Dentro de los asuntos de interés público que hoy se discuten en el municipio de Guanajuato, capital del estado homónimo, destaca la intención del actual y de los anteriores ayuntamientos de promover la construcción de un nuevo edificio para albergar el Museo para las Momias de Guanajuato (MOM). Para ello se plantea contratar un crédito de casi 70 millones de pesos, que se tramita ante el banco BBVA con un interés anual del 8.04% (t.ly/KZYf). El resto de los recursos necesarios, para acabalar los más de cien millones necesarios, se recabarán directamente del presupuesto municipal.
Puedes seguir al autor Luis Miguel Rionda en Twitter @riondal
El asunto tiene muchos ángulos inquietantes, pero destaco dos. Primero, el monto del crédito y el gasto, que comprometería el presupuesto de egresos de tres administraciones municipales por venir. Un municipio con un gasto anual de alrededor de 650 millones de pesos, con escasos ingresos propios y con participaciones federales y estatales en descenso real, debe ser muy precavido para asumir este tipo de obligaciones. No se ha dado a conocer algún estudio de mercado y viabilidad financiera a corto y mediano plazo, así que en apariencia la gestión municipal apuesta con los momios —no momias— en contra.
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En segundo lugar, el proyecto tiene implicaciones amenazantes en el ámbito cultural e identitario. La prevalencia de las urgencias financieras del municipio, y su gestión con un pretendido espíritu “empresarial”, discrimina el contenido simbólico cultural de las Momias de Guanajuato como íconos identitarios de una comunidad históricamente cohesionada, como fue evidente en la lucha social por el respeto al entorno simbólico-natural de los cerros de La Bufa y los Picachos en 2010.
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La exdirectora del MOM, Paloma Robles Lacayo, hoy regidora por Morena —a quien le reconozco una acertada sensibilidad sobre el simbolismo de estos cuerpos áridos—, ha venido promoviendo la realización de un plebiscito sobre la pertinencia de la construcción de este nuevo edificio, que se traduciría no sólo en endeudamiento sino en el traslado físico de estos restos, con su consecuente descontextualización y cosificación dentro de un entorno artificial: un inmueble tipo mall gringo o centro comercial.
Paloma presentó su primera solicitud de este ejercicio de democracia participativa ante el Instituto Electoral local el 20 de marzo de 2020. Esa solicitud no pudo progresar por los tiempos preelectorales, pero eso no arredró a la combativa líder. Volvió a presentar solicitud el año pasado y se avocó a reunir las firmas que se exigen para desatar un proceso de consulta ciudadana. No lo logró debido a la pandemia y a las tremendas exigencias que impone la anacrónica Ley de Participación Ciudadana estatal, que data de 2002.
Reza el artículo 22 de esta ley: “El plebiscito tendrá por objeto someter a consideración de los ciudadanos guanajuatenses la aprobación o rechazo de los actos o decisiones del Gobernador del Estado o de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la Entidad o del Municipio.”
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Sin embargo, las condiciones que estipula esta ley en varios de sus artículos hacen prácticamente imposible para la ciudadanía echar atrás las acciones administrativas de los gobiernos municipales. Para iniciar el proceso, su artículo 30 fracción primera exige recabar la firma y datos de al menos el tres por ciento de la lista nominal de electores. En el caso del municipio de Guanajuato esa lista sumó 143 mil 536 ciudadanos a diciembre de 2021. El 3% equivale a 4 mil 306 firmas. Par dimensionar la cifra hay que recordar que en la elección municipal pasada votaron 61 mil 333 guanajuateños, 44% del padrón electoral.
Pero ahí no termina todo, como veremos en la reflexión de la próxima semana…
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ – https://rionda.blogspot.com/
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