar los empleos perdidos durante la crisis de 2008-2009 e integrar además a las 800 mil personas, en su mayoría jóvenes, que cada año buscan un empleo. El mercado interno no es suficientemente dinámico para generar el número y la calidad de los puestos requeridos. Las exportaciones están concentradas en un muy reducido número de empresas grandes que, en su mayoría, no impulsan el desarrollo de pequeñas empresas nacionales en cadenas de valor. Además, se requiere de un mayor volumen de inversiones, sobre todo con alto coeficiente de generación de empleo. La sobreoferta existente de mano de obra en muchas ocupaciones –en niveles de bajas y altas competencias laborales– se resuelve principalmente mediante una incorporación al mercado laboral en condiciones de depresión salarial o informalidad.
Finalmente, el calentamiento de la atmósfera, el cambio climático, la sobreexplotación de ecosistemas y recursos naturales y la contaminación irreversible de aire, agua, suelos y subsuelos exigen un cambio de paradigma hacia una economía basada en el uso de energías renovables, una mayor eco-eficiencia y modelos de producción limpia. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, estima que el costo de la degradación ambiental en México ya ha rebasado el 7% del Producto Interno Bruto. La transición hacia una economía “verde” tiene implicaciones también para el mercado laboral, para los perfiles ocupacionales y los programas de formación profesional que acompañen este proceso con la creación de “empleos verdes”.
En síntesis, la inclusión laboral, la formalización del empleo, la recuperación del salario y una mayor igualdad de género son retos principales para superar las desigualdades existentes y transitar hacia una economía sostenible de alto valor agregado, capaz de generar más y mejores empleos, ingresos y cohesión social. Estos retos exigen una respuesta articulada para instrumentar políticas públicas eficaces de trabajo decente.
El trabajo decente en el centro de las políticas
En la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, los mandantes de la OIT adoptaron el concepto de “trabajo decente” o “trabajo digno” como la aspiración de los hombres y mujeres en todo el mundo a un “trabajo productivo y justamente remunerado que se ejerce en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana” (IV). En otras palabras, un trabajo que produzca un valor para la empresa o la sociedad en su conjunto; un trabajo que genere un ingreso laboral proporcional al esfuerzo y por lo menos suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia; un trabajo libremente elegido dentro de las características del mercado laboral; un trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna; un trabajo con condiciones seguras de trabajo y acceso a la seguridad social; un trabajo con plena garantía de los derechos humanos y laborales y acceso efectiva a la justicia laboral.
En la encuesta “El mundo que queremos” que la ONU ha realizado para definir los temas prioritarios de una agenda internacional de desarrollo más allá del años 2015, de 1.3 millones de participantes alrededor del globo, casi 700 mil manifestaron que su prioridad eran “mejores oportunidades de trabajo”, con lo que la aspiración a un trabajo decente quedó casi con el mismo número de votos como mejores servicios de salud, sólo después de “una buena educación”. El Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, reformada a finales de noviembre de 2012, refleja esta preocupación e incorpora el “trabajo decente” por primera vez explícitamente en el cuerpo de leyes del país. ¿Qué significa este hito para la agenda de políticas públicas en la materia?
Necesidad de un cambio de paradigma
La creación de empleos de calidad y de un crecimiento sólido y equitativo son dos objetivos entrelazados. El trabajo decente no sólo es el resultado colateral del crecimiento de inversiones. La creación de empleos productivos y mejor remunerados también representa una política efectiva para impulsar el crecimiento económico. Por lo tanto, el empleo debe adquirir una dimensión central de las políticas laborales, hacendarias y económicas, sociales y educativas, agrícolas y de infraestructura. Derivado de la articulación de estas políticas bajo el objetivo de creación de más y mejores empleos, se puede construir una agenda de políticas transformadoras, transgeneracionales e inter-secretariales que contemple, sin ser exhaustiva, por lo menos el siguiente “decálogo” de elementos, con la formalización del empleo, como eje articulador:
En este sentido, el Informe del Director General de la OIT a la XVIII Reunión Regional Americana que se celebró en Lima, del 13 al 16 de octubre pasado, advierte que “para ser eficaz, el diálogo requiere actores representativos, con conocimiento técnico sobre los temas de agenda y una voluntad política para entrar en el proceso de diálogo y cumplir los acuerdos logrados” (V).
Referencias:
I. http://www.ilo.org/global/aboutthe-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_305935/lang–es/index.htm
II. UNFPA: Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo adolescente; Informe Mundial 2013; http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/SPSWOP2013.pdf
III. INEGI: Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en México 2003-2011; http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/doc/cstnrhm_b08.pdf
IV. Memoria del Director General: Trabajo decente, 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra 1999; http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
V. “Las Américas ante los retos del siglo 21: empleo pleno, productivo y trabajo decente”, Informe del Director Regional, Decimoctava Reunión Regional Americana, Lima, Perú, 13 al 16 de octubre de 2014; http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/americas/amrm-18/lang–es/index.htm
| Thomas Wissing Director de la Oficina de Países de la OIT para México y Cuba. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Bonn y Maestro en Desarrollo Económico y Social del Instituto Alemán de Desarrollo, con una especialización en Desarrollo Económico Local por el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turin, Italia. Es Especialista en Cooperación Internacional, y en Planeación y Administración de Proyectos, con 19 años de experiencia en América Latina, principalmente en México. |
