El pasado 29 de enero de 2018 Greenpeace publicó su reporte Bio (in)seguridad en México: permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche, en el que expuso que esta empresa solicitó en 2012 un permiso a la Sagarpa para liberar soya genéticamente modificada en 253 mil 500 hectáreas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas
En ese mismo año, Sagarpa aprobó la solicitud de Monsanto, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sin tomar en cuenta las opiniones de los órganos técnicos que corresponden a cada una de estas dependencias, así como las de distintas organizaciones expertas en esta materia sobre las afectaciones al medio ambiente que traería como consecuencia la siembra de soya transgénica.
Frente a esta situación, se interpusieron diversas demandas y juicios de amparo en los estados de Yucatán y Campeche, que, además del tema ambiental, destacaron la afectación del derecho al trabajo y de las actividades económicas de la región, así como la violación del derecho a la consulta previa y la libre información de los pueblos y las comunidades indígenas.
En respuesta a ello, en Campeche se suspendió de oficio el permiso que Sagarpa otorgó durante seis meses a partir de junio de 2012. Hacia finales de 2014 se dictaron sentencias que resultaron favorables a las comunidades y apicultores mayas.
En oposición a ello, Monsanto, Senasica y el Ministerio Público Federal interpusieron un recurso de apelación; en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de las demandas de los pueblos mayas, declaró inconsistente el permiso y ordenó que se llevara a cabo una consulta en los municipios donde habitan los demandantes.
No obstante la decisión de la SCJN, señala Greenpeace, se siguió dando de manera ilegal la siembra de soya genéticamente modificada durante periodo agrícola de primavera verano de 2016 y de 2017 en varios municipios del estado de Campeche, a lo que este organismo ambientalista interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente (Profepa) a favor de la prohibición de siembra de este producto.
