La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018-19 (ENSANUT) revela condiciones estructurales de malnutrición y presencia extendidamente negativa de determinantes sociales de la salud, que constituyen un auténtico drama nacional. Lamentablemente, y a pesar de la retórica gubernamental, las políticas públicas de la nueva administración no están dirigidas a modificarlas, por lo cual, lo esperable en el corto plazo es que no haya modificaciones relevantes.
Uno de los datos más duros que ofrece la ENSANUT (diseñada conceptualmente por el Instituto Nacional de salud Pública y levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), es el relativo a la inseguridad alimentaria en que viven los hogares en México.
De acuerdo con esta encuesta, en el 2018 había en el país alrededor de 126,468,224 de personas, cifra que se agrupa en 32.93 millones de hogares. Con base en esos datos, se puede decir que el tamaño promedio de los hogares en México es de 3.8 integrantes en cada uno de ellos.
En esa lógica, destaca que únicamente 14.81 millones de hogares viven en condiciones de seguridad alimentaria; es decir, apenas el 44.9% del total; en consecuencia, había en el 2018 un total de 18.5 millones de hogares en condiciones de inseguridad alimentaria; por lo que considerando que cada uno de ellos está integrado en promedio por 3.8 personas, la cifra absoluta de personas en hogares que viven en esa condición es de alrededor de 70.5 millones de personas, lo que equivale al 55.58% de la población nacional.
De los 18.5 millones de hogares en inseguridad alimentaria, 13.02 millones se encuentran en localidades urbanas (49.47 millones de personas), mientras que 5.48 millones lo están en localidades rurales (cerca de 23 millones de personas).
Otra posibilidad de desglose de los datos es que 10.97 millones de hogares (alrededor de 42.6 millones de personas) viven en condiciones de inseguridad alimentaria leve; 4.69 millones de hogares (alrededor de 18.26 millones de personas) se encuentran en inseguridad alimentaria moderada; mientras que 2.83 millones de hogares viven en inseguridad alimentaria severa (alrededor de 11 millones de personas).
Esta realidad es dramática y lamentablemente no se va a modificar estructuralmente pronto. Su transformación requiere no sólo de la transferencia de ingresos a las personas, sino el desarrollo de mercados locales justos; redes de distribución y abasto eficientes; así como una nueva lógica de producción en el ámbito rural articulada desde una perspectiva de desarrollo regional y local, dirigida al fortalecimiento de las comunidades y de los mercados locales, y no desde el pernicioso enfoque productivista que ha dominado en los últimos 30 años.
Estos datos ya se habían mostrado con anterioridad por el propio INEGI en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), en cuyos tabulados relativos a las viviendas y sus condiciones, se había mostrado que había, en el 2018, al menos un millón de hogares donde alguna niña o niño no come todo el día o come una sola vez al día.
¿Cómo llegamos a estos niveles de injusticia social? ¿Cuándo y cómo ocurrió que renunciamos tácitamente a ser un país apropiado para la niñez; y donde los primeros años de la vida transcurren en severas condiciones de miseria para millones de seres humanos que no tienen nada qué llevarse a la boca?
Lo he mencionado en otros textos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido varias tesis aisladas respecto al derecho al mínimo vital; en términos coloquiales, éste podría asimilarse al derecho a no ser pobre, y a disponer de los bienes y servicios requeridos para vivir con dignidad.
México podría ser una auténtica potencia económica generadora de bienestar universal para sus habitantes. Sin embargo, ello requiere no sólo de un gobierno que no robe; sino uno que además tenga la audacia y capacidad de impulsar una transformación institucional que garantice la distribución justa de las tareas y los beneficios sociales.
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