Una de las constantes históricas de México es la desigualdad, y con ella, la pobreza que se asocia. Pero no es una condición cualuqiera, se trata de una brutal desigualdad que escinde al país y que mantiene polarizada a la población; nos ubica como un país poco solidario y excluyente de la inmensa mayoría, y que se mantiene como una nación que privilegia la concentración del ingreso a favor de unos cuantos.
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Cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; con base en ellos, por su parte, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima el valor del llamado Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, mediante el cual se calcula el porcentaje de personas que, estando ocupadas, tienen ingresos por debajo del valor de la canasta alimentaria; es decir, aquellas personas que tienen ingresos que ubicarían a las personas y sus familias en la pobreza extrema.
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Lo que muestra el CONEVAL es que entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, el porcentaje de personas en la circunstancia señalada creció de 37.3% a 40.7% de la población ocupada, es decir, si de acuerdo con el INEGI en esa fecha había 55.8 millones de personas ocupadas, entonces habría 22.7 millones de personas que aún laborando, perciben ingresos que no les permiten salir siquiera de la pobreza extrema.
Asimismo, sólo 1.47 millones de personas que laboran obtienen ingresos de cinco salarios mínimos o más al mes, lo cual equivale al 2.63% del total de la población ocupada; mientras que en el extremo opuesto, 30.49 millones obtienen ingresos de dos salarios mínimos al mes, o menos, mientras que 3.05 millones no recibe ingresos por las tareas que desarrolla.
La brutal deigualdad que caracteriza a nuestro país también puede dimensionarse comparando los ingreos laborales promedio que se obtienen en las entidades de la República. En efecto, hay tres entidades donde los ingresos promedio mensuales como producto del trabajo no superan los mil pesos, deflactados al valor de la canasta alimentaria del 2010.
Estos estados son Chiapas, donde se tiene el peor valor registrado, con 880.7 pesos de ingresos laborales per capita mensuales; le sigue el estado de Guerrero, con 991.3 pesos al mes; y el estado de Oaxaca, donde se llega a sólo 993.9 pesos mensuales.
En contraste, las tres entidades donde más ingresos laborales se obtienen en promedio son: Baja California, con 2,118.2 pesos mensuales; Baja California Sur, con 2,432.8; y Nuevo León, donde los ingresos promedio por persona ocupada son de 2,526.4 pesos por mes. Como se observa, si se compara a los tres estados con menos ingresos, frente a Nuevo León, la diferencia es de 2.54 veces más frente a Oaxaca y Guerrero; y de 2.86 veces respecto del estado de Chiapas.
De acuerdo con los datos del CONEVAL, las diferencias de ingresos entre los municipios indígenas y los no indígenas son aún mayores que los de los promedios nacionales. En efecto, al IV trimestre del 2020, el porcentaje de quienes trabajan y obtienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza extrema es cuatro veces mayor entre la población indígena frente a la no indígena, lo cual es una muestra de las infinitas brechas, que indudablemente permanecen vinculadas a la discriminación y el racismo.
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