por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con los datos del INEGI, entre los años 2006 y 2015 se han cometido 21,045 homicidios en contra de mujeres; de éstos, no se tiene claridad cuántos casos constituyen en realidad feminicidios o crímenes de odio. Se tiene registro de que 16,683 fueron cometidos en zonas urbanas, y 3,623 en rurales. Del total, en el 34.3% de los casos, las víctimas tenían una escolaridad de secundaria o menos.
El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de una fecha de singular relevancia, porque parte del reconocimiento, al máximo nivel en las Naciones Unidas, de que la violencia contra las mujeres constituye un contrasentido frente a la noción de una sociedad igualitaria, democrática y garante de los derechos humanos.
En su mensaje del año 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó que: “Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe. Debemos destruir los estereotipos de género y las actitudes negativas, adoptar y aplicar leyes para prevenir y poner fin a la discriminación y la explotación y hacer frente a los comportamientos violentos cuando los vemos. Debemos condenar todos los actos de violencia, establecer la igualdad en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares, y cambiar la experiencia cotidiana de las mujeres y las niñas”.
Desde esta perspectiva, es urgente que se actualicen los datos respecto de la prevalencia e incidencia de las distintas formas de violencia contra las mujeres, pues las encuestas disponibles datan ya de 2011, cuando se llevó a cabo el último levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
De todas las formas de violencia contra las mujeres, las más extremas son el homicidio y el feminicidio; respecto del segundo fenómeno las cifras son deficientes e insuficientes. Respecto de los homicidios, se presenta a continuación el panorama que prevalecía hasta 2015.
La magnitud
En los 10 años que van del 2006 al 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un registro de 195,900 homicidios cometidos en todo el país. De éstos, en 173,935 casos las víctimas fueron hombres, mientras que en 21,045 casos las víctimas fueron mujeres.
Es importante destacar que los años más violentos, en términos del número de homicidios cometidos en contra de las mujeres son los de 2010 al 2013; en efecto, en el primero referido, el número de homicidios contra las mujeres ascendió a 2,418 casos; en el 2011 la cifra creció a 2,693 casos; el 2012, el año con mayor número de homicidios contra mujeres, se llegó a un máximo histórico de 2,764 casos; en 2013 hubo un descenso a 2,648 casos; en 2014 bajó a 2,408, y en 2015 a 2,383.
¿La escolaridad cuenta?
Uno de los factores en torno a los que no existe evidencia concluyente y sobre el que es necesario desarrollar mayores estudios, es el de la posible relación entre el nivel educativo de las víctimas y la incidencia de homicidios. En el caso de las mujeres, hay quienes asumen que a menor escolaridad hay una menor capacidad para resistir o rechazar la violencia; por otro lado, hay también quienes sostienen que el nivel educativo es un factor, aunque importante, no determinante de la capacidad o no de evitar o rechazar la violencia.
En este marco, debe considerarse también que el grado promedio de escolaridad en 2015 apenas superó los 9 años. Y que las cifras, en todo caso, deben ponderarse tomando en cuenta este factor.
Así, de los 21,045 homicidios de mujeres contabilizados entre 2006 y 2015 en el país, se tiene registro del nivel de escolaridad en 20,370 casos; entre estos, 749 eran menores de 6 años sobre los que no se determinó el dato; en 40 casos sí se determinó que asistían al preescolar; 1,497 mujeres asesinadas no tenían ninguna escolaridad; en 2,349 casos la víctima tenía estudios de primaria incompleta, mientras que en 3,148 casos tenían la primaria completa.
Asimismo, en 1,244 casos se identificó que las víctimas contaban con secundaria incompleta; 4,004 secundaria completa; en 780 casos habían cursado bachillerato incompleto, y en 1859 casos bachillerato completo; en 1,776 casos las víctimas tenían nivel profesional y en 33 casos habían estudiado algún nivel de posgrado. Finalmente, en 2,891 casos no se determinó la escolaridad de la víctima.
Lo anterior implica que el 34.3% de los casos las víctimas tenían nivel de escolaridad de secundaria o menos; en 13% se tenía algún nivel del bachillerato o completo; mientras que en 8.9% se tenía nivel de educación superior. Al respecto es importante precisar que las categorías de “bachillerato incompleto” y “posgrado” comenzaron a especificarse sólo a partir del 2012, por lo que es probable que haya una subestimación del dato.
Áreas rurales y urbanas: una ligera diferencia
Los datos del INEGI apuntan a que los homicidios de mujeres se cometen en una proporción ligeramente mayor en áreas urbanas que en rurales. En efecto, de los 195,900 homicidios cometidos, el 10.7% corresponde a casos de mujeres. De la suma total, 151,540 fueron cometidos en zonas urbanas, y de éstos, en 16,683 casos las víctimas fueron mujeres, es decir, 11% del total. Finalmente, 37,427 homicidios fueron cometidos en zonas rurales, y de éstos, 3,626 corresponden a víctimas mujeres, es decir, el 9.7% del total.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 22-noviembre-2016, p.18.
