por Fernando Serrano Migallón
El concepto de Educación Superior es vital en el mundo moderno, pues designa una educación que alcanza a la vez altos grados de especialización, de eficiencia y de competitividad en un mundo globalizado y en permanente transformación. Es, por lo tanto, un termómetro que mide la situación actual y que dibuja en perspectiva las posibilidades de futuro para un país y su sociedad
Para el mundo actual la educación superior es una necesidad inmediata y absoluta, una prioridad para el progreso, el desarrollo económico y el bienestar social. La educación profesional garantiza mejores posibilidades laborales y mayor cohesión en la sociedad. Es, sin embargo, precisamente su necesidad la que le pone retos enormes, en especial en un país y en una época como la nuestra: el segmento social en edad de acceso a la educación superior (entre 19 y 23 años) supera los 11 millones de personas y ofrecer opciones es sin duda un deber del Estado.
A pesar de los aumentos en los indicadores de acceso a la educación y de la extensa red de universidades públicas en el país, se está aún lejos de poder cubrir la demanda de ingreso. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) señala la cobertura educativa como uno de los principales desafíos para México.
En las últimas décadas la educación superior y la educación en general han sido descuidadas en México, ya sea por las recurrentes crisis económicas, ya sea porque las prioridades que han establecido los distintos gobiernos han sido diferentes.
El actual gobierno ha puesto desde el principio en el centro de su actuar político el problema educativo en una propuesta con dos objetivos: equidad en la oferta educativa y mejora en la calidad docente.
En un gobierno cuya vocación es ofrecer en condiciones de equidad una oferta educativa profesional de alta calidad, las metas fijadas para el sexenio son muy ambiciosas: crear un millón cuatrocientos cuarenta mil lugares nuevos en la educación universitaria pública para cubrir el 40% de la demanda.
La equidad en las oportunidades implica no sólo una ampliación de la oferta educativa en términos numéricos, sino su organización con miras a evitar la deserción, mejorar el desempeño del personal docente y un eficiente uso de la infraestructura actual, así como la planeación de su desarrollo y ampliación.
La igualdad de oportunidades educativas es una de las principales metas del actual gobierno. La política educativa es una vocación y una necesidad, con ella se apuesta por el desarrollo personal y colectivo y por la reconstrucción del tejido social, se confía en el talento de las personas y se establecen bases para su desarrollo.
En un mundo globalizado como en el que vivimos esa igualdad no se puede conseguir si no se establece un sistema de vasos comunicantes entre la docencia y el desarrollo. Hay que educar con sentido y ser conscientes de las necesidades de la sociedad, mismas que se renuevan a cada momento. Educar con miras a garantizar desarrollo profesional y condiciones laborales futuras no se puede hacer sin un planteamiento orgánico del futuro.
Ese planteamiento impone un nuevo reto: la calidad de la educación. La cobertura debe ir acompañada de un esfuerzo paralelo de mantener y mejorar el nivel docente, la calidad de los profesores y de la enseñanza, su vinculación con los cambios científicos y tecnológicos y su competitividad en el mercado internacional. Eso implica mejorar y ampliar los posgrados y los programas de especialización.
Garantizar la igualdad de oportunidades educativas, garantizar una cobertura amplia y mejorar la calidad y llevarla a estándares internacionales son los retos de la educación superior. Como señala el Secretario de Educación, Emilio Chuayfett Chemor: “Se requiere un México con responsabilidad global, que logre que elpaís tenga una participación propositiva en el mundo y que fomente la cooperación entre las naciones, con una docencia modernae innovadora”.
La educación en México tiene una historia notable, rica en enseñanzas, desde la cual es factible pensar y orientar el futuro. A los ideales de libertad y justicia de la Revolución mexicana se sumó la de la Constitución de 1917, al garantizar la educación como un derecho de todos. Y con ese punto de apoyo se fue levantando el edificio social en torno a una gestión educativa.
De allí se partió a la conquista de elementos de suma importancia, como la condición laica de la educación; la libertad de cátedra y la autonomía de muchas de nuestras universidades; el proceso de descentralización de la oferta educativa; su diversificación y modernización; que atienden a la evolución del mundo contemporáneo.
Si la democracia es a la vez el gobierno de las mayorías —gobierno que, sin embargo, tiene por obligación escuchar y defender a las minorías—, la educación se formula como un abanico lo más amplio posible de opciones, capaces de responder a los diferentes talentos y vocaciones de quienes acuden a ella, con una adaptación flexible y adecuada a las orientaciones sociales y económicas.
La riqueza de un país son sus ciudadanos, y su riqueza sólo se manifiesta plenamente si se le dan condiciones para hacerlo. Una de las facetas principales es la educación, y la posibilidad de desarrollar esa vocación con altos grados de especialización en las artes, las ciencias humanas y las ciencias físico-matemáticas y la técnica.
Parafraseando a Jesús Reyes Heroles, quien hace tres décadas afrontó ya algunos de estos retos educativos: Cuesta mucho educar a una persona, pero cuesta más no educarla.
Los retos, más allá de que se puedan presentar como ideas abstractas, son hechos concretos y requieren de soluciones concretas, a corto, mediano y largo plazo. Conocerlos a fondo es sólo parte de la solución, después hay que dedicarles trabajo e imaginación en los proyectos de cara al futuro.
La responsabilidad del Estado como rector de la educación es, desde luego, enorme, pero ello no descarga a la iniciativa privada y a la sociedad. El mismo Reyes Heroles señaló en su momento: “La Revolución educativa o la hace la sociedad o no se hace”. Y agregaba, para subrayar su necesidad imperiosa: “El costo de no efectuarla significaría el sacrificio de varias generaciones y con ellas el de la Nación”.
Los retos no son, pues, para evadirlos sino para afrontarlos. Y son para el conjunto de la sociedad. Ello dará la medida de nuestro valor como nación en esta época concreta. La educación es un asunto central del actual gobierno y uno de los ejes de la política. El desarrollo de una educación con calidad nos beneficia a todos.
Sin duda los problemas creados por años de falta de inversión y políticas erróneas han contribuido a la situación actual. Sin embargo la Educación Superior ha puesto algunos de los ejemplos a seguir. Contamos con la Universidad más importante de América Latina, la UNAM, contamos también con una extensa red de universidades, escuelas normales, institutos tecnológicos y politécnicos, así como notables institutos para posgrado, que hay que aprovechar.
Hay que invertir en ellos, crear otros, pero, sobre todo, saber sacar lo mejor de nuestra principal riqueza, las personas, los profesores y los alumnos, al integrarlos en un todo orgánico que entienda la diversidad geográfica y social, la historia docente del país, las demandas de una sociedad moderna e igualitaria, y el apoyo que puede encontrar en la tradición pedagógica.
La educación superior de calidad permitirá a los estudiantes mexicanos competir en México y competir en el mundo, porque México debe ser competitivo globalmente. La educación superior de carácter equitativo, al alcance de los mexicanos con talento, es un derecho de la sociedad. Y no se puede sacrificar una cosa en nombre de la otra: son los ojos de una mirada que puede observar en perspectiva, con volumen y profundidad.
El reto es grande e involucra a diferentes sectores del organismo social. Al Estado, desde luego, pero también a la iniciativa privada, a la industria, a las comunicaciones, a las familias, a los estudiantes, a los profesores y a todos los ciudadanos. Exige una gestión nacional y una internacional en plena sintonía; una autonomía de los centros de enseñanza; una participación activa de los expertos en pedagogía; un conocimiento flexible y adaptable de las experiencias en otros lugares; una optimización de los recursos y de la infraestructura instalada; una comprensión de la historia educativa; una sana interrelación con las empresas e industrias que empelarán a nuestros egresados; una inteligente planeación de las licenciaturas y posgrados en función de esas necesidades.
No es imposible, al contrario, es factible, en la medida de que nos comprometamos a trabajar en esas metas. Las reformas en materia educativa recientes han sentado las bases para hacerlo. Es un gran reto y a la vez una gran oportunidad para cumplir con el momento histórico. No hay soluciones mágicas, se necesita trabajo e inteligencia, acuerdos en las líneas a seguir y vocación de servicio al país. La ciudadanía será quien juzgue el resultado de nuestro trabajo.•
| Fernando Serrano Migallón Subsecretario de Educación Superior, SEP |
