De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), confirma que México sigue siendo el país de la impunidad: de los 33.035 millones de delitos que se declararon en el 2018, únicamente 3.49 millones fueron denunciados ante la autoridad, es decir, el 10.6% del total.
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Mario Luis Fuentes: @MarioLFuen1 | /MarioLuisFuentes1
De esa cifra, de acuerdo con el mismo instrumento, únicamente en 2.23 millones se inició una carpeta de investigación en alguna de las oficinas del Ministerio Público en el país. Esa cifra implica apenas el 6.75% del total de los delitos declarados en el territorio nacional; por lo que, si se considera el número de sentencias condenatorias, en realidad se estaría hablando que en México más del 95% de los delitos que se cometen, quedan en total impunidad.
Es de destacarse además que, con excepción del robo total de vehículo, el resto de los delitos que se cometen en el país difícilmente son denunciados por las víctimas.
En efecto, dado que para recuperar algo del valor del vehículo, cuando está asegurado, las empresas aseguradoras exigen que haya una denuncia penal de por medio, en ese rubro la cifra negra es de 38.1%, indicador que aún es muy elevado, sobre todo si se considera que los vehículos de motor forman una parte relevante del patrimonio de los hogares.
Por el contrario, el robo en calle o asalto en calle o transporte público solo es denunciado en el 8.6% de los casos; el robo parcial de vehículos en el 8.7%; el robo en otras modalidades en 10%; mientras que las extorsiones sólo son denunciadas en el 4.2% de los casos.
Debe subrayarse también que del total de delitos declarados por la ciudadanía en México, en 9.37 millones de casos, es decir, el 31.7% del total de los delitos no denunciados, las víctimas no recurren a la autoridad porque lo consideran “una pérdida de tiempo”.
En 5.13 millones de casos, es decir, 17.7% del total, la causa es una abierta desconfianza respecto de la autoridad; otros 3.10 millones las víctimas lo consideran un delito de poca importancia; en 2.99 millones de casos la denuncia no se lleva a cabo porque las víctimas no tenían pruebas.
Asimismo, 2.63 millones más las personas consideran que es un proceso largo y difícil; en 1.76 millones de casos es por miedo al agresor. En 1.27 millones de casos no se denuncia por una “actitud hostil de la autoridad”, mientras que en poco más de 283 mil casos la denuncia no se llevó a cabo por miedo a ser extorsionadas.
En primer lugar, sin duda, la urgente y necesaria reforma de las instancias de procuración de justicia en el país. A pesar de los incontables cursos de capacitación que se han impartido en el país desde el año 2008, en que inició la reforma del sistema de justicia penal en el país, no se han tenido mejoras sustantivas en los mecanismos, protocolos y sobre todo, en la forma en que los agentes ministeriales, en todos los niveles, tratan a las víctimas.
Es evidente que hay un fracaso en este ámbito y que se tiene qué hacer mucho más, en las Procuradurías Estatales y en la propia Fiscalía General de la República, a fin de generar una nueva relación con la ciudadanía y recobrar la legitimidad, pero sobre todo la confianza que debiera tener la población respecto de la instancia que constituye nada menos que la representación social de quien es víctima de uno o varios delitos.
Sin acceso a la justicia no hay posibilidades de un auténtico México Social, es decir, un país donde haya una vigencia plena del Estado Social de Derecho pues, recordando a Jorge Carpizo, hay que subrayar constantemente que, la democracia es social, o no es democracia.
Proteger los derechos humanos de las víctimas implica, desde esta perspectiva, la protección del régimen democrático que, como lo define la Constitución, debe constituirse en un estilo de vida que promueva el bienestar material y la superación espiritual constante de la nación mexicana.
En medio de la impunidad no hay justicia posible, ni en el ámbito penal ni en el terreno de todas las otras justicias; y por ello debe exigirse que cese la violencia. Que se le ponga un freno real a la delincuencia porque un país en el que uno de cada tres hogares es agraviado cada año por la delincuencia, es uno donde lo que cabe es la desesperanza y no la visión compartida en torno a un futuro deseable para todos.
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