Medida justa, estrategia rentable

por Diva Hilda Gastelum

Los hogares con jefatura femenina son una realidad en México, por lo que deben ser contemplados dentro de las políticas públicas y sociales dirigidas a las familias, tomando en cuenta características específicas, tales como su ubicación, estructura, composición, entre otras. Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres no sólo es una medida justa, es también una estrategia económica rentable para México.

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Tradicionalmente, en la mujer solo recaían las tareas asociadas con las labores domésticas, la crianza de los hijos, así como el cuidado de los enfermos, ancianos y personas discapacitadas. En la actualidad, un gran número de mujeres ha ampliado su presencia en otras instancias de responsabilidad, incluida la función de proveedora de ingresos, incrementado con ello el número de hogares como jefa de familia.

El rol de la jefatura del hogar involucra, entre otras cosas, el reconocimiento del jefe o jefa como proveedor principal o único, lo cual implica que su condición de ocupación tiene una relación importante con el nivel de bienestar del conjunto que lo reconoce como líder.

En el año 2012, y de acuerdo con información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH 2012), por cada cien hogares con jefatura masculina, existen 34 que son dirigidos por una mujer, esta razón aumenta según se incrementa la edad de las jefaturas, llegando a 58 hogares con jefatura femenina por cada 100 masculinas cuando el jefe(a) tiene 65 años o más (I).

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que el papel mayormente activo de las mujeres como jefas de hogar está directamente relacionado con una mayor participación de ellas en el mercado laboral. En el año 2012, y de acuerdo con el MCS-ENIGH 2012, tres de cada diez hogares del país cuentan con una mujer como la principal perceptora de ingresos.

Aunado a ello encontramos que las entidades federativas con mayor participación económica femenina son Yucatán, Distrito Federal y Nuevo León, con el 47.5%, le sigue el estado de Tamaulipas, con el 45.8 %; finalmente, destaca el estado de Quintana Roo con la mayor tasa de participación económica de mujeres (52.4%) y hombres (85.3%)(II).

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tercera parte de la población económicamente activa en México son mujeres. Asimismo, el 21% de los hogares tienen jefatura femenina y hasta el 52% recibe ingresos femeninos.

La Secretaria de Desarrollo Social enunció que para el año 2012 la tasa de participación económica fue de 44.1% para las mujeres de 15 años o más con al menos un hijo nacido vivo, de las cuales el 97.9% combina sus actividades extradomésticas con actividades en el hogar; que por unidad económica, 35 de cada 100 mujeres con hijos trabajan en el sector informal, 33 en empresas y negocios, 17 en instituciones y 12 realiza trabajo doméstico remunerado; y que las dos principales ocupaciones que desempeñan las mujeres con hijos son comerciantes (27.8%) y trabajadoras en servicios personales (24.6%).

Así como no existe un solo tipo de familia ni de hogar, igualmente podemos afirmar que no hay una sola modalidad de hogar con jefatura femenina y que varían las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las mismas, es decir, las circunstancias no son iguales para esta familias y por ende la política que debe aplicarse no puede ser igual.

El bienestar de estas familias depende, en gran parte, de la disponibilidad de sistemas que puedan apoyarlas, de una adecuada asistencia social y de políticas públicas y sociales que brinden y garanticen el apoyo a las jefas de familia que viven en México.

Derivado de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en septiembre del año pasado, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres, se publicó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (proigualdad), el cual es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Sus principales objetivos fueron: desarrollar, promover y adoptar políticas y acciones de conciliación trabajo-familia que propicien la igualdad y equidad en las responsabilidades familiares, todo ello para que favorezcan el trabajo de las mujeres, mejoren sus condiciones de competencia laboral y eleven su calidad de vida.

Al respecto, en la ruta para conseguir un México incluyente, el Gobierno de la República construyó una política social de nueva generación con un enfoque de derechos, siendo menester resaltar que en el año 2012 se creó el Programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”, cuya finalidad ha sido contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social mediante un esquema de aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad que se encuentren en condición de vulnerabilidad, entendiéndose ésta como aquellas que presentan al menos una de las siguientes carencias sociales (III):

1. Personas u hogares que cuentan con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar o Línea de Bienestar Mínimo, es decir, cuyos ingresos mensuales son menores a $ 2,500.00.

