¿Cuál es el vínculo entre la militarización de la seguridad pública, las mujeres y el Acuerdo presidencial? Este artículo te invita a reflexionar sobre el tema.
La estrategia de seguridad, la de los militares en las calles, parte de una idea predominantemente masculina, de una forma extrema de control que reproduce estructuras patriarcales. Estas políticas de mano dura y (ab)uso de la fuerza que justifican la actuación del cuerpo castrense en el combate a la violencia, han generado diversas consecuencias para la población, específicamente para las mujeres.
Por Marcela Villalobos. Síguela en Twitter: @MarceVillalobs
Militarización, mujeres y el acuerdo presidencial
Desde el inicio de la “guerra contra las drogas” que institucionalizó el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, las mexicanas seguimos padeciendo de la falta de perspectiva de género en las políticas de seguridad pública en México. Los últimos 14 años se han profundizado las relaciones de poder desiguales que restringen nuestra libertad y limitan el ejercicio de derechos.
La violencia contra las mujeres, que ocurría en mayor medida espacio privado y ejercido por personas conocidas a la víctima, ha salido de casa para tomar el espacio público. La tiada de violencia-militarización-crimen organizado favorece la violencia estructural contra las mujeres, las principales víctimas entre los pactos de poder e impunidad, pues somos usadas como moneda de cambio o botín de guerra.
Entre las consecuencias de la militarización de la seguridad pública, se ha optado por sumar una perspectiva prohibicionista y punitivista que llevó a mujeres en situación de vulnerabilidad al encarcelamiento por delitos contra la salud, acusadas de trasiego de droga y hasta en el lenguaje se les cosificó llamándolas “mulas”. Asimismo, el incremento en los asesinatos de mujeres nos hacen contar a nuestras hermanas por miles, pues en este año las cifras se vuelven escalofríantes con un promedio de 11 víctimas de feminicidio al día.
Otras nefastas consecuencias
En cuanto a la desaparición de mujeres en México, este delito se comete de manera sistemática y sin sanciones a los responsables. De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México existe el registro de 1,277 mujeres desaparecidas o no localizadas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, de las cuales más de la mitad son niñas y mujeres jóvenes. Las investigaciones de las mujeres desaparecidas caen en estereotipos machistas. A menudo se escucha a los agentes en ministerios públicos criminalizar a las desaparecidas con frases como “se fue con el novio”, que perpetúa la violencia institucional y evidencía la falta de perspectiva de género.
Después de la fallida estrategia de seguridad de los últimos dos sexenios, el año pasado todos los partidos políticos en el Congreso pactaron la desmilitarización del país. La reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, marcó tres puntos fundamentales: i) la creación de un cuerpo policial civil, la Guardia Nacional; ii) el fortalecimiento y profesionalización de policías locales; y iii) un régimen de excepción para que las Fuerzas Armadas continúen ayudando en tareas de seguridad pública de forma acotada y fiscalizada hasta el 27 de marzo de 2024.
Respecto al último punto, había que regular ese actuar acotado y fiscalizado conforme a obligaciones internacionales para que el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, fuera extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador desacató la Constitución y las obligaciones fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y emitió un Acuerdo que apenas menciona someramente estos principios brincándose al poder legislativo. El acuerdo faculta a militares y marinos a seguir realizando labores ajenas a sus funciones como cateos y detenciones que de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, de 100 mujeres detenidas por militares y fuerzas federales, 72 afirmaron ser víctima de violencia sexual.
Estereotipos presidenciales
Pareciera que el presidente está más preocupado en repetir discursos que reproducen estereotipos de género, de domesticación y “valores familiares”, o pidiéndole a los delincuentes que piensen en sus “mamacitas” en lugar de presentar políticas con base en evidencia y perspectiva de género para disminuir realmente la violencia contra las mujeres. Esto pasa por respetar la reforma constitucional del año pasado para hacer posible una desmilitarización apegada a los estánndares constitucionales e internacionales para acotar el riesgo de abusos contra las mujeres y la población en general.
Por lo anterior, es más que relevante la controversia constitucional presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados para que la Corte decida si en efecto el Acuerdo del presidente es contrario a la reforma aprobada el año pasado, como lo han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, la ONU-DH, la CNDH, juristas y personas expertas en la materia. No se entiende la oposición de Morena en la Cámara baja a una decisión legal, legítima y transparente para defender lo que cada una y cada uno de ellos votó (a favor) el año pasado. Dejemos que la Corte decida como ocurre en cualquier democracias.
La militarización encuentra su punto de convergencia con el patriarcado al replicar el sistema de dominación y opresión sobre el control de los cuerpos e identidades de las mujeres. Mientras el gobieron siga con esa estrategia patriarcal de militarizar la seguridad pública y no se apueste por políticas de seguridad con perspectiva de género, las violencias contra nosotras seguirán en aumento.
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Sobre la autora
Marcela Villalobos es Maestra en Derechos Humanos por FLACSO-México. Es activista y defensora de derechos humanos.
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Frase clave: Mujeres y el acuerdo presidencial
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