La relación bilateral entre México y los EEUU se encuentra en una etapa crítica, influenciada por el contexto político en Washington y las implicaciones que conlleva el nombramiento de Ronald Johnson como embajador en México. La narrativa antiinmigrante y el endurecimiento de las posturas contra los cárteles del crimen organizado, por parte de Donald Trump añaden una capa adicional de complejidad. En este escenario, los municipios fronterizos mexicanos enfrentan una presión sin precedentes, derivada tanto de las políticas estadounidenses como de las limitaciones internas para garantizar derechos y servicios básicos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Donald Trump, durante su mandato y en sus anuncios más recientes, ha reiterado la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza, implementar políticas de deportación más agresivas y restringir el acceso a sistemas de asilo. Estas medidas no solo incrementarían el número de migrantes devueltos a México bajo programas como el Remain in Mexico, sino que también generan un efecto de embudo en las ciudades fronterizas. Municipios como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros están enfrentando una creciente acumulación de personas que no pueden cruzar la frontera, ya sea porque están esperando audiencias de asilo o porque fueron deportadas.
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Esto agrava la presión sobre las capacidades locales para proporcionar albergues, acceso a alimentos, atención médica, y servicios educativos para los niños de las familias migrantes. Muchas de estas localidades ya carecen de la infraestructura adecuada y los recursos presupuestales para atender a su población residente, mucho menos a los miles de migrantes en tránsito o varados.
Impacto de la militarización del combate al crimen organizado
El enfoque de Trump de combatir a los cárteles mexicanos, que incluye la posibilidad de clasificar a estas organizaciones como grupos terroristas, puede traer consecuencias significativas.
En primer lugar, hay expertas y expertos que alertan de un posible incremento significativo de la violencia, sobre todo en México, pues los operativos estadounidenses contra el tráfico de drogas, combinados con posibles intervenciones directas en territorio mexicano, podrían exacerbar los conflictos entre cárteles por el control de rutas y plazas estratégicas, todo ello además por un posible encarecimiento del precio de los estupefacientes, debido a la imposición de mayores restricciones para su producción e internamiento en los EEUU.
Esto tendría un impacto directo en ciudades fronterizas, que ya son escenarios de enfrentamientos violentos. Esto mismo podría recrudecerse en las entidades que ya tienen severas condiciones de violencia; así como la posible expansión de los combates y enfrentamientos a otros territorios que hoy están ya en focos rojos, u otros más que presentan altibajos en el comportamiento de las bandas criminales.
De otro lado, es esperable un mayor número de desplazamientos forzados internos, pues nuevas acciones contra los cárteles pueden generar una mayor conflictividad en las regiones en mayor nivel de disputa; y ante la búsqueda de posicionamiento o “resguardo territorial”, los cárteles podrían buscar nuevos o más amplias franjas de control territorial que les permita mantener niveles operativos que mantengan sus fuentes y márgenes de ganancia.
La otra crisis, que es la humanitaria, se percibe con una nueva magnitud en puerta. En efecto, la saturación de los servicios públicos en los municipios fronterizos es ya alarmante, y ante la previsible llegada de nuevas oleadas de personas y familias deportadas, pero también de aquellas que ya no lograrán el cruce fronterizo, lo que puede generarse son franjas de ingobernabilidad o de pérdida de capacidad de actuación y control de las autoridades locales. En esa lógica, hay cuatro áreas críticas que deben prepararse para este escenario.
- Disponibilidad de Albergues: actualmente, los refugios para migrantes están desde hace tiempo o desbordados o al límite de su capacidad, con hacinamiento y condiciones insalubres que aumentan los riesgos de enfermedades contagiosas.
- Salud pública: La atención médica para migrantes y residentes por igual se ve comprometida, especialmente en el contexto de enfermedades prevenibles y transmisibles, ya sea por vector u otras enfermedades infecciosas o virales; en ese sentido, hay sectores prioritarios como la necesidad de garantizar atención prenatal y pediátrica para familias migrantes.
- Educación: Las y los niños migrantes enfrentan obstáculos para integrarse a sistemas escolares locales, que a menudo carecen de los recursos para manejar el aumento repentino en la matrícula, así como para manejar “barreras burocráticas” como garantizar el acceso a la educación independientemente de si se dispone o no de documentos, por ejemplo, de identidad.
- Seguridad: Las fuerzas policiales municipales son insuficientes para enfrentar tanto la inseguridad asociada al crimen organizado como los retos que surgen del flujo constante de migrantes, en esa medida, policías estatales y municipales se encuentran severamente comprometidas; mientras que la presencia de la Guardia Nacional no es garantía de adecuadas condiciones de seguridad, o bien, de garantía de los derechos humanos.
Es evidente que a México le urge establecer nuevos y más eficaces mecanismos de coordinación y diálogo diplomático para mitigar los efectos adversos de las políticas migratorias y de seguridad. Esto podría incluir un mayor financiamiento a programas conjuntos para la atención de migrantes y el fortalecimiento de capacidades locales en municipios fronterizos.
Por su parte, los municipios mexicanos necesitan financiamiento inmediato para expandir su capacidad de respuesta, incluyendo nuevos albergues, centros de salud y escuelas. Esto podría canalizarse a través de programas del gobierno federal mexicano o de cooperación internacional; y eso necesita un diseño presupuestal mucho más inteligente y adecuado a la coyuntura de lo que está por ocurrir tanto en la frontera norte como en la sur.
Asimismo, ante la posible escalada de conflictos entre cárteles, se requiere una estrategia integral de prevención de violencia, que implica no sólo mayor presencia policial, sino también nuevos mecanismos para la reconciliación social y para el restablecimiento del tejido social.
En todo este escenario, es indispensable que organismos nacionales e internacionales supervisen las condiciones de garantía de los derechos humanos, tanto de las personas migrantes como de las poblaciones locales, particularmente en la frontera, y evitar violaciones derivadas de la saturación y el colapso de servicios, como ya ocurrió en la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
En resumen, el nombramiento de Ronald Johnson y la continuidad de las políticas antiinmigrantes de Trump intensifican la vulnerabilidad de los municipios fronterizos mexicanos; presionan mucho más a los municipios fronterizos del sur de México, así como aquellos de mayor tránsito de personas en condiciones de movilidad.
Los meses de febrero y marzo de 2025 pueden ser una auténtica pesadilla para el país, porque si lo que se habrá de enfrentar no se maneja con cuidado, puede llevar a errores graves que, como ya ocurrió, puede causar muertes o condiciones de sufrimiento innecesarios para miles de personas y familias.
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Investigador del PUED-UNAM
