Imagen tomada del sitio www.coneval.org.mx con fines estrictos de divulgación
Durante el año 2020 la actividad económica en México experimentó una fuerte caída inducida por la crisis sanitaria/económica que desató el SARS-CoV-2. La pandemia tuvo amplias repercusiones sociales en general, y sobre las condiciones de vida de la población y la pobreza, en particular. De acuerdo con las cifras oficiales de pobreza multidimensional dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)[1], de modo que entre ambos años se agregaron 4.3 millones de personas que no tuvieron el dinero necesario para satisfacer sus necesidades y fueron vulnerados 1 o 2 de sus derechos sociales incluidos en la medición oficial (educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y alimentación)[2].
Escribe: Fernando Cortés Cáceres**
Cifras proporcionadas por el mismo CONEVAL señalan que la disminución sistemática del porcentaje de personas en condición de pobreza extrema en el año 2010 alcanzaba al 11.3 por ciento de la población, disminuyó a 7.4 por ciento en 2018, y entre este último año y el 2020 se elevó a 9.2 por ciento. El crecimiento en estos dos años fue 2.4 millones de personas en situación de pobreza multidimensional extrema. Se encuentran en esa situación porque tuvieron ingresos tan magros que no les permitieron satisfacer sus necesidades de alimentación y, además de ello, sufrieron tres o más carencias en los seis derechos considerados en la medición.
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Al centrar la atención sobre las dos dimensiones[3] que considera el índice oficial de la pobreza, se observó que el alza se observó que el alza fue impulsada por la caída de los ingresos de los hogares a consecuencias del paro económico, y por el aumento en la carencia por acceso a la salud originada por el inusitado crecimiento de la demanda por servicios médicos.
En el ámbito del bienestar, entre los años 2018 y 2020, la pobreza por ingresos pasó de 48.8 a 52.2 por ciento respectivamente. Este aumento en la prevalencia significó que 4.4 millones de personas adicionales estuviesen en la situación de pobreza. La pobreza extrema por ingreso, que ascendía a 16.8 por ciento en 2018, se elevó a 20.3 en 2020; este aumento se tradujo que en el bienio tuviera lugar un crecimiento de 4.8 millones de personas conformando así un contingente de 25.9 millones de mexicanos cuyos ingresos no les permite adquirir la canasta de alimentos crudos.
El acceso a la salud se considera como carentes a todas aquellas personas que no están inscritas en un Instituto de Salud Pública como son el ISSTE, el IMSS, tanto federales como estatales, o no tiene derecho a los servicios médicos de Pemex, Defensa Nacional o Marina, o si la persona no cuenta con otros servicios médicos (por ejemplo, privados) o no tiene Seguro Popular[4].
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La prevalencia de la carencia en salud mostró un marcado descenso entre 2008 y 2016. En el primero, 2008, fue de 38.4 por ciento y alcanzó el mínimo de 15.5 por ciento en el año 2016. En 2008 había 42.8 millones de personas que no tenían acceso a la salud, cifra que se había reducido a 15.5 millones de personas en 2016. El espectacular avance en la cobertura de la salud, que en gran medida se debió a la expansión del seguro popular, se detuvo entre 2016 y 2018: la prevalencia aumentó levemente a 16.2%, es decir, 0.7% respecto a 2016 y el número de personas carentes de salud alcanzó los 20.2 millones, equivalente a 900,000 mexicanos más.
Pero en el 2020 el porcentaje de personas sin acceso a la salud fue de 28.2 por ciento, lo que significó una elevación de 12 puntos porcentuales con respecto a 2018. En tan solo dos años México sufrió un retroceso de tal magnitud que lo retrotrajo a un valor similar al de una década atrás, en efecto, en el año 2010 el 29.2 por ciento de la población no tenía cobertura en salud.
La reversión del esfuerzo que sostuvo el país desde que inició el cálculo de la medición multidimensional de la pobreza (cuya primera cifra está datada en 2008) registrado en el bienio 2018-2020 se debió a: (i) la eliminación del Seguro Popular (ii) su reemplazo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en construcción en el año 2020 proceso que aún hoy en abril del año 2022 no termina por consolidarse (iii) la reorganización del sistema de abastos de medicinas (iv) la mayor demanda de salud debido a la pandemia que se aposentó en México a partir del mes de abril de 2020.
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A las consideraciones anteriores hay que agregar que la información utilizada para calcular la pobreza proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) levantada, en su mayor parte durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 y es muy probable que en esas fechas los entrevistados no tuviesen la claridad suficiente para responder a la pregunta si tenían o no derecho a los servicios del INSABI, Seguro Popular, etc.
De hecho, tal como estaba planteado el INSABI era de acceso universal y, por tanto, no requería inscripción, a diferencia del Seguro Popular. Si el INSABI hubiese estado funcionando a cabalidad entonces todos los mexicanos tendríamos cubierto el derecho a la protección de la salud.
Si esa fuese la situación podría argumentarse que esta carencia ya no debería considerarse en la medición oficial de la pobreza en México, lo que implicaría que el ámbito de los derechos debería reducirse a sólo cinco en lugar de los seis actualmente incluidos. Pero, también se podría objetar el enfoque de la actual medición de esta carencia pues como todos sabemos una cosa es poseer el derecho a la salud y otra muy distinta es, cuando se requiere, ejercerlo y recibir una atención de calidad.
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Cabe, entonces, la posibilidad de modificar la carencia de acceso a la salud por acceso efectivo, esto quiere decir que, en caso de necesitar atención a la salud, habría que considerar si la persona puede llegar con oportunidad al lugar en que se le debe prestar la atención, que haya personal calificado que lo reciba y atienda, que se disponga del material y los insumos médicos necesarios para la atención y hospitalización si fuese necesario, o en caso que se superen las capacidades de atención del establecimiento de salud al que se acudió se pueda derivar al solicitante a los lugares pertinentes.
