por Judith Coronel
En el proceso de transición de poderes en México todo es de urgente y obvia resolución: crisis de derechos humanos; inseguridad pública; pobreza patrimonial y alimentaria; insuficientes servicios de salud; educación; medio ambiente; conflictos sociales; y violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de alto riesgo y vulnerabilidad
Todas las agendas reclaman soluciones inmediatas. Nada puede esperar.
En México más de 55 millones de personas son pobres, 27 millones están en pobreza alimentaria, y otro dato, el más grave, un millón 200 mil son niños y niñas con desnutrición crónica. Este último dato de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hablamos de millones de personas con hambre y desnutrición permanente. Quienes producen los alimentos en nuestro país, alimentos de calidad de exportación, enfrentan hambre, dificultades derivadas de los altos índices de marginación, pobreza, desempleo y migración. La situación es apremiante y no puede permanecer en lo anecdótico.
Aunque el panorama es desolador, en su mayoría, quienes dejarán puestos estratégicos en la administración pública federal el 30 de noviembre, bajaron la cortina anticipadamente. Pero aún se dan tiempo para resolver interrogantes funcionarios como Fernando Cruz Morales, Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de SAGARPA.
Cruz Morales Indica que, de acuerdo con cifras oficiales, hasta 2017 habían siete millones 56 mil 744 trabajadores agrícolas; de estos, 88.1 por ciento son hombres y 11.9 por ciento mujeres. Las entidades con mayor número de mujeres productoras son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato.
¿Y cómo anda nuestro país en agroproducción? Nos dice que, de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2012-2018 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquero, el nuestro es el décimo primer productor mundial de alimentos y el tercero en América Latina, le aventajan solo Brasil y Argentina.
Sin embargo, reconoce que los indicadores comerciales, aun siendo positivos, no se reflejan en la forma deseada en la vida de las personas. Es urgente subsanar la inequitativa distribución de la riqueza.
El 1% más rico acumula 80% de la riqueza y el 99% restante tiene apenas el 20 por ciento. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra ante el reto de aplicar políticas públicas con rostro humano, nos dice.
Las cifras son variopintas, según la dependencia, institución y organización de sociedad civil que las emite, pero –de acuerdo a sus propios cálculos- debiésemos estimar que de ocho millones de trabajadores agrícolas, dos millones están en situación de pobreza alimentaria.
Entre estos casi ocho millones se encuentran, de acuerdo con INEGI, unos 850 mil niños y niñas. Acepta que podrían ser más e incluso que organizaciones de sociedad civil refieren hasta un millón 500 mil personas de entre 5 y 17 años de edad ocupadas en el campo.
El “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detención de posibles víctimas en campos agrícolas”, presentado en abril pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enciende los sensores de alerta sobre un problema social de grandes dimensiones.
Los trabajadores agrícolas son víctimas potenciales de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzosos. Su vulnerabilidad socioeconómica propicia que sean engañados por “enganchadores”, quienes incumplen las condiciones básicas de trabajo digno, reciben alimentos de mala calidad e insuficientes, se encuentran hacinados en las zonas de pernocta y los patrones o contratistas aprovechan su desconocimiento legal para pagar salarios por debajo de lo establecido.
Cruz Morales le da la bienvenida a la iniciativa para incrementar el salario mínimo que sin duda beneficiaría a los trabajadores agrícolas, “los ingresos de los jornaleros son muy bajos”. Explica que más de la mitad, 56.6%, percibe entre uno y dos salarios mínimos y 26% recibe menos de un salario mínimo. En promedio, los jornaleros obtienen por un trabajo sumamente desgastante 2,992 pesos mensuales, de acuerdo con investigaciones del Colegio de México.
Además de considerar oportuna la creación de la Secretaría del Bienestar, asegura que sin importar el nombre que se dé a las estrategias o programas sociales y productivos, es deseable que aquellos instrumentos que dan resultado se conserven y perfeccionen operativa y administrativamente, y aprovecha para abogar por la permanencia del Distintivo Empresa Agrícola Responsable (DEAR), con el cual SAGARPA certifica a empresas agroproductoras que demuestren ofrecer estándares de bienestar laboral, salarios dignos y espacios adecuados para la vida y pernocta a sus trabajadores.
Además, no deben contratar niños, niñas y adolescentes. Al concluir 2018, un aproximado de 80 empresas agroproductoras estarán certificadas, pero hay muchos pendientes.
Como nunca faltan los peros, subraya que los medianos y grandes productores agropecuarios concentran 98% del Producto Interno Bruto y “los chiquitos” representan ese último porcentaje del dos por ciento.
¿Qué faltó? Tuvimos que haber tenido una política mucho más agresiva en la redistribución del ingreso y el destino del Presupuesto para fortalecer como entes económicos a los pequeños y medianos productores, acepta.
Concluye que modificar el esquema de inseguridad, resquebrajamiento del tejido social, violencia, marginación, pobreza patrimonial, alimentaria, servicios deficientes, falta de oportunidades de quienes producen los alimentos que consumimos en el país y que se exportan a nivel internacional, no es un tema de partidos o banderas políticas, sino de dignidad humana.
