Políticas públicas en favor de una maternidad digna

De cara al 10 de mayo, no puedo evitar algunos pensamientos. Como madre me he enfrentado a muchos desafíos, uno de los más importantes ha sido encontrar un trabajo que me permita compaginar mi desarrollo profesional con mi deseo de ser una mamá presente en el desarrollo y crecimiento de mis hijas. Como muchas madres, siento mucha culpa cuando me pierdo algún momento importante, o cuando no puedo dejar o recoger a mi hija en la escuela. Sé que mi experiencia en la maternidad es una de millones, por ello considero que es necesario revisar nuestras políticas públicas en favor de las familias y las crianzas efectivas, cariñosas y presentes, bajo enfoques de justicia y equidad.

Escrito por: Blanca Elena Gómez García

Según datos de INEGI, en 2020 había 35.2 millones madres en México, de este total siete de cada diez mujeres de 15 años y más reportaron ser madres. En promedio, las madres mexicanas tienen 2 hijos o hijas. El 48% de las madres en el país reportaron estar casadas, 23% vivían en unión libre, 10% eran viudas, 9% informaron estar separadas, 7% eran solteras y 3% estaban divorciadas. El 57% de las madres mexicanas cuentan con educación básica, 19% habían cursado educación media superior, y 17% tenían educación superior.

En términos laborales 41% de las madres en México pertenecen a la población económicamente activa, mientras que el 59% restante no forma parte del mercado laboral. Respecto a la ocupación laboral de las madres mexicanas 63% reportaron ser empleadas u obreras, 26% trabajaban por cuenta propia, 4% eran ayudantes con pago y únicamente 3% reportaron ser empleadoras.

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Según el reporte “Radiografía de las madres en la economía” realizado por el IMCO, el 50% de las mujeres con uno o dos hijos trabajan en la informalidad, mientras que 87% de las mujeres que tienen más de seis hijos lo hacen. La tendencia anterior, demuestra que independientemente del grado académico de estudio, las madres privilegiamos el tiempo que requerimos para los cuidados por sobre el sueldo e incluso la realización, aunado a lo anterior, esta tendencia responde a la falta de políticas públicas en favor de la maternidad. Contrario a otros países de America Latina como Chile y Uruguay, no existen directrices de política pública que obliguen a los empleadores a proveer espacios de cuidado como guarderías al interior de los centros de trabajos, incluso tampoco se establece una normatividad que indique la responsabilidad del empleador en la provisión de financiamiento y facilidades para el cuidado adecuado de los hijos de sus trabajadoras.  

Si bien, existen escuelas de tiempo completo, muchas veces los tiempos de estancia de los niños en ellas no corresponde a las jornadas laborales de las madres y padres, esto ha obligado a trasladar la responsabilidad del cuidado a otros miembros de la familia, como los abuelos, vulnerando más a un sector vulnerable en si, frente a la falta de recursos para contratar servicios alternos que permitan complementar el esquema de cuidado de las y los niños. Por su parte, el derecho de estancia en guarderías se encuentra vinculado al acceso a servicios de seguridad social, mismos que a su vez dependen de la vinculación laboral formal de las madres, la cual, como ya vimos es baja en el caso de las madres trabajadoras en México. De esta forma, la precariedad laboral, impulsada por la necesidad de tener flexibilidad de tiempo para el cuidado de los hijos, a su vez determina la falta de acceso a la seguridad social, ha perpetuando un ciclo que además tiene implicaciones en el desarrollo integral de las infancias. Es necesario reconocer que se requiere un enfoque de equidad en el diseño de la política pública en la materia, que contemple la necesidad de tiempo para crianza efectiva y afectiva.

Existen buenas prácticas de política pública en la materia en América Latina, debemos voltear hacia el Sur para ampliar nuestra visión en torno a las políticas integrales en favor de las familias y el cuidado presente, amoroso y bajo un contexto de equidad y justicia. Un caso emblemático en la materia es el de las Salas Cuna en Chile, este derecho a los cuidados de la primera infancia ha ido evolucionando desde la primera década de los 1900 hasta nuestras fechas. Las Salas Cuna no solo garantizan diversos derechos, como el de la alimentación y la educación a los niños más pequeños, sino que brindan oportunidades a las madres para su desarrollo profesional y para ejercer su derecho de ser madres presentes en el proceso de crecimiento de sus hijos. En su funcionamiento, el Estado juega un papel primordial, pero no solo como financiador, sino como rector de la hoja de ruta para que los empleadores sean corresponsables en garantizar el correcto funcionamiento de este servicio.

No debemos perder de vista que una simple política de guardería no es suficiente para promover y garantizar el derecho a una maternidad digna, debe incluir políticas integrales, como, por ejemplo, la combinación de trabajo presencial con jornadas a distancia o home office, horarios específicos para madres y padres en favor de la democratización de las familias. No cabe duda que hay mucho por hacer y días como éste en el que celebramos a las madres brindan espacios propicios para recordarlo y dejarlo sobre la mesa para futuras discusiones.

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