Héctor Robles Berlanga, investigador asociado de Rimisp, relata las gestiones que se han hecho en México para fortalecer el apoyo a los productores de pequeña escala; ha habido logros, pero falta una visión integral y persisten inercias en la gestión institucional. La coyuntura electoral da una oportunidad para impulsar un buen programa que opere a partir de 2019
Con base en la evidencia de que en México predominan los agroproductores de pequeña y mediana escala –y que ellos generan gran parte de los alimentos, además de que proveen empleos y contribuyen al sostenimiento de la biodiversidad y a la riqueza gastronómica nacional–, una serie de actores académicos y de organizaciones sociales han hecho propuestas al Poder Ejecutivo y el Congreso para que el presupuesto rural perfile un apoyo eficiente a estos productores.
Tras cinco años de esfuerzos para concretar cambios en esta dirección, hay avances: “hemos logrado la apertura programática [en los tres años más recientes 11 programas establecidos en diversas instituciones fueron agrupados, primero en dos grandes programas y luego, en 2017, en uno solo, el S266 de Apoyos a Pequeños Productores, que se opera desde la Secretaría de Agricultura]”. Pero las inercias institucionales prevalecen, se privilegia el cumplimiento de reglas de operación difíciles de cubrir, y se mantiene la “captura” de los programas (y los recursos) por parte de algunas organizaciones campesinas, que viven de la renta institucional.
Por ello los 11 programas ya agrupados siguen operando de forma desarticulada (bajo la denominación de “componentes” del S266), y la coyuntura electoral se abre como un espacio para nuevos esfuerzos que busquen, ahora sí, la puesta en marcha de un programa “integral” a favor de la pequeña y mediana agricultura a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Héctor Robles Berlanga, investigador asociado de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (www.rimisp.org) y miembro de la Campaña Valor al Campesino, da cuenta de estos esfuerzos. Él ha sido protagonista en el trabajo de generar evidencia sobre el peso y la importancia que tiene la pequeña y mediana agricultura, y también lo ha sido en la exposición y penetración de esta idea en diversos foros –incluido el de diálogo rural que coordina Rimisp en México–. Héctor Robles hace una advertencia y subraya la urgencia de hacer ajustes: “La violencia en México está creciendo, no sólo en zonas urbanas. Ha aumentado de forma exponencial en entidades eminentemente rurales como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Tenemos que reconstruir el tejido social en el campo; esto es indispensable para alcanzar la paz y ello incluye apoyar a la población rural en su papel de productores”. Argumenta que en años recientes ciertos sectores del gobierno e incluso de la academia han construido un discurso de política pública que desdeña a los pequeños productores, al considerarlos inviables o tendientes a desaparecer y por ello se les mira más como población pobre que como productores.
Robles Berlanga reflexiona en torno a algunas preguntas básicas:
¿Por qué debería existir una acción gubernamental a favor de los pequeños y medianos productores? “Primero –dice–, porque, estemos de acuerdo o no, esa es la característica de nuestros productores en México. Siete de cada diez tienen hasta cinco hectáreas y nueve de cada diez hasta 20 hectáreas. El marco censal marca que 88% de los agricultores y 92% de los ganaderos son pequeños y medianos, y 91% de los forestales son pequeños. Los grandes agricultores son pocos. Segundo, porque han crecido en número. En 1930 había unos 250 mil y ahora tenemos entre tres millones y 3.5 millones con esa característica de tamaño, debido al reparto de tierras y a las sucesiones (herencias) tanto en propiedad privada como social”.
Y ¿es viable o no la producción en pequeña y mediana escala? “Sí es viable; es falso que no aporte a este país. Según la información censal de 2007, las unidades de producción de hasta 20 hectáreas aportan el 20% del volumen de la producción nacional. Es un gran aporte. Además, las unidades de hasta cinco hectáreas generan el 60% del empleo contratado en el agro nacional, y si tomamos la medida de hasta 20 hectáreas, generan el 80% de ese empleo. Estos productores están en los principales cultivos, incluso en los commodities (materias primas, como maíz, trigo y demás granos básicos). La cerveza, que es uno de los rubros principales de exportación, es abastecida (de cebada y malta) por productores de seis hectáreas en promedio. Sin duda son pequeños los productores del agave que va para la producción del tequila tan apreciado en el extranjero. Y lo mismo ocurre con aguacate y caña de azúcar. Y en los alimentos principales en México, como maíz y frijol, los pequeños y medianos productores están muy presentes. Nunca he escuchado a Nestlé o a las industrias tequileras decir que los productores pequeños son inviables. Trabajan con ellos, son sus proveedores, hacen contratos con ellos”.
Además, los pequeños y medianos productores son garantes de la biodiversidad y de la captación de agua. La comida mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su riqueza y diversidad (en cultivos como quelites, verdolagas, especias, frijoles y maíces en múltiples variedades). Quien permite esto no es la gran agricultura que produce 10 o 12 cultivos. Esa riqueza viene de la pequeña y mediana agricultura, señala.
Con todos estos argumentos, recuerda Robles, en Rimisp, “cuando iniciamos trabajos en el área de Inclusión Productiva, en 2013, lo primero que hicimos fue identificar todos los programas públicos de corte productivo que de alguna forma atendían a campesinos, a población vulnerable, a población pobre, a pequeños productores, todas estas modalidades. Y detectamos que no eran pocos y que estaban todos dispersos en diversas Secretarías y otras instituciones”. Fue entonces que voces como la de Rimisp y Valor al Campesino, junto con muchas otras que coincidieron entonces, aconsejaron integrar todos estos programas e implementar recomendaciones de organismos internacionales (FAO, Banco Mundial), como definir claramente población objetivo y crear una batería de servicios que complementaran los apoyos a la producción (servicios como comercialización, financiamiento, aseguramiento y asistencia técnica).
Esos programas se agruparon entonces en dos grandes programas, y posteriormente (luego de una evaluación en la que participó el propio Robles Berlanga), derivaron en uno solo, el S266, que en 2017 contó con un presupuesto nada despreciable de 16 mil millones de pesos y en 2018 con poco más de 12 mil millones (hasta ahora, si no hay ajustes durante el ejercicio).
El programa S266 de pequeña agricultura se conforma de 11 componentes, entre ellos el de apoyo a la caficultura; el Programa de Apoyo para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), Proyectos Productivos (Fappa), Extensionismo, el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), apoyos para enfrentar desastres naturales; apoyos a jóvenes (hoy llamado Arráigate), apoyo a mujeres (hoy llamado El campo en tus manos), e Incentivos Productivos. Pero no ha logrado operar de forma integral debido a cinco razones:
- Se gestiona desde siete áreas diferentes de la Secretaría de Agricultura, algunas de las cuales implican concertación con las organizaciones (o sea que hay un carácter político). Las siete áreas “no dialogan entre ellas y tienen sus propias lógicas” y además implementan reglas de operación sin visión integral.
- Cada área tiene una definición de población objetivo que no necesariamente especifica a los pequeños y medianos productores (como es el caso de Extensionismo, que va dirigido a todo tipo de productores), y por tanto no se focaliza.
- En la Secretaría de Agricultura no están convencidos del programa para pequeños productores. “Desde hace muchos años tienen una visión de que deben atender sólo a los productores medianos y grandes, y así lo creen, ni siquiera es por mala fe”.
- El programa no ofrece el paquete de servicios que debe acompañar a la producción primaria. Y
- Varios de los componentes del programa son altamente capturados por un segmento de organizaciones que, si bien han manifestado su interés por una política definida a favor de la pequeña agricultura, no quieren renunciar a lo que ya reciben.
Lo mejor, dice Robles, sería quitar todas las etiquetas de los componentes y ofrecer un solo programa complementado con un paquete de servicios, considerando como base los padrones de aquellos programas que hoy cuentan con bases firmes de datos de beneficiarios (Proagro, Progan, programa de café y Pimaf). “Y decirle al productor: ‘te voy a dar esto, una parte en subsidio, otra en financiamiento y te ofrezco esos servicios y voy a financiar los proyectos que cubran la mayor cantidad de servicios’”.
El investigador asociado a Rimisp hace énfasis en que las fechas actuales, previas a la elección presidencial del 1 de julio, son claves para informar y buscar incidir sobre los candidatos presidenciales con este planteamiento de programa integral. “Se requiere alguien sensible, que crea que es posible trabajar con pequeños y medianos productores y apueste a favor de ellos”. Y en esto estará poniendo sus mayores esfuerzos Robles Berlanga, acompañando a la oficina de Rimisp para México y Centroamérica. La transformación es posible.
