La administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos tiene muy pocos logros qué presumir en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En efecto, de acuerdo con la investigación presentada recientemente por el PUED-UNAM en https://bit.ly/3UdT0kk , respecto del nivel de incumplimiento de los DESCA en el país, Morelos se ubica por debajo del promedio nacional, que en sentido estricto sentido puede calificarse como muy bajo. Así, en una escala de 0 a 1, el país obtiene un promedio de .543 en el cumplimiento de esos derechos, mientras que Morelos se ubica con un valor de apenas .509, siendo la 9ª peor entidad del país en este tema.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
De acuerdo con los datos del CONEVAL, entre 2016 y 2022 la tendencia del porcentaje de personas en pobreza en Morelos ha tenido un comportamiento de altibajos. En efecto, en el 2016 se estimó que el 46.7% de la población era pobre; para el 2018 el porcentaje creció a 48.5%; en el 2020 pasó a 50.9% de los habitantes de la entidad; y en 2022 descendió a 41.1%; reducción que aún o ha sido suficientemente explicada en términos causales. En números absolutos, las cifras pasaron de 894,500 en 2016 a 952,900 en el 2018; a 1,006,000 en el 2020 y a 825,100 en el 2022. Es decir. en los seis años que se mencionan, sólo han salido de la pobreza 69,400 personas, lo que hace un promedio de alrededor de 11,566 por año. A ese ritmo, en una proyección lineal, tardaría casi 71 años erradicar la pobreza de la entidad, cuando la meta es precisamente reducirla a cero en el año 2030.
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Como se observa, si bien hubo una reducción de la pobreza en general en el estado, en lo que respecta a la pobreza extrema el incremento fue de 5.15 de la población en el año 2016 a 6.2% en 2020; creció a 8.4% en 2020; y descendió a 5.8% en 2022, indicador superior al del 2016. En números absolutos, en el periodo señalado, la cifra pasó de 97,700 personas en 2016 a 117,500 en el 2022.
Los datos del CONEVAL muestran que el estado de Morelos no tuvo ningún avance en la reducción de las vulnerabilidades sociales. Por el contrario, o los indicadores se estancaron, o tuvieron francos y graves retrocesos. En el caso del rezago educativo, la estimación para el año 2016 fue de 15.5% de la población, pasó a 19.3% en 2018; a 17.7% en 2020 y a 17.9% en el 2022.
Finalmente, en el ámbito del acceso a los servicios básicos en la vivienda en 2016 el 17% de la población carecía de ellos; en 2018 el indicador creció a 19.9%; en tuvo un ligero descenso a 17.9%; mientras que en 2022 se ubicó en 17.4%¸ es decir prácticamente igual que seis años atrás.
Por su parte, el caso del acceso a servicios de salud es tan desastroso como lo ocurrido de manera generalizada en el país. En efecto, en el 2016 el 15% de la población no tenía afiliación a ningún sistema de salud; en el 2018 se elevó a 16.8%; en el 2020 creció a 31.8%; mientras que en el 2022 llegó al récord negativo de 46.4%.
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