Desde hace décadas, tener acceso a trabajos estables, con salarios bien remunerados y donde poder desarrollar la vocación profesional dejó de ser un derecho materializable. Hoy se le puede ubicar como una de las aspiraciones más preciadas para la población.
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Vivimos en un país donde, luego de tres generaciones, las y los hijos difícilmente pueden alcanzar el mismo nivel de vida que tenían sus abuelos o sus propios padres.
La movilidad social está fracturada. La cruel realidad a que se enfrentan, sobre todo las generaciones más jóvenes, les ha dejado una muy alta probabilidad de no encontrar empleo formal. O vivir prolongados periodos de desempleo o empleo precario.
Lo anterior puede confirmarse con los datos relativos a la pobreza que genera el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. También a través de otros indicadores como el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).
En este, al segundo trimestre del año 2019, se estimó que el 38.1% de la población ocupada en México, percibía ingresos por debajo del valor de la línea de la pobreza por ingresos.
Este indicador es el más bajo desde el cuarto trimestre del 2012, y se explica fundamentalmente por el incremento de más del 16% al valor del salario mínimo general vigente en la República Mexicana, sobre todo en la franja fronteriza norte, donde el nivel del salario mínimo se elevó al doble.
Pese a lo anterior, la recuperación de los niveles salariales, al ritmo que se requiere, implicaría incrementos graduales del nivel del salario mínimo, del mismo nivel, al menos durante los siguiente cinco años.
Al respecto es importante destacar que hay consenso entre todos los sectores sobre la viabilidad de elevar incluso el valor del salario mínimo al doble, sin generar efectos inflacionarios.
A pesar de la relevancia que tiene para la economía general del país, como para las familias mexicanas, el impacto del incremento en los niveles salariales será limitado, si de manera simultánea no hay crecimiento económico significativo y si no se rompe con el estancamiento secular que caracteriza a la economía mexicana desde hace más de 35 años.
Desde esta perspectiva, es importante señalar que el crecimiento del ingreso laboral per capita en México se ha dado de manera mucho más lenta que el valor de la línea de la pobreza (la cual es resultado de la suma de la llamada canasta alimentaria más la no alimentaria).
De esta forma, mientras que el incremento del ingreso laboral per capita, entre el primer trimestre del 2014 y el segundo trimestre del 2019, es del orden del 6.6%, el valor de la línea de la pobreza se ha incrementado en un 18.9%. Es decir, el umbral de la pobreza ha crecido a un ritmo tres veces mayor que el incremento en el monto de los ingresos laborales.
En esa lógica es de subrayarse el hecho de que en el segundo trimestre del año 2019 el valor de la línea de la pobreza se ubicó en 2,541 pesos mensuales, por persona, mientras que el valor del ingreso laboral per capita, en el mismo periodo, es de $1,618 pesos mensuales, el más alto en los últimos cuatro años, pero aún inferior al registrado en el primer trimestre del 2012, cuando llegó a $1,669 pesos mensuales per capita.
Las entidades con menor valor del ingreso laboral per capita son: Chiapas, con 808.8 pesos mensuales; Guerrero con 905.2 pesos por mes, y Oaxaca, con 914.9 pesos cada 30 días para cada una de las personas ocupadas en la entidad.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del segundo trimestre del 2019 había 54.93 millones de personas ocupadas en el país. De éstas, 3.21 millones no recibían ingresos por el trabajo que desarrollaban, representando el 5.86% de quienes laboral.
En el siguiente nivel de ingresos, que es el ubicado por debajo de un salario mínimo general, se ubican 10.89 millones de personas, las cuales representan el 19.82% del total.
Es decir, una de cada cuatro personas ocupadas en el país perciben menos de un salario mínimo o no reciben remuneración por su trabajo.
Hay en tercer sito 17.55 millones de personas ocupadas y que reciben más de uno, pero menos de dos salarios mínimos por día, ellas representan el 31.95% del total de las personas ocupadas. En el siguiente nivel de ingresos que va de dos a tres salarios mínimos por día, se ubicaron 9.91 millones de personas: el 18.05% de quienes trabajan.
En el rango de tres y hasta cinco salarios mínimos el INEGI estima que hay 4.43 millones de personas, es decir, el 8.07% del total de la población ocupada en el país. Mientras que en el nivel de más de cinco salarios mínimos mensuales, solo se contabilizan 1.83 millones de personas: apenas el 5.86% de quienes se encontraban ocupados al cierre del mes de junio de este año.
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