El hambre y el desplazamiento de la población a nivel mundial aumentarán, según advierte la ONU, pues los migrantes y quienes reciben su ayuda económica se han visto en la necesidad de buscar desesperadamente un trabajo para mantener a sus familias.
De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para fines de 2021, “al menos 33 millones de personas más pasarán hambre en todo el mundo debido a la disminución del dinero que envían los migrantes por la crisis económica del COVID-19”.
El informe más reciente de ambos organismos advierte que muchos migrantes “no solo se verán obligados a regresar a sus hogares, sino que también provocarán una caída temporal de las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, que proporcionan un sustento esencial para alrededor una de cada nueve personas en el mundo, alrededor de 800 millones”.
Para finales de este año, el Banco Mundial ha pronosticado un caída del 14% en las remesas a los países de ingresos bajos y medianos y las consecuencias para la seguridad alimentaria de la población que deje de recibirlas podrían ser devastadoras.
Según ambas agencias de la ONU, la pandemia no es una crisis temporal, sino “una profunda disrupción que cambiará los patrones de migración durante años”, y hacen un llamado a los gobiernos a tomar medidas que logren proteger a los más vulnerables.
Además, las medidas de confinamiento han aumentado la llamada inseguridad alimentaria, es decir la imposibilidad de acceder a la comida de forma regular. También ha crecido la fragilidad entre los migrantes y las comunidades obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y desastres naturales.
Una caída que ya se siente en América Latina
Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que las poblaciones migrantes centroamericanas están sufriendo impacto económico muy severo, ya que más de la mitad de quienes participaron habían perdido su trabajo por la pandemia.
Además, el 82% afirmó que habían tenido que reducir la cantidad de remesas que normalmente envían porque no tenían suficientes ingresos.
“En el Corredor Seco de la región, donde las sequías afectan a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, la situación que se vive es muy difícil, con un 78% de los hogares que dependen de las remesas para sobrevivir o complementar sus ingresos y así comprar alimentos o invertir en la agricultura familiar”.
Según el estudio, más del 60% de las personas encuestadas durante agosto en los cuatro países, principalmente en Honduras, externaron su preocupación por no tener ingresos suficientes para poder comer.
“Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos también pagan un grave precio por la situación actual ya que han sido los más afectados por cierres de fronteras, las restricciones de actividad económica y la falta de acceso a la salud y seguridad social”, sostiene.
Los venezolanos dependen en gran medida del sector informal, y el declive económico en sus países de acogida están socavando gravemente sus medios de subsistencia al punto de obligarlos a regresar a Venezuela. Unas 120.000 personas habían regresado a su país de origen hasta octubre de 2020 y muchas se han quedado varados en las fronteras. Según el informe, las autoridades venezolanas han estado rechazando a muchos retornados.
Impacto más devastador que la enfermedad
“El impacto socioeconómico de la pandemia es más devastador que la propia enfermedad. Muchas personas de países de ingresos bajos y medianos, que hace unos meses eran pobres, pero podían sobrevivir, ahora encuentran que sus medios de vida han sido destruidos. Las remesas enviadas por los trabajadores en el extranjero a sus familias en el país también se han agotado, lo que ha provocado enormes dificultades. Como resultado, las tasas de hambre se están disparando en todo el mundo”, expresó el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.
El informe explica que la inseguridad alimentaria y el desplazamiento están estrechamente relacionados. El hambre, especialmente cuando se combina con un conflicto, es un factor crítico que impulsa a las personas a moverse. Nueve de cada diez de las peores crisis alimentarias del mundo se producen en países con el mayor número de desplazados internos. Mientras tanto, la mayoría de las personas desplazadas se encuentran en países afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición.
El Programa Mundial de la Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones piden a la comunidad internacional que se asegure de que se hagan todos los esfuerzos posibles para limitar el impacto inmediato en los más vulnerables, al tiempo que se garantizan inversiones a más largo plazo que aseguren un camino hacia la recuperación.
Las agencias recalcan que no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiarán los patrones de migración hasta por varios años.
“Una migración bien gobernada, como se describe en la Red de las Naciones Unidas sobre Migraciones, es un elemento esencial de una respuesta efectiva a COVID”, afirman.
Recomendaciones del informe
El PMA y la OIM proponen ocho acciones prioritarias para reconocer la relación entre el hambre y la migración, fundamental dentro de la respuesta a la crisis actual:
- Garantizar que los migrantes que enfrentan graves dificultades puedan acceder asistencia para satisfacer sus necesidades alimentarias y otras necesidades esenciales.
- Brindar asistencia a los desplazados y a sus comunidades anfitrionas, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos, así como migrantes en situaciones de crisis.
- Proporcionar acceso seguro a servicios críticos e información inclusiva para todas las poblaciones en movimiento y desplazadas internamente.
- Reconocer las contribuciones positivas de los migrantes y la diáspora, y promover su inclusión en los sistemas de protección social.
- Facilitar el flujo de remesas como elemento financiero esencial.
- Promover los ajustes necesarios a los marcos legales nacionales y garantizar el acceso a los servicios de justicia.
- Contrarrestar la xenofobia, la estigmatización y la discriminación hacia personas en movimiento a raíz del COVID-19.
- Mejorar los datos y el análisis para comprender mejor los impactos de COVID-19 sobre movilidad, remesas y dinámica de la seguridad alimentaria.
