por Francisco Robles Berlanga
Poco menos de dos meses tomó darnos cuenta de la confusión de ideas presente en la estrategia de seguridad presentada por Morena y su dirigente López Obrador. No es lo mismo hablar de ideas generales (abstractas) que hablar de la instrumentación, es decir de los cómo
Su propuesta para mejorar las condiciones de seguridad del país se desdibuja cuando adquiere concreción; entre más se detalla o explica, más sale a la luz su falta de coherencia interna. La presentación de Alfonso Durazo como posible encargado de la Secretaría de Seguridad Pública resultó más que ilustrativa de esta situación, aquí algunos comentarios.
Primero. La amnistía a criminales se diluye, pierde protagonismo, ahora “se trata de una posibilidad entre muchas opciones que se analizan”[1]. A diferencia de hace unos días, ya no es para todos, su cobertura se reduce, no todos tienen la posibilidad de acogerse a ella.
Su consideración, a decir de Durazo, sólo sería viable si cuenta con la opinión [favorable] de las víctimas, pero no precisa quiénes son las víctimas a consultar, quiénes y con qué criterios van a delimitar su universo.
Al respecto, en la última ENVIPE poco más de 24 millones de mexicanos declararon haber sufrido al menos un delito en 2016. De acuerdo con este dato y la reiteración, año con año, de los mismos niveles de victimización (prevalencia delictiva), en el país, prácticamente son contados los hogares que no tienen una víctima entre sus miembros.
Pero más allá, la propuesta de olvido es parcial, se encuentra cargada hacia un sólo lado de la ecuación formada por el binomio víctima/victimario, toda vez que no le ofrece nada a las víctimas directas e indirectas, cuando si lo hace para los victimarios.
No ofrece la justicia tan anhelada como postergada, tampoco el conocimiento de la verdad, la reparación del daño, ni condiciones de no repetición de los hechos, menos ofrece medidas para lidiar con la pérdida, el dolor y el miedo. AMLO y Morena se equivocan al proponer una paz sin condiciones. Lo que la sociedad demanda es una paz con justicia verdadera.
Segundo. Crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública, tal como se propone, tiene al parecer un fundamento más organizacional que de estrategia. Su creación no garantiza por sí misma la disminución de la actividad delictiva.
En el gobierno de Calderón se cometieron la mitad de los homicidios dolosos registrados[2] desde 2007, año en que inició la crisis de seguridad y derechos humanos. En ese periodo, las atribuciones en la materia se encontraban a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que tuvo como titular a Genaro García Luna. Recordemos que su creación surge de una iniciativa panista en el gobierno de Vicente Fox.
Llama la atención que los argumentos para plantearse la creación de dicha Secretaría, son los mismos que el gobierno de Peña Nieto esgrimió para desaparecerla e incorporarla a la Segob: colocar bajo el mando político la estrategia de combate al delito.
El traslado de funciones a la Segob tiene el propósito general de reforzar y facilitar la coordinación de los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de gobierno, en el entendido de que la seguridad es “un tema sustancial para la gobernabilidad” (Cámara de Diputados, 2012).
Para Durazo, desincorporar las tareas de seguridad de la Segob y la creación de una secretaría responsable, tienen que ver con:
“Articular con eficacia y sentido político la aportación que muy diversas dependencias del sector público deben sumar para mejorar las condiciones de seguridad pública”.
“La conducción política y administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública estará en manos de profesionales que no necesariamente deben ser policías”.
Al respecto surgen dos preguntas: si el propósito es dar sentido político a la seguridad, ¿por qué entonces separar la seguridad pública de las tareas de gobernabilidad? Y una vez ya divorciadas, si ambas entidades tienen la tarea de la conducción política de la administración pública, ¿cómo evitar el conflicto y la falta de coordinación entre sus titulares?, tal como sucedió durante el gobierno de Calderón.
Lo que los ciudadanos demandan, es contar con cuerpos policiales capacitados, profesionales, eficientes y confiables, dirigidos por personal experto en seguridad que conozca de estrategias de persecución del delito, de inteligencia e investigación, de códigos, procedimientos y normas de conducta y actuación, de prevención social del delito y de doctrina policial, entre otros aspectos sustantivos relacionados con las tareas de seguridad.
La población exige que haya funcionarios dispuestos a colocar por delante la seguridad de las personas como condición indispensable para garantizar la seguridad del Estado y sus instituciones, lo que debe llevar a un cambio profundo de la manera en cómo hasta ahora se han relacionado la población y las instituciones de seguridad, y que al hacerlo se reconozca y respete el marco de libertades y derechos humanos existente.
Asistimos a un momento en las campañas políticas donde las generalidades, la frase estridente y hasta las ocurrencias son medios para llamar la atención de un electorado al que se supone ajeno a las cosas públicas y al que se le denigra con frases que carecen de consistencia técnica.
La seguridad en nuestro tiempo reclama una visión multidimensional, conocimientos de las leyes y las instituciones y análisis técnicos y estratégicos de las diversas funciones que cumplen la agencias que integran el sistema de justicia penal acusatorio, así como generar propuestas que digan cómo tener un sistema real de seguridad pública con salarios dignos, una seguridad social garantizada, apoyos para las familias, capacitación, adiestramiento, y sistemas de ascensos efectivos.
El problema no es quién manda, el problema es si es posible realizar lo que se ordena. No hay un argumento consistente en por qué debe crearse nuevamente una Secretaría de Seguridad Pública, si éste no se acompaña de una estrategia integral y detallada de combate y prevención social del delito que establezca el rol que esa secretaría deberá jugar en un entramado de relaciones intergubernamentales, con una distribución de competencias claras entre los tres niveles de gobierno y la definición de responsabilidades, cuyo cumplimiento se encuentre sujeto a plazos perentorios.
FRANCISCO ROBLES BERLANGA Maestro en Políticas Públicas Comparadas (FLACSO), experto en seguridad y Prevención.
[1] Entrevista a Alfonso Durazo, Imagen TV.
[2] Se refiere a la ocurrencia de posibles homicidios dolosos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación abiertas.
