El miedo, como condición generalizada en una sociedad, debería ser considerado como uno de los principales indicadores clave sobre el grado de desarrollo democrático e institucional. Si la ciudadanía vive azorada, esto no puede ser resultado, sino de la inacción de los poderes públicos y de la amenaza permanente de la delincuencia. La cuestión puede expresarse de mejor manera si se piensa en dos autores clásicos. El primero de ellos, Thomas Hobbes, aseguraba que el primer deber del Estado se encuentra en evitar que la violencia se apodere de la sociedad y, en esa medida, evitar la muerte prematura y violenta de los ciudadanos
Por su parte, John Locke proponía que el primer derecho civil que debe garantizarse por todo Estado moderno es el de la propiedad privada, es decir, es la garantía sobre la propiedad e integridad del patrimonio, lo que le permite a las sociedades florecer en lo económico y en lo social.
Como puede verse, un Estado en el que la vida y la integridad física se encuentran permanentemente amenazadas; y en donde el patrimonio es afectado de manera constante debido al despojo que de él hacen los delincuentes, es uno en donde las libertades y la ley no están debidamente protegidos y en donde existe todo, menos autoridad capaz de ejercer el poder público que le es conferido para regular las relaciones sociales.
En México, dos de cada tres personas consideran que las ciudades en que viven son inseguras, pero esto significa que viven con miedo y con altos niveles de estrés. En ese sentido, destacan los resultados de las últimas ediciones de la Encuesta Nacional de Hogares, en las cuales se estima que al menos 30 millones de personas
se han sentido deprimidas, pero menos del 5 por ciento de ellas han tenido un diagnóstico médico y tratamiento adecuado.
La situación ha llegado a tal grado que dos de cada tres personas mayores de 18 años han modificado sus rutinas cotidianas con motivo de la delincuencia, el 52 por ciento ha dejado de caminar por la noche en las calles, el 33.4 por ciento ha dejado de visitar a parientes o amigos, mientras que el 54.3 por ciento ha dejado de permitir que las niñas, niños y adolescentes salgan a las calles.
Literalmente, nos estamos permitiendo convertirnos en una “sociedad sitiada”: hay regiones y localidades en donde existen de facto, “toques de queda”, no impuestos por la autoridad sino por la delincuencia. Y hay también zonas rurales en las que no es posible transitar sin el temor de ser extorsionados o amedrentados por los grupos criminales que controlan y “patrullan” carreteras intermunicipales y caminos rurales.
Tener un negocio es hoy motivo de preocupación cuádruple: 1) cómo hacer para que prospere y genere ingresos suficientes para vivir; 2) cómo evitar ser víctimas de robo, con o sin violencia; 3) cómo evitar ser víctimas de extorsión o “cobro de piso” por parte de la delincuencia organizada, y; 4) cómo sobrevivir a la permanente corrupción y sobrerregulación local.
Por todos lados se escuchan historias de terror y desesperanza, por ejemplo, hay lugares en donde la tradición familiar consiste en heredar los pequeños y medianos negocios a sus hijos. Hoy, sin embargo, se evita crecer o heredar en vida, por el temor de que sean los hijos quienes sean secuestrados o víctimas de atentados, para solicitar cobro de rescate o enfrentar la extorsión cotidiana.
El miedo es la gran constante del país: la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2016, estima que en el 42 por ciento de los hogares se vive con preocupación por temor de que la comida se acabara por falta de recursos económicos.
El miedo debería convertirse en una de las variables centrales de las mediciones o estudios del bienestar y la seguridad pública; pues en ese sentimiento se sintetiza el complejo escenario de inseguridad, violencia y literalmente terror que se vive en amplias franjas del territorio nacional.
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