Tanto la eliminación de la carencia de salud en el índice de pobreza como la alternativa de su sustitución por una medida de acceso efectivo a los servicios de salud, cuando se requiera, entraña modificaciones en la Ley General de Desarrollo Social y por tanto necesita discutirse y procesarse en el poder legislativo.
Detrás del aumento de la pobreza entre los años 2018 y 2020, los procesos que jugaron el papel más importante fueron la fuerte reducción en los ingresos de las familias mexicanas y la espectacular caída en el acceso a los servicios de salud, ambos procesos fuertemente influidos por la crisis sanitaria/económica que provocó la COVID19 en todo el territorio mexicano.
A pesar de que los ingresos y la salud son los componentes de la medición multidimensional de la pobreza que sufrieron las principales consecuencias derivadas de la pandemia, a continuación, se revisa la situación de los restantes derechos.
El rezago educativo tuvo una prevalencia del 21.9 por ciento en el año 2008 y exhibió una tendencia sistemática y decreciente lo largo de todo el período de modo que en 2020 alcanzó a 16.3 por ciento de la población, en los 12 años transcurridos desde 2008 se redujo en 5.6 puntos porcentuales. Sin embargo, se generan dudas respecto a cuán comparable es la medición de 2020 con respecto a las anteriores debido a que los entrevistados respondieron a la pregunta de asistencia a la escuela formulada por la ENIGH cuando los planteles educativos estuvieron cerrados y las clases fueron a distancia.
El porcentaje de personas que ha presentado carencia por acceso a la seguridad social ha decrecido a partir de 2008, pero a diferencia de la educación su reducción no ha sido sistemática sino interrumpida por alzas leves en los años 2012 y 2018, con respecto a 2010 y 2016, respectivamente. En el año 2020 la prevalencia prácticamente mantuvo el nivel de 2018.
A primera vista este resultado podría parecer inconsistente con el paro de la actividad económica; pero hay que considerar que la medida no solo aplica a la población económicamente activa y a sus dependientes familiares, sino también considera como no carentes a los adultos de la tercera edad que gozan de una pensión de adulto mayor[5]. Así, en el cuarto trimestre de 2019 el Programa de Adultos Mayores atendía un poco más de 8 millones de personas, cuyo apoyo no está supeditado a la situación de la economía, aunque sus ingresos son sensibles a la inflación.
Las carencias por calidad y espacios, y servicios de las viviendas han continuado su tendencia descendente que no fue alterada por la crisis sanitaria/económica. En 2008 la prevalencia de viviendas con materiales precarios en los techos, paredes o pisos, o estaban hacinadas, alcanzaba al 17.7 por ciento de las viviendas y a lo largo de los 12 años se ha reducido tendencialmente hasta alcanzar sólo el 9.4 por ciento en 2020. Por otra parte, el porcentaje de viviendas con carencias en sus servicios también se ha reducido, desde 22.9 en el año 2008 a 18.0 en 2020.
La prevalencia en el acceso a la alimentación ha tenido, entre los años 2008 y 2018 un comportamiento oscilatorio con alzas y bajas no muy pronunciadas de modo que en 2020 afectaba al 20.8 por ciento de la población cuando en 2008 alcanzaba al 21.7 por ciento.
En definitiva, el alza abrupta de la pobreza durante el bienio 2018 a 2020 se debió, fundamentalmente, a la fuerte caída de los ingresos de los hogares mexicanos a causa del paro económico provocado por la pandemia, y al aumento inusitado de la carencia de acceso a la salud que resultó de la combinación de la crisis sanitaria con problemas institucionales provocados por la nueva política de salud puesta en práctica por el gobierno entrante en 2018. Las restantes dimensiones continuaron las tendencias registradas a partir de 2008.
El Doctor Fernando Cortés Cáceres es actualmente investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED-UNAM); es Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con una larga lista de reconocimientos en distintas universidades de América Latina.
Estudió economía en la Universidad de Chile, en la misma universidad, obtuvo el grado de doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología. Tras el golpe de estado de Augusto Pinochet, emigró a México donde se ha dedicado a la docencia y la investigación.
En 2005 fue nombrado profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Formó parte del cuerpo académico que dirige y asesora al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Desarrolló, junto con otros especialistas, la metodología para la medición de la incidencia e intensidad de la pobreza en México. Su trayectoria le ha valido el nombramiento de consejero para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
[1] Los datos empleados en este artículo provienen del sitio web del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
[2] Las definiciones de pobreza y pobreza extrema se encuentran en el sitio de CONEVAL: (https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx).
[3] La medición multidimensional de la pobreza distingue las dimensiones bienestar y derechos. La variable con la que mide la primera es el ingreso corriente total ajustado por economía de escala y adulto equivalente y las canastas alimentaria y completa. En la dimensión de los derechos emplea una serie de indicadores según el derecho de que se trate. Las personas interesadas en los detalles pueden acceder a la liga del CONEVAL citada en la nota anterior.
[4] CONEVAL (2019), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Ciudad de México, p. 105.
[5] Hasta la medición de 2016 se consideraba que los adultos mayores que recibían algún programa de adulto mayor, ya sea federal, estatal, municipal eran no carentes en seguridad social. A partir de 2018, para ser clasificado como no carente, se agregó la condición de que el monto del apoyo fuese mayor al promedio simple del valor de la línea de pobreza extrema rural y urbana. CONEVAL (2019), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Ciudad de México P. 106.
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