La dinámica que ha tomado la democracia mexicana nos debe alertar sobre dos cuestiones centrales. La primera de ellas es que el titular del Ejecutivo ha decidido construir el presidencialismo más vertical del que tenemos noticia en los últimos 30 años; mientras que la segunda es la incapacidad de las oposiciones para representar legítimamente a las minorías y hacer valer sus derechos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Gilberto Rincón Gallardo advertía en la década d ellos 90 que las democracias consensuales tienden a ser excluyentes; pues es muy distinto gobernar para la mayoría que gobernar para todas y todos. La cuestión es incluso de sentido común: ¿qué pasaría si una mayoría logra llegar al poder, bajo la premisa de que es necesario aniquilar, encarcelas o exiliar a quienes no piensan como ellos? Bajo un régimen de democracia mayoritaria, eso sería posible y hasta podría disfrazarse de legitimidad, pues “la mayoría es la que decide”.
Por ello, hay numerosos estudiosos de la política que han alertado que, en sociedades masivas, plurales y diversas como las nuestras, ese modelo tiende a la concentración del poder y a la violación grave de derechos; impone mecanismos violentos de exclusión y termina por negar los derechos de las y los diferentes.
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Lo que se ha propuesto para disminuir esos riesgos es construir regímenes democráticos sustentados en procedimientos y toma de decisiones reglamentadas para evitar que las minorías sean invisibilizadas o, de plano, negadas. Pero comprender esto requiere de una visión laica y republicana de la democracia, y no, como ocurre hoy en nuestro país, una lógica de rechazo a la diferencia sustentada en un discurso justiciero y legitimado en argumentos de tipo moral, antes que legal-procedimental.
Por eso también, desde Max Weber se ha pensado que la mejor forma que puede adquirir el régimen democrático es la racional-legal-burocrática; en la cual los procedimientos para dialogar y tomar son claros y establecen mecanismos de garantía de los derechos de las minorías, pero también se cuenta con un aparato de funcionarias y funcionarios públicos profesionales que, dado que no dependen de quien llega a los cargos políticos, apegan sus acciones y decisiones estrictamente al marco jurídico y reglamentario que les rige.
Enfrentamos en México una peligrosa lógica, articulada desde el partido-movimiento del presidente; el cual, al estar ideológica y políticamente sometido a la sola voz de uno -como lo habría denunciado Étienne de la Boétie hace siglos-, obedece a la lógica de la consigna y “la causa”, antes que a la racionalidad, la tolerancia y el apego a la Constitución.
Desde esta perspectiva, la fractura de las oposiciones es ya mucho más que solo moral. El espectáculo que se ha visto en el Congreso revela que no cuentan con la inteligencia, capacidades y estrategias de coordinación para evitar, por los causes institucionales, que la democracia representativa que tenemos siga resquebrajándose, llegando a la paradoja de que hoy tenemos un proceso legislativo, como nunca se había visto, sometido a un constante litigio judicial, rompiendo con ello el espíritu de la integración de un cuerpo legislativo que cumple y hace cumplir la Constitución. La paradoja, dicho de forma clara, es que el Constituyente Permanente se convierte en una amenaza al orden constitucional.
En la década de los 90 se argumentaba que había llegado el fin de las ideologías. Pero lo que se está viviendo en todo el mundo es la refutación completa a esa perspectiva. Las ideologías seguían allí, pero no habían emergido los liderazgos que lograran articularlas en discursos capaces de movilizar a millones y buscar con su apoyo la restitución de los discursos de la identidad, la intolerancia y la mentira como sustento de los liderazgos carismáticos.
A los partidos opositores les quedan 10 meses para articular un discurso relativamente creíble, y con esa base movilizar a la ciudadanía en defensa de un orden constitucional que sobreviva, no porque existe “un bloque de contención”, sino la voluntad y la racionalidad dialogante y parlamentaria que permite construir acuerdos y garantizar la inclusión de todas y todos.
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Investigador del PUED-UNAM
