México es un país que, en materia de infraestructura urbana está muy lejos de estar siquiera “en obra negra”. El equipamiento de los espacios públicos es más que insuficiente; el que existe es de mala calidad, y en no pocos casos, se encuentra deteriorado, envejecido o es ya simplemente obsoleto.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Hay muy pocos espacios óptimos para que las personas puedan convivir. Y es que, si algo ha estado ausente a lo largo de las décadas, es una adecuada planeación democrática del desarrollo territorial y urbano. Como resultado, caímos en la trampa de asumir hipótesis catastróficas para la convivencia social y para el medio ambiente: por un lado, que las ciudades debían diseñarse para el tránsito vehicular; y por el otro, que el pavimento era sinónimo necesario del “progreso”.
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Planear con un enfoque democratizador del territorio implica poner en el centro de la reflexión cuáles son los estándares requeridos para facilitar y promover una vida digna para sus habitantes; y en esa medida diseñar las estrategias requeridas para una gobernanza democrática de los territorios como espacios de construcción y promoción de la ciudadanía.
Enfrentamos pues un fenómeno doble: las calles no son espacios ni seguros ni de habitabilidad deseable para la inmensa mayoría de las personas; y eso obliga a que las personas se retraigan de estar en los espacios que son de todos; al retraerse, las personas tienen que refugiarse en sus viviendas, las cuales, en la mayoría de los sectores de ingresos medios y bajos, son a todas luces inapropiadas en términos de equipamiento y calidad de los espacios.
Lo anterior sin considerar la ausencia total de un diseño inteligente de las ciudades, en el cual hay una ruptura total en términos de armonización de la posibilidad de tener una vivienda digna y al mismo tiempo tener acceso a un empleo también digno en espacios de proximidad razonable en términos de distancia y tiempos de traslado, respecto de la casa en que se habita.
El resultado es el peor de los mundos: viviendas que imposibilitan construir hogares, no en un sentido estadístico, sino en el sentido amplio de relaciones armónicas y de convivencia para la paz, el cuidado mutuo, la responsabilidad y relaciones afectivamente sanas; en entornos que son tremendamente hostiles a las personas, no sólo por las condiciones de inseguridad, sino por un entorno físico que propicia y facilita el desorden y la violencia.
Para dimensionar lo anterior es importante pensar en las implicaciones de la insuficiencia de infraestructura mínima, por ejemplo, de alumbrado público. Según los datos del INEGI, en el 2020 había 1,482,785 manzanas urbanas en todo el país; de ellas, en 268,962 no existía alumbrado público en ninguna de sus vialidades; mientras que, en 1,012,240 al menos alguna de sus calles no disponía de este servicio público.
No hace falta ser una experta o experto en seguridad pública para saber que eso es lo que necesita una persona que se dedica al robo. Un momento de oportunidad en una calle oscura en que alguien camina, anda en bicicleta o incluso circula en automóvil. Dicho en términos llanos, en el país al menos el 86.5% de las manzanas podrían representar un espacio de oportunidad para quienes delinquen.
Para acreditar lo anterior es importante decir que el análisis de regresión explica significativamente a la tasa de robo a transeúnte en vía pública o en espacios públicos mediante el porcentaje de vialidades sin alumbrado público en las entidades federativas. En ese análisis, debe profundizarse en materia de presencia policiaca, estrategias de seguridad pública, etc., pero sin duda ya es indicativo el hecho de que ambas variables estén relacionadas de manera importante, estadísticamente hablando.
En ese sentido, es importante destacar que hay 10 estados del país donde al menos alguna de las vialidades de sus manzanas urbanas carece de alumbrado público; los que tienen los peores datos, en orden descendente son: Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Morelos, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Nayarit; Durango y Guerrero. Hay además 21 entidades donde el porcentaje se ubica entre 80 y 90%; y solamente dos entidades con indicadores por debajo del 80%, pero que ambas rebasan el 70%.
A lo anterior debe agregarse que hay en el país más de 420 mil manzanas en las que alguna de sus vialidades carece de baqueta y más de 410 mil donde se carece de guarniciones; mientras que en más de 250 mil alguna de sus calles carece de pavimento.
De esta forma, con base en los criterios de la Declaración de Pretoria, en el Censo del 2020 el INEGI estimó que los estados con los peores porcentajes de manzanas sin banquetas eran: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Durango, Puebla, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí.
Por su parte, los de peores datos de porcentaje de manzanas sin recubrimiento en las calles son: Baja California Sur, Durango, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Baja California y San Luis Potosí.
Todo lo anterior debe comprenderse en un entorno de enorme desigualdad territorial en el país; y que las grandes ciudades, sobre todo las megalópolis, constituyen espacios con enormes diferencias, brechas y disparidades. Asimismo, debe considerarse que los datos del Censo reportan la presencia de alumbrado público o de banquetas; pero no las evalúa en su calidad, por lo que la realidad es sin duda mucho peor de lo que puede dimensionarse con estas cifras.
Es evidente que llevar alumbrado público, o construir banquetas y pavimentar calles en todo el país implica un esfuerzo mayor, y que por sí mismo es un factor que no erradicaría la inseguridad, pues ello implica redes comunitarias, estrategias de participación, sistemas de alerta y videovigilancia, etc., además del enorme reto energético y ambiental que impone; pero es precisamente por esa complejidad, que es urgente revisar y replantear lo que se viene haciendo porque es evidente que los resultados muestran que vamos por una de las peores rutas posibles.
La reflexión en torno al impacto que tiene el caos urbano en las condiciones de violencia es urgente par aun país con el nivel de incidencia delictiva que se registra año con año. Clara Jusidman y otras expertas y expertos, han documentado en diferentes espacios territoriales, que el desorden urbano tiene un peso muy importante en la determinación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y niños. Y son precisamente esas variables las que se han mantenido ausentes del debate, pero, sobre todo, de los espacios de planeación, diseño y mantenimiento de la infraestructura urbana.
A nuestro país le urge retomar un enfoque que fortalezca al federalismo, en el sentido de que los estados y municipios deben disponer, no sólo de mayores recursos económicos, sino, ante todo, de mayores capacidades para construir Ciudades, así con mayúscula, es decir, espacios territoriales donde se construye Ciudadanía que no puede significar otra cosa sino relaciones comunitarias sustentadas en la garantía universal e integral de los derechos humanos para todas y todos.
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