por Adalberto Santana
El incremento de la criminalidad en México y Centroamérica es una compleja realidad de nuestros días; esa situación se ha contabilizado por su gran magnitud: “para 2006, los costos económicos de la violencia en Centroamérica alcanzaron los 6,506 millones de dólares (7,7% del PIB subregional)” (II)
Estos costos en términos nominales se concentraron en mayor medida en Guatemala y El Salvador. Pero también en toda esta situación se identificaba a la región, y específicamente al llamado “Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), como la subregión más violenta del mundo. En ese tenor paralelamente se identificaba como los principales responsables de esa violencia (delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio) al fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado y las maras o pandillas juveniles (III).
Pero también paralelo a ello se ha indicado que las “altas tasas de criminalidad en la subregión se deben a la superposición de desajustes en varios subsistemas sociales (familiar, laboral, económico, político, cultural e institucional), agravados por la globalización (IV). A todo esto hay que agregar el hecho mismo de que en los países del Istmo centroamericano hay un fuerte flujo de armamento: “se indica que en 2007 existían aproximadamente 4.5 millones de armas cortas, la mayoría de ellas ilegales. Estas armas a menudo están presentes en los crímenes violentos en Guatemala y El Salvador” (V).
Complejo escenario económico
El modelo imperante de libre mercado, con la apuesta de elevar la tasa de capital con bajos salarios, bajos niveles de ocupación, menor seguridad social y precios bajos de las materias primas ha afectado principalmente a Centroamérica. Por ello se sostiene que el 14.2% de su población sufre desnutrición, es decir, casi 6 millones de personas; en cuatro de los seis países de América Central el porcentaje de personas subnutridas supera el 10%; y solo en Costa Rica dicho porcentaje es menor al 5%.
En cinco de los seis países de la región, más del 19% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica moderada y grave. El 50% de la población se encuentra en situación de pobreza y las cifras de pobreza extrema representan el 26.8%, media que duplica al resto de los países de América Latina y el Caribe (VI).
La reforma a la Ley de Migración
El ingrediente adverso de la situación del narcotráfico y el crimen organizado en México agudizó el panorama de las políticas de tratamiento para la migración y se detectó la necesidad urgente de revisar las legislaciones mexicanas involucradas. Así, en marzo de 2010, dentro del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró la audiencia pública “Situación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México”, en la que los peticionarios presentaron el problema del secuestro de personas migrantes en el país.
En este contexto, el 25 de agosto de 2010, elementos de la Armada de México localizaron en un rancho en las inmediaciones de San Fernando, estado de Tamaulipas, los cuerpos sin vida de 72 personas originarias de las repúblicas de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras (VII). Este terrible acontecimiento y la persistencia de eventos criminales contra migrantes en territorio mexicano aceleró los trabajos de los diputados en el Congreso de la Unión.
De esta manera, la Reforma a la Ley de Migración del 25 de mayo de 2011 tuvo una respuesta contra los fenómenos del narcotráfico y el crimen organizado, que en cierta forma modificaron las formas de atención al tema de la migración, tanto a nivel mundial como regional (VIII).
El primer impacto de esta reforma en México fue el triunfo y la consolidación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos humanos y en particular a favor de los migrantes indocumentados.
La ley reconoció la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil organizada, por lo que prohíbe expresamente que el Instituto Nacional de Migración (INM) realice visitas de verificación en los locales y lugares donde llevan a cabo sus actividades.
También se facultó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a celebrar convenios para coadyuvar con esas organizaciones, al igual que con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas de delito. Se tipificó el delito de tráfico de indocumentados y se incluyó como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio.
Protestas de los migrantes
En una reflexión final de esta situación que aquí mostramos, podemos señalar que este tipo de condiciones no ha variado mucho en el submundo de la trata de personas y de la economía sumergida. Damos testimonio de las protestas que los mismos migrantes indocumentados centroamericanos realizaron en territorio mexicano.
Por ejemplo, las registradas en mayo de 2012 contra el abuso policiaco. Tal situación tomó más fuerza el 18 de mayo de 2012, como se reporta en la protesta política de los migrantes centroamericanos, en una marcha en Tultitlán, Estado de México, punto neurálgico de ellos en su ruta por el ferrocarril de carga (“La Bestia”).
En ella se hizo énfasis en que a la par que veían violados sus derechos humanos también se violaban las leyes de migración mexicanas. Con ello se ponía de relieve su denuncia política en su crudo testimonio: “’Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales’, ‘No más secuestros’ y ‘Ni una muerte más, ni una masacre más, todos tenemos derecho a migrar’”(IX).•
Referencias:
I. Texto que forma parte del trabajo “Impacto político de la migración centroamericana en México”, trabajo será incluido en el libro de próxima publicación: Migración latinoamericana: experiencias regionales (siglo XXI), CIALC-UNAM.
II. Hugo Noé Pineda, Gasto público en seguridad y justicia en Centroamérica, México, CEPAL, octubre, 2011, p. 10.
III. Cf.: Francisco Cano, “La vida loca”: pandillas juveniles en El Salvador, Barcelona, “Anthropos”, 2009.
IV. Hugo Noé Pineda, op. cit., p. 11.
V. Ibid., p. 13
VI. Cf.: Centroamérica en Cifras. Datos de Seguridad Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar, en: http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/centroamericaen-cifras-datos-de-seguridad-alimentaria-nutricional-y-agricultura-familiar/
VII. Cf.: http://www.eluniversal.com.mx/notas/703946.html
VIII. Cf.: Adalberto Santana, “Narcotráfico y migración”, en Adalberto Santana y Ricardo Domínguez Guadarrama (coords.), Migración en el Occidente mexicano: una visión latinoamericana, México, CIALC-UNAM, 2012, pp. 75-84.
IX. Cf.: http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota29636.html
