Los datos del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal en el ámbito de la salud son, por decir lo menos, inquietantes. El panorama de la morbilidad y la mortalidad en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID19 se ha ensombrecido hasta llegar a niveles mucho muy preocupantes.
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En efecto, lo que nos muestra el Anexo Estadístico del Informe del gobierno de la República es una muy severa caída en ámbitos que resultan clave para la salud pública y, por supuesto, en las posibilidades de bienestar de las personas, particularmente de aquellas más vulnerables.
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Ya desde los datos del Censo 2020, dados a conocer este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se había mostrado que la cobertura en los servicios de salud se había reducido; pero otro dato, que el censo no tiene como objetivo captar, pero que es de suma relevancia, es el relativo al acceso efectivo a los servicios de salud y medicamentes, es decir, no basta con tener afiliación, sino que ésta garantice atención oportuna.
Al inicio de la administración 2018-2024, la oferta del gobierno federal fue construir un sistema universal de salud, que no sólo diera atención a todas y todos, sino que su enfoque sería eminentemente preventivo; lo cual implica el desarrollo de un complejo sistema de políticas públicas que tengan la capacidad de incidir en los determinantes sociales de la salud.
Pero nada de esto ha ocurrido, y esto se afirma con base en los propios datos del gobierno federal. En efecto, hay indicadores de suma relevancia, como la caída, a sus niveles históricos más bajos, en el porcentaje de niñas y niños menores de un año con esquema completo de vacunación.
Cuando el Dr. Jesús Kumate, uno de los gigantes de la salud pública en México, creo el Programa Nacional de Vacunación, argumentaba que el objetivo era lograr la “inmunidad de rebaño” para enfermedades prevenibles por vacunación; pero conseguirlo, los niveles de inmunidad deberían ubicarse por arriba del 70%.
De acuerdo con los datos de Informe, entre enero y marzo del 2021 se tenía una estimación vacunación con esquema completo, a sólo el 13% de las y los menores de 1 año. Y por la tendencia, pareciera que al finalizar el 2021 estaríamos por debajo del 60% con esquema completo. Con ello, estará en riesgo la salud y la vida de miles de niñas y niños; pero también, el país podría enfrentar un efecto de pérdida de inmunidad colectiva frente a padecimientos como el sarampión y otros que son prevenibles vía la vacunación.
Pero no sólo esto; también han caído a su mínimo histórico las acciones dirigidas a la detección oportuna de diferentes tipos de cáncer, notoriamente los de mama y cérvix; en ambos rubros, el hecho de no haber detectado a tiempo a decenas de miles de casos, podría llevar a muchas mujeres a estadios de enfermedad grave, y también, tristemente, a miles de defunciones que podrían y aún pueden evitarse.
El problema es que en el sistema de salud reina el caos; la coordinación no funciona; las estrategias de salud pública dejaron de tener un carácter auténticamente nacional pues la concertación de los tres órdenes del gobierno está paralizada por razones político-electorales, amén de la caída en el monto de recursos de que se dispone, pues una inmensa cantidad fue reasignada para la atención de la pandemia.
Lo que puede preverse es que, en los meses por venir, comencemos a contabilizar, además del exceso de mortalidad por la pandemia, también niveles de exceso de mortalidad por otras causas como las señaladas, que se sumarán a la inmensa mortandad que ya están generando, igualmente por desatención, padecimientos como la diabetes y la hipertensión.
Si el gobierno actúa con responsabilidad, aún está a tiempo de evitar los excesos que vienen en los niveles de la mortalidad en el país.
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Investigador del PUED-UNAM
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