En 2024 se elegirán autoridades en 1,580 municipios. Es más de la mitad del total de los que existen en el país. Se trata de hecho de la elección más numerosa, tanto por el número de cargos en disputa, como por la cantidad de votantes que habrán de participar en ella.
Escrito por: Saúl Arellano
Esto ocurrirá en un contexto inédito de violencia, pues nunca se había tenido la cifra de asesinatos y personas desaparecidas que hoy se contabilizan en todos los registros oficiales. Nunca había habido tantas fosas clandestinas repletas de cadáveres, y nunca como ahora se había generalizado la presencia criminal en actividades como la extorción y el “cobro de piso en lo local”.
Todo lo anterior es relevante, porque ocurre en territorios que, a pesar del discurso triunfalista del gobierno de la República, están ya bien tomados por los grupos de la delincuencia organizada, o constantemente amenazados: los bloqueos se multiplican, y para colmo, como estrategia de propaganda narca, los cárteles organizan auténticos desfiles en los que hacen gala de su capacidad de fuego, pero también, de su actitud desafiante frente a la autoridad.
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En fechas recientes se han registrado hechos emblemáticos de la crisis estructural por la que atraviesa el país: en Baja California, la alcaldesa de Tijuana tuvo que cambiar su residencia para vivir en las instalaciones de la Región Militar de aquél estado debido a las amenazas del crimen organizado. Y en fechas recientes, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue “levantada” por un grupo delincuencial, y afortunadamente ha sido liberada con vida.
En entrevista con Denisse Maerker, la alcaldesa afirmó que a pesar del “buen trato” que recibió durante su cautiverio, le fueron solicitadas cosas que, en su inmensa mayoría, no está en sus manos llevar a cabo, y que, de hacerlo, estaría realizando actividades ilegales.
El impacto de este evento es claro: cualquier alcalde o alcaldesa del país, en cualquier demarcación que sea del interés de los grupos delincuenciales, está a merced de los delincuentes, pues han demostrado que pueden atentar contra cualquier funcionario de cualquier nivel en los ámbitos estatales y municipales; y de hecho también han escalado el nivel de desafío atentando en contra de altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado en la segunda mitad de la década de los 90; y a su entrada en vigor, asignó a los municipios la responsabilidad de garantizar la seguridad pública municipal, entendida en su dimensión preventiva.
Para darle operatividad a esa reforma, que implicaba otras facultades y funciones, se diseñó el Ramo Presupuestal 33; en el cual se instituyeron fondos con recursos
federales, asignados directamente a los municipios para fortalecer sus capacidades de gestión y gobierno, en la lógica de lo que se proponía como un nuevo federalismo que tendría como sustento un proceso amplio de descentralización administrativa.
A partir de estas determinaciones, se creó el llamado Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), que luego se transformó en FORTASEC, instrumentos presupuestales a través de los cuales se han destinado cientos de miles de millones de pesos a lo largo de ya prácticamente 25 años, y cuyos resultados han sido poco menos que desastrosos en prácticamente todo el territorio nacional.
Es cierto que ha habido algunas entidades y municipios donde luego de periodos de intensa y desbordada violencia se han reestablecido condiciones de relativa paz; pero aún en esas demarcaciones, prevalecen condiciones de criminalidad y delincuencia muy elevada, y esto puede afirmarse sin espacio a mayores dudas con base en la magnitud de la cifra negra que reporta anualmente el INEGI a través de la ENVIPE.
El poder de veto e incluso de mando que los grupos delincuenciales tienen hoy sobre las autoridades de numerosos municipios es más que evidente. Lo que significa en todo caso una enorme fractura en el orden constitucional de nuestro país, pues no solo se han cedido espacios territoriales, sino que ahora se está claudicando en el ejercicio de las potestades constitucionales, entre las más peligrosas, el monopolio de la violencia legítima.
En ese sentido, resulta evidente el nivel de riesgo en el que están las autoridades locales, sobre todo ante la debilidad de los partidos políticos y del sistema electoral en su conjunto, para evitar el financiamiento ilegal de las campañas políticas por parte de los grupos delincuenciales, y peor aún, ante los casos que con cada vez más notoriedad se dan a conocer en medios de comunicación, respecto de la imposición de candidatos, no sólo en un partido, sino en varios simultáneamente, garantizando que quien llegue a los cargos dependa de ellos y ceda a sus demandas bajo la lógica de “plata o plomo”.
Quien resulte elegida como presidenta de la República en 2024 tendrá como uno de los mayores retos impulsar un nuevo federalismo, y pensar incluso en una reforma constitucional o legal que permita superar la crisis de los municipios, que parece ser ya estructural en diversas materias; y construir nuevas estructuras, nuevas estrategias y nuevos mecanismos para la coordinación y para dotar de fuerza y capacidades a lo local.
México no puede continuar “arrinconado” en sus capacidades para garantizar lo más elemental a sus ciudadanas y ciudadanos: seguridad sobre su vida, sobre sus bienes, y seguridad en sus entornos para realizar una vida en bienestar. Otro federalismo es posible, pero hace falta querer construirlo.
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Investigador del PUED-UNAM
