Dos caravanas de migrantes haitianos, centroamericanos y otras nacionalidades cruzan en este momento el territorio nacional. La primera está por arribar a Veracruz, y la segunda arrancó de Tapachula ayer jueves. Son miles de personas, casi todas en familia, en grupos o en solitario, incluso niños. Una tragedia humana que es manejada con singular superficialidad y desparpajo por las autoridades de los países involucrados.
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El gobierno mexicano ejerce una política contradictoria hacia un fenómeno social inédito, que lo sorprendió desde hace cinco años, luego de que el huracán Matthew asoló Haití en 2016. Al principio, el gobierno quiso mantener su postura tradicional hacia la migración internacional, que reza: “la mejor política migratoria es no tener política.” Se concebía que el problema migratorio era ajeno, y que sólo afectaba a los Estados Unidos. A México no le convenía participar en su regulación o control, e históricamente se había resistido a adoptar medidas internas concretas para paliar los factores internos que la provocan.
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La administración Trump obligó al desentendido régimen mexicano a aplicar medidas disuasorias de carácter policial y militar, que contuvieran con efectividad los flujos humanos procedentes del sur. Hubo de abandonar la posición tradicional de indiferencia oportunista, y convertir a la Guardia Nacional y a las huestes policiales del INaMi en la Border Patrol trasnacional gringa. La contención fue efectiva y reconocida por el propio Trump; pero al inaugurarse la administración Biden se le quiso abandonar, pues no se compartían las mismas simpatías que con su predecesor.
Por otra parte, el gobierno de México ha manejado un discurso interesado que propugna la defensa de los derechos humanos, pero sólo de sus nacionales ya establecidos en los Estados Unidos. Ese discurso no encuentra equivalencia en el control interno de los flujos de migrantes extranjeros que, como lo han hecho los mexicanos desde hace más de un siglo, sólo buscan alcanzar el país de las oportunidades para iniciar una nueva vida. Para los mexicanos en el exterior, la gracia, y para los forasteros indocumentados la dura lex migratoria mexicana.
Varios años antes, miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otros orígenes habían atravesado el territorio mexicano, pero no en caravanas. Pero la inseguridad los convirtió en víctimas del crimen organizado, que vio una espléndida posibilidad de beneficiarse mediante la extorsión o el reclutamiento forzado. Recordamos bien las masacres como la de San Fernando Tamaulipas el 24 de agosto de 2010, que perpetró el cartel de los Zetas contra 72 migrantes centro y sudamericanos. Cientos de aspirantes a cruzar la frontera terminaron sus días desaparecidos o sepultados en fosas clandestinas; muchos se unieron a las fuerzas del crimen. Las omisiones de justicia del estado mexicano fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (REC/2013/080).
Los migrantes descubrieron que era más seguro transitar en caravana, con la ventaja de que el volumen atrae la atención de los medios de comunicación. La violencia represiva de las fuerzas de contención de ambos países ha quedado evidenciada por sus cámaras, y ha obligado a las gendarmerías a adoptar medidas paliativas, pero sin ceder ni bajar la guardia.
En la cumbre tripartita de ayer en Washington se abordó este tema, sin duda. No soy optimista sobre posibles cambios en favor de una solución humanitaria y de largo plazo; más bien creo que se habrán apretado algunas tuercas para obligar el vulnerable estado mexicano a reforzar el control sobre sus fronteras. Ojalá me esté equivocando…
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. riondal@gmail.com – @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ – https://rionda.blogspot.com/