2. Rezago educativo, que se da cuando la jefa de familia no cuente con primaria terminada.

3. Carencia de acceso a los servicios de salud: Aquellas jefas de familia que no están afiliadas o inscritas para recibir ningún servicio de salud.

4. Carencia de acceso a la seguridad social: Se refiere a las jefas de familia asalariadas que no reciben por parte de su trabajo las prestaciones de servicios médicos; pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); incapacidad con goce de sueldo; y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o Afore.

5. Carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda: Para aquellas jefas de familia que no cuentan con servicio de agua entubada, drenaje o no disponen de energía eléctrica.

6. Carencia de acceso a la alimentación: Aquellos hogares con grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que no pueden tener tres alimentos al día o que consideran que no reúnen los nutrientes básicos en cualquiera de ellos.

7. Carencia de calidad y espacios de vivienda: Los hogares que tienen piso de tierra; su techo es de lámina de cartón o de desechos; muros de embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho; o que presenten hacinamiento (demasiadas personas en poco espacio).

Con este seguro se garantizará la protección del futuro educativo de los hijos de las jefas de familia, ya que recibirán un apoyo en caso de que la mamá llegue a faltar.

Aunado a ello, también brindará apoyos mensuales en el caso de fallecimiento por un monto de hasta 1,850 pesos a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años), con la finalidad de incentivar el ingreso o permanencia escolar, teniendo una cobertura y alcance nacional, cubriendo las 32 Entidades Federativas y los casi 2,500 municipios.

Por esta razón, estados como Aguascalientes; Chiapas; Colima; Estado de México; Nuevo León; Oaxaca; y Sinaloa, entre otros, se han sumado y cuentan con Programas para Jefas de Familia, con el objetivo principal de brindar apoyo a las madres jefas de familia y a los hijos de las mismas.

Hablando del ámbito jurídico, estados como Sonora y Jalisco ya cuentan con su propia Ley de Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia, cuyo objetivo primordial ha sido el otorgamiento, protección y garantía de sus derechos humanos, principalmente los laborales, lo que significa que en la parte legislativa aún hay muchas cosas por hacer, es decir, fortalecer nuestro marco jurídico en la materia, ya sea con la creación de leyes o el reconocimiento de las madres jefas de familia en las leyes con las que actualmente contamos y que regulan los derechos humanos de la población mexicana, principalmente aquellos derechos que tengan que ver con el acceso a la salud, vivienda, trabajo y educación.

En conclusión, se debe promover una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de los recursos del hogar y de las responsabilidades domésticas y extradomésticas, tomando en cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales de cada familia en nuestro país.

Es importante también contar con un Registro Único que contenga el número de hogares que existen en nuestro país con jefatura femenina, así como los apoyos con los que actualmente cuenten por parte del gobierno local o federal; y, de no ser así, que se les informe de ello, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar económico, social y cultural, tanto para la jefas de familia como para sus hijas o hijos.

Particularmente, como legisladora, asumo el compromiso de erradicar la discriminación que aún existe con las jefas de familia en México, para poder brindarles mejores oportunidades en todos los ámbitos.

Cada una de nosotras y nosotros, en el medio que nos desenvolvemos debemos tener una responsabilidad con el tema. Entender y comprender la importancia que tienen actualmente las mujeres en México y reconocer que somos importantes para el crecimiento y desarrollo económico de la población mexicana.

Concluyendo que, con la creación de políticas similares y el fortalecimiento en el reconocimiento de los derechos humanos (principalmente los laborales y educativos) de las mujeres de este país, se logrará consolidar una igualdad entre mujeres y hombres.•

Referencias:

I. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Justicia Social (20 de febrero). Datos nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 11 de marzo de 2014.

II. Instituto Nacional de las Mujeres, Estudio sobre Desigualdad de Género en el Trabajo, México 2013. Pág.4.

III. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Seguro_de_Vida_para_Jefas_de_Familia

Diva Hadamira Gastélum Bajo Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores. Es Senadora por el PRI a la LXII Legislatura; es licenciada en Derecho por la Universidad de Occidente y tiene una Maestría en Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue dos veces diputada federal y dos veces diputada al Congreso local; fue diputada local en la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa (1998-2001), ocupó la presidencia de la Comisión de Equidad de Género y Familia, presidenta de la Mesa Directiva y secretaria de las Comisiones de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y de Vigilancia.