En días recientes se dio a conocer el contenido de uno de los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de las filtraciones de lo que se ha llamado “Guacamaya leaks”, relativo a la existencia de una “narco tienda”, por cada escuela, en varias zonas de la Ciudad de México; y en colonias como la Morelos y Guerrero, en el centro de la Ciudad, hasta 1.3 “narco tiendas” por cada plantel escolar.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
La cuestión no sólo genera una preocupación mayor, sino que además constituye un escandalo por el ominoso silencio de las autoridades, en todos los niveles, respecto de que, sabiendo lo que ocurre, teniendo claros modus operandi, e incluso a los probables responsables de la operación de este negocio que lastima y pone en un riesgo enorme a las niñas y los niños, pareciera que la cuestión es simplemente “tener los datos” es esperar “que alguien más se encargue”.
De acuerdo con la mayoría de las leyes, normas y reglamentos para el expendio de bebidas alcohólicas, en prácticamente todo el país, se prohíbe que haya cantinas, bares o tiendas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas a distancias que van de los 100 a los 400 metros respecto de cada uno de los planteles escolares de educación básica y media superior.
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Esas nomas, por supuesto que no se cumplen; y es de una relevancia suprema, porque constituye una violación flagrante, en todo el territorio nacional, del Artículo 3º y 4º de la Constitución, en lo que respecta a los derechos de la niñez.
Adicionalmente, es preciso comprender que, de acuerdo con la literatura especializada, tanto el consumo y el abuso en el consumo de alcohol y tabaco son precursores del consumo de otras sustancias adictivas. Y eso tiene qué ver con múltiples factores, pero uno de los que en mayor medida resultan determinantes en el crecimiento del uso de sustancias adictivas es precisamente el de la disponibilidad.
En efecto, en la medida en que las drogas se acercan más a las escuelas, se incrementa la probabilidad de que las niñas, niños y adolescentes con mayor proclividad al consumo, tengan acceso a ellas y se inicien o profundicen las condiciones de adicción en que lamentablemente muchas y muchos de ellos ya se encuentran.
El confinamiento obligado de la pandemia llevó a que cientos de miles de niñas, niños y adolescentes no pudieran terminar el ciclo escolar en que estaban inscritos; pero igualmente, cientos de miles de ellas y ellos no pudieron regresar a sus escuelas debido al empobrecimiento de sus familias, lo que los llevó a incorporarse al mercado laboral, o simplemente a no tener otra opción más que mantenerse en sus hogares realizando, en el mejor de los casos, trabajo doméstico no remunerado.
Todo lo anterior ocurre en un país con un sistema de salud fracturado y desbordado en sus capacidades, sobre todo en las áreas de prevención y atención de la salud mental. Porque justamente el problema del crecimiento de las adicciones tiene como uno de sus factores más relevantes el de la depresión, el ser víctimas de violencia, o el vivir sin oportunidades de bienestar mínimo.
Las escuelas mexicanas deben constituirse como auténticas anclas de círculos de protección que permitan garantizar que las niñas y niños estarán protegidos contra toda forma de maltrato, abuso y violencia; y vaya que estar expuestos a la venta y disponibilidad de drogas constituye un marco de desprotección mayor ante esos fenómenos.
Por ello es que resulta a todas luces limitada la visión que esta administración ha privilegiado respecto de la educación y la relación que ha planteado con la comunidad tanto escolar, como la que se encuentra en los entornos. Preocupantemente, lo que se percibe es que este rubro entrará en la numeralia, si no de los fracasos, sí de los enormes pendientes que habrán de heredarse a la próxima administración.
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Investigador del PUED-UNAM